Unas conversaciones de paz a la sombra de las demoliciones de casa palestinas
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Los Ejes del Mal
Badil
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
22/08/10
Mientras que el presidente Barack Obama presiona a los palestinos para que reinicien las negociaciones directas de paz y el primer ministro israelí Bibi Netanyahu aconseja altivamente al presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas que no pierda esta oportunidad, las recientes demoliciones de casas dentro de los territorios palestinos ocupados e Israel continúan sin disminuir en lo más mínimo y sin que sean tratada esta cuestión.
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Según la OCHA [siglas en inglés de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios], en julio y agosto se han producido la mayor cantidad de demoliciones de este año. Por lo que se refiere a finales de julio, la OCHA informa de que desde principios de 2010 las fuerzas israelíes han destruido más de 230 estructuras lo que ha afectado y/o desplazado a más de 1.100 palestinos, incluyendo 400 niños. Más del 50% de esta destrucción tuvo lugar solamente en el mes de julio. La OCHA comenta además que la Administración Civil Israelí redoblará las demoliciones en Cisjordania por orden del ministro israelí de Defensa.
En el valle del Jordán las fuerzas israelíes han demolido dos veces en 10 días el pueblo de al-Farisyia, la primera vez el 19 de julio y de nuevo el 5 de agosto. La consecuencia de ello ha sido la destrucción de 116 estructuras y el desplazamiento de 129 personas, de las cuales 63 son niños. En la segunda ronda de demoliciones 10 estructuras que no habían resultado dañadas previamente se demolieron además de otras 27 estructuras y materiales proporcionados por el Comité Internacional de Cruz Roja. Israel ha contradicho de manera flagrante su retórica pacifista emitiendo otras órdenes de demolición para que se cumplan los días 15 y 16 de agosto.
Además, las autoridades israelíes están demostrando ser cómplices en las actividades de los colonos judíos en el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén. A primeras horas de la mañana del 29 de julio varios colonos judíos tomaron al asalto la casa Kirrech, en la que viven nueva familias palestinas, sin que hubiera ninguna sanción. Solamente a una de estas familias se le ha autorizado por medio de una orden judicial la restitución de su casa. Las otras ocho siguen estando desplazadas mientras esperan que un tribunal demuestre su caso.
Aunque los organismos de la ONU han condenado estas demoliciones, en ausencia de medidas procesables, las solas condenas no hacen que se cumplan las obligaciones de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad, y de garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según el derecho internacional, el Estado está obligado a impedir, investigar y poner remedio [a estas situaciones], y cuando no lo hace, la comunidad internacional es responsable de proporcionar una protección eficaz a las víctimas. La violencia por parte de actores no estatales (los colonos) no se debería considerar meras acciones provocativas sino parte de una política más amplia respaldada por la autoridad del Estado. Al limitarse a la retórica, la Naciones Unidas, los Estados y las organizaciones internacionales no responden adecuadamente a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel que exacerban la crisis humanitaria al tiempo que minan el proceso de paz.
De hecho, aunque se considerara que las recientes declaraciones de Netanyahu son sinceras, las acciones de Israel suponen un rechazo flagrante del proceso de paz y de los documentos sobre los que se sustenta, incluyendo los Acuerdo de Oslo que reservan las colonias como una cuestión del estatuto final y la Hoja de Ruta que prohíbe rotundamente la expansión de las colonias.
Bajo la cobertura de sus llamamientos a reiniciar las negociaciones de paz, Israel también está infringiendo los derechos de sus propios ciudadanos palestinos. Las fuerzas israelíes también demolieron 4 veces desde el 27 de julio al 17 de agosto al-Araqib, un pueblo beduino en el [desierto de] Negev, y desplazaron a 300 ciudadanos palestinos de Israel a principios del sagrado mes de Ramadán con lo que les han obligado a soportar el inmenso calor al tener que vivir al aire libre en lo alto de su cementerio. Según el parlamentario Talab al-Sana, “esto es una prueba de democracia en Israel y la democracia está fallando. Al Araqib es una prueba de hasta qué punto los israelíes pueden vivir en paz con sus propios ciudadanos palestinos; así que, cómo puede [Israel] vivir en paz con palestinos [dentro de Palestina]”.
Las demoliciones y la negación de los derechos humanos básicos, como el de la vivienda, son características del régimen de apartheid de Israel y un indicativo de las causas originarias de las actuales crisis humanitarias en los territorios palestinos ocupados. En el mejor de los casos, las recientes demoliciones se pueden considerar intentos de colonización; en el peor de los casos se pueden interpretar como una limpieza étnica.
Teniendo en cuenta estas acciones, no se puede sino dudar de la buena fe que sustenta los más recientes llamamientos a [reanudar las] negociaciones de paz. Hacemos un llamamiento a los Estados, a los organismos de la ONU, a las organizaciones internacionales y a la comunidad internacional en su conjunto para que reconcilien las negociaciones de paz con el derecho humanitario y de los derechos humanos en un esfuerzo por crear un entorno en el que se pueda buscar realmente la paz en vez de hablar falsamente de ésta a la sombra de demoliciones y de desplazamientos.
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Según la OCHA [siglas en inglés de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios], en julio y agosto se han producido la mayor cantidad de demoliciones de este año. Por lo que se refiere a finales de julio, la OCHA informa de que desde principios de 2010 las fuerzas israelíes han destruido más de 230 estructuras lo que ha afectado y/o desplazado a más de 1.100 palestinos, incluyendo 400 niños. Más del 50% de esta destrucción tuvo lugar solamente en el mes de julio. La OCHA comenta además que la Administración Civil Israelí redoblará las demoliciones en Cisjordania por orden del ministro israelí de Defensa.
En el valle del Jordán las fuerzas israelíes han demolido dos veces en 10 días el pueblo de al-Farisyia, la primera vez el 19 de julio y de nuevo el 5 de agosto. La consecuencia de ello ha sido la destrucción de 116 estructuras y el desplazamiento de 129 personas, de las cuales 63 son niños. En la segunda ronda de demoliciones 10 estructuras que no habían resultado dañadas previamente se demolieron además de otras 27 estructuras y materiales proporcionados por el Comité Internacional de Cruz Roja. Israel ha contradicho de manera flagrante su retórica pacifista emitiendo otras órdenes de demolición para que se cumplan los días 15 y 16 de agosto.
Además, las autoridades israelíes están demostrando ser cómplices en las actividades de los colonos judíos en el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén. A primeras horas de la mañana del 29 de julio varios colonos judíos tomaron al asalto la casa Kirrech, en la que viven nueva familias palestinas, sin que hubiera ninguna sanción. Solamente a una de estas familias se le ha autorizado por medio de una orden judicial la restitución de su casa. Las otras ocho siguen estando desplazadas mientras esperan que un tribunal demuestre su caso.
Aunque los organismos de la ONU han condenado estas demoliciones, en ausencia de medidas procesables, las solas condenas no hacen que se cumplan las obligaciones de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad, y de garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según el derecho internacional, el Estado está obligado a impedir, investigar y poner remedio [a estas situaciones], y cuando no lo hace, la comunidad internacional es responsable de proporcionar una protección eficaz a las víctimas. La violencia por parte de actores no estatales (los colonos) no se debería considerar meras acciones provocativas sino parte de una política más amplia respaldada por la autoridad del Estado. Al limitarse a la retórica, la Naciones Unidas, los Estados y las organizaciones internacionales no responden adecuadamente a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel que exacerban la crisis humanitaria al tiempo que minan el proceso de paz.
De hecho, aunque se considerara que las recientes declaraciones de Netanyahu son sinceras, las acciones de Israel suponen un rechazo flagrante del proceso de paz y de los documentos sobre los que se sustenta, incluyendo los Acuerdo de Oslo que reservan las colonias como una cuestión del estatuto final y la Hoja de Ruta que prohíbe rotundamente la expansión de las colonias.
Bajo la cobertura de sus llamamientos a reiniciar las negociaciones de paz, Israel también está infringiendo los derechos de sus propios ciudadanos palestinos. Las fuerzas israelíes también demolieron 4 veces desde el 27 de julio al 17 de agosto al-Araqib, un pueblo beduino en el [desierto de] Negev, y desplazaron a 300 ciudadanos palestinos de Israel a principios del sagrado mes de Ramadán con lo que les han obligado a soportar el inmenso calor al tener que vivir al aire libre en lo alto de su cementerio. Según el parlamentario Talab al-Sana, “esto es una prueba de democracia en Israel y la democracia está fallando. Al Araqib es una prueba de hasta qué punto los israelíes pueden vivir en paz con sus propios ciudadanos palestinos; así que, cómo puede [Israel] vivir en paz con palestinos [dentro de Palestina]”.
Las demoliciones y la negación de los derechos humanos básicos, como el de la vivienda, son características del régimen de apartheid de Israel y un indicativo de las causas originarias de las actuales crisis humanitarias en los territorios palestinos ocupados. En el mejor de los casos, las recientes demoliciones se pueden considerar intentos de colonización; en el peor de los casos se pueden interpretar como una limpieza étnica.
Teniendo en cuenta estas acciones, no se puede sino dudar de la buena fe que sustenta los más recientes llamamientos a [reanudar las] negociaciones de paz. Hacemos un llamamiento a los Estados, a los organismos de la ONU, a las organizaciones internacionales y a la comunidad internacional en su conjunto para que reconcilien las negociaciones de paz con el derecho humanitario y de los derechos humanos en un esfuerzo por crear un entorno en el que se pueda buscar realmente la paz en vez de hablar falsamente de ésta a la sombra de demoliciones y de desplazamientos.
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