Privatización de la semilla desplaza a los campesinos
Jaime Porcell
Bolpress via Prensa Latina
12/05/08
(PL).- La producción de biocombustibles con alimentos amenaza con aumentar el hambre en el planeta, mientras que la apropiación de la semilla por empresas multinacionales constituye una grave amenaza para los pueblos subdesarrollados.
De hecho, el control de las transnacionales sobre las naciones en vías de desarrollo se expande y consolida por medio de la propiedad de la simiente.
Todo crecimiento en el sector agrícola repercute favorablemente en la economía de un país y el acceso a la semilla es la garantía de la independencia, la alimentación y el sostén de ese desarrollo.
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Campesinos y movimientos sociales libran, actualmente, una batalla contra el poder de las firmas transnacionales, cuyos intereses están dirigidos a obtener el dominio del mercado agrario.
A ese fin sirven los acuerdos internacionales amparados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), que denuncian las organizaciones sociales de todos los continentes.
Acuerdos bilaterales, regionales o continentales son los mecanismos utilizados para legalizar el dominio de la propiedad privada por encima del derecho de los Estados nacionales.
Híbridos
La guerra por la semilla comenzó en la década de 1990 en el mundo industrializado con el surgimiento de híbridos para un cultivo tan difundido y necesario para muchos pueblos como es el maíz.
Con la creación de nuevas variedades en esa gramínea originaria de la América tropical se buscaba una mayor productividad a partir de la unión de especies distintas en un alimento básico para la humanidad.
Los híbridos dieron lugar a una industria de semillas y ésta a un mercado dominado por las multinacionales del agro, del que obtienen enormes ganancias, en especial en naciones subdesarrolladas.
Estados Unidos y otros países ricos permitieron entonces patentar genes obtenidos por medios artificiales y plantas genéticas modificadas.
El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio fue establecido por la OMC en 1999.
Una vez lograda la protección de las invenciones biotecnológicas en productos del agro y de los procedimientos técnicos mediante las patentes, las corporaciones dieron un paso decisivo en el dominio del nuevo mercado.
Transgénicos
De esa forma se avanzó desde el control de los híbridos a otro más lucrativo: el de la semilla genética.
Lo extraordinario de todo esto es que inicialmente los estudios en la esfera de la simiente estuvieron a cargo de empresas estatales de varios países.
Pero las transnacionales, por medio de licencias especiales, tuvieron a su disposición los estudios costeados en principio por los gobiernos.
Con el predominio de firmas poderosas en un mercado estratégico, los campesinos pierden espacio en las economías y se convierten en peones al servicio de las multinacionales.
Los movimientos sociales y campesinos de Latinoamérica y el Caribe luchan contra estas imposiciones, que pasan a ser serios obstáculos para la seguridad alimentaria de los pueblos.
De ese modo, la apropiación de la semilla híbrida y transgénica por una reducida élite de empresas privadas lleva al control de la industria de los alimentos, indican las organizaciones campesinas.
Basadas en sus experiencias, subrayan que la contaminación genética de los cultivos es irreversible y por tanto sin posibilidad de responder a un control, pues las semillas serán transgénicas.
Esa perspectiva significa, agregan, la pérdida para siempre del derecho a consumir alimentos libres de transgénicos.
La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2006, recalcó que no es posible con tal estado de cosas garantizar la soberanía y la seguridad en la alimentación.
La prohibición al desarrollo de semillas y de propias variedades y también la venta o preservación de la simiente, con la amenaza incluso de la cárcel, ya están vigentes en países de América Latina.
Incluso los contratos emitidos por las multinacionales indican la obligación de usar un herbicida u otro producto agroquímico específico, fabricado precisamente por la empresa propietaria de las semillas.
El costo de producción de las cosechas es cada vez más elevado para los pequeños agricultores, que piden entonces créditos a las grandes firmas, los que después les resulta difícil de pagar.
Tanto la simiente como otros medios subieron en los últimos años entre 20 y 50 por ciento en los países subdesarrollados, que los deben pagar más caros que los granjeros de los industrializados.
Acosados por las deudas, el alto costo del combustible y otros insumos, terminan por vender las tierras a empresas subordinadas a las transnacionales, las que se encargan de para ponerlas en explotación de cosechas transgénicas.
Finalmente, como ya está ocurriendo en algunas regiones de Colombia y otros países de América Latina, el campesinado pasa a sumarse a los numerosos desempleados de las ciudades.
*El autor es periodista de la Redacción Económica de Prensa Latina.
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