Darfur: Gobierno deja a población sin ayuda

Joyce Mulama
IPS
10/03/09

El gobierno de Sudán expulsó a 13 organizaciones humanitarias en respuesta a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el presidente Omar Al-Bashir, acusado de crímenes de guerra en la región de Darfur.

Esto dejaría a más de un millón de personas sin asistencia básica.

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"Tenían autorización para trabajar en Sudán, pero aprovecharon a realizar investigaciones y enviar información a la CPI", declaró el embajador sudanés en Kenia, Guadong Majok, en conferencia de prensa en Nairobi.

Las 13 organizaciones en cuestión aseguran más de 70 por ciento de la asistencia humanitaria a la occidental región sudanesa de Darfur, incluido el suministro de agua potable, alimentos y atención médica. Entre ellas se encuentra Oxfam, Médicos sin Fronteras, Save the Children, CARE y el Comité Internacional de Rescate.

Organizaciones internacionales de derechos humanos reclaman a la Unión Africana (AU) y a los países aliados de Sudán que pidan al gobierno que revoque de inmediato la orden de expulsión. La medida tendrá graves consecuencias sobre los millones de personas desplazadas en Darfur, remarcó Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.

"La respuesta del presidente Bashir a la acusación de la CPI no es más que una represalia contra los millones de residentes de la zona. El gobierno sudanés debe revertir su decisión de inmediato o los civiles sufrirán una vez más las consecuencias de las políticas abusivas de Jartum", reza la declaración de la directora de HRW África, Georgette Gagnon, divulgada el jueves.

Organizaciones humanitarias que permanecen en Darfur indicaron que las consecuencias de la medida ya se están sintiendo en el terreno, pero no pueden dar más detalles porque es un asunto muy delicado.

"No podemos hablar por la gravedad de lo que está sucediendo. Es un asunto muy peligroso", señaló Michael Arunga, asesor de comunicaciones de emergencia en África de World Vision.

La orden de captura contra Bashir emitida el miércoles por la CPI es la primera contra un presidente en funciones, acusado de siete cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Los problemas con el otrora reino independiente de Darfur, anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70, con disputas por las tierras de pastoreo entre nómades árabes y agricultores indígenas negros.

La crisis derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed ("hombres a caballo"), supuestamente apoyadas por Jartum.

Las Janjaweed y el régimen sudanés fueron acusados de cometer una limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldaban a los dos grupos guerrilleros.

El embajador sudanés calificó el hecho de un insulto contra gobernantes africanos y de la Liga Árabe.

Los jefes de Estado y de gobierno de la UA, reunidos en Addis Abeba del 1 al 3 de febrero, habían pedido al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suspender la orden de arresto 12 meses.

La UA sostiene que el hecho pone en peligro las actuales negociaciones de paz.

"La decisión tomada por la CPI tendrá grandes consecuencias sobre la paz. El hecho coincidió con una especial coyuntura del proceso de paz, de reconciliación a fin de lograr un gobierno democrático en Sudán", alegó Jean Ping, presidente de la Comisión de la AU, el jueves.

Pero el mediador de la AU y la ONU para Darfur, Djibril Bassolé, dijo a IPS que la situación está tranquila y que los dos bandos enfrentados mantienen su compromiso de paz, aunque advirtió que la estabilidad de las negociaciones depende de la reacción del gobierno sudanés al dictamen de la CPI.

Las conversaciones de paz para terminar con el conflicto de seis años se reanudaron en febrero de este año en Doha, con la participación del gobierno sudanés y los rebeldes del Movimiento Justicia e Igualdad.

Los enfrentamientos causaron la muerte de 200.000 personas y dejaron 2,7 millones de desplazados, según estimaciones de la ONU, aunque Jartum sostiene que hubo 10.000 muertos.

El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, abrió el caso en junio de 2005 y acusó al régimen sudanés de tratar de eliminar a las tres tribus negras, fur, masalit y zagawa, de Darfur para repoblar la región con árabes, en lo que calificó de genocidio por desgaste.

Las autoridades sudanesas alegan que el dictamen de la CPI carece de justificación.

"No entregaremos a Bashir a la CPI. La justicia sudanesa puede y está dispuesta a actuar en la cuestión de Darfur. Ya se crearon tribunales especiales para tal fin", dijo a IPS, Badreldin Abdalla, alto funcionario de la embajada de Sudán en Nairobi.

Por su parte, activistas de derechos humanos de Darfur quedaron satisfechos con el dictamen de la CPI.

"Nos alegra que el mundo por fin se haya dado cuenta de nuestro sufrimiento. Dejemos que Bashir sea entregado. Él mató a nuestros hijos y nuestros padres y violó a nuestra madres, hermanas y esposas", dijo a IPS Aziz Beng, presidente del Grupo de Sobrevivientes de Darfur, desde Nyala, en el sur de esa provincia.

"No es ningún secreto que Bashir nos quiere matar para quedarse con el petróleo. Me da vergüenza que la UA respalde a un gobernante sediento de sangre", añadió.

Darfur tiene grandes reservas petroleras y muchos analistas piensan que esa es la causa de que la búsqueda de paz derivara en una disputa por controlar ese recurso vital.