España: Gobierno instalará cámaras en comisaría para evitar torturas

El periódico.com
10/12/2008
Manuel Manchón


El Gobierno aprobará este viernes un plan de medidas, con participación de hasta ocho ministerios, para mejorar la situación de los derechos humanos en España, en especial la de los detenidos.

Una de las más relevantes es la instalación en las dependencias policiales de cámaras que graben a los arrestados e incomunicados, medida antitorturas en la que Catalunya es pionera. Entre las reformas legales destaca la reducción del actual plazo de ocho horas para dar asistencia letrada a los detenidos la prohibición del arresto incomunicado de menores de edad.

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El Ejecutivo quiere que la perspectiva de los derechos humanos guíe la acción de todos los ministerios, y por ello ofrecerá formación a los funcionarios y aumentará, donde sea preciso, la protección de los derechos. En el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se detalla que entre las medidas a adoptar figuran la mejora de la tutela judicial efectiva, la garantía de la doble instancia penal, la reducción de plazos procesales y la mejora del servicio público con la nueva Oficina Judicial y una ley de mediación.

EL 'PROTOCOLO GARZÓN'

Respecto a la mejora de la atención y protección de las víctimas, el Gobierno quiere institucionalizar el llamado protocolo Garzón, en honor al auto del juez que en el 2006 abrió las puertas al control con cámaras. Ahora rige en tres juzgados de la Audiencia Nacional, incluido el de Baltasar Garzón. En dependencias policiales se aplica siempre que lo ordene el juez, pero con la nueva ley no será necesaria esa orden judicial: todas las comisarías deberán tener el material adecuado para registrar la presencia de un detenido incomunicado. Lo que también servirá para evitar falsas denuncias de torturas.El plan busca también mejorar la atención y protección de las víctimas (registro de medidas cautelares), en especial en casos de terrorismo, y extender los derechos humanos en las cárceles y centros de internamiento de extranjeros. En el documento, el Ejecutivo insiste en que el plan tiene una vocación educativa y abre un proceso dinámico, que podrá ser evaluado de forma periódica para medir su eficacia Y que está abierto a la incorporación de nuevos compromisos y medidas.

CONTRA LA PENA DE MUERTE

El plan ha introducido observaciones y sugerencias de oenegés e institutos universitarios de derechos humanos, con dos grandes ejes: "la igualdad, no discriminación e integración de las personas" y "las garantías que protegen los derechos humanos". Así, en la acción exterior del Gobierno se pretende dar cumplimiento a los compromisos sobre cooperación al desarrollo; la prevención de la tortura; el derecho al agua potable; la lucha contra la pena de muerte, con la que se comprometió el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, al inicio de la legislatura; la protección integral de las víctimas del terrorismo; y la promoción de la Alianza de Civilizaciones.

EN LUNES, EN LA ONU

Para ello, el Gobierno pretende impulsar los derechos humanos durante las presidencias españolas del comité de ministros del Consejo de Europa y de la Unión Europea, en el 2010. El Ejecutivo prevé aprobar este plan, que ha sido coordinado por la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, este viernes, coincidiendo con la conmemoración del 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La propia De la Vega lo presentará el próximo lunes en la sede de las Naciones Unidas.

zación que animen a denunciar, se elaborarán estudios sobre el delito, se fomentará junto a las oenegés la creación de unidades móviles de asistencia, los centros de acogida contarán con zonas específicas para estas víctimas --algo que hasta el momento dependía del voluntarismo de las autonomías-- y se aprobarán planes para el empleo de quienes hayan sido explotadas, un poco como ahora ocurre con las víctimas de maltrato doméstico. Pues el modelo aquí, pese a las diferencias, se asemeja al de la lucha contra la violencia de género.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El borrador del plan, por ahora y a falta de que sea aprobado en la próxima reunión del Consejo de Ministros --a más tardar en el siguiente--, ya ha sido enviado a las autonomías. Todavía falta por cerrar del todo algunos flecos del presupuesto para ponerlo en práctica, pero está previsto que el 1 de enero del próximo año comience a andar. El plan, el primero de este tipo que se aprueba en España, cuenta con una vigencia de tres años: hasta el final del 2011.