Israel prepara su defensa por una temida lluvia de denuncias por crímenes de guerra

IAR Noticias
20/01/09

Acalladas las bombas, el Gobierno israelí desenfunda ahora su pluma para preparar su defensa ante una temida lluvia de denuncias por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, pese a que toda acción judicial en su contra chocará con dificultades para salir adelante.

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En la mayor ofensiva de Israel jamás lanzada contra el territorio palestino, 1.300 personas murieron, más de la mitad de ellas civiles, incluidos más de 400 niños y adolescentes menores de 16 años, según fuentes médicas palestinas.

Las organizaciones humanitarias también fueron víctimas del fuego israelí durante los 22 días de conflicto contra el movimiento islamista Hamas.

Al menos cuatro escuelas gestionadas por Naciones Unidas, el cuartel general de la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA) y uno de sus convoyes fueron atacados.

En el peor de esos bombardeos contra un centro escolar en el norte, 43 personas murieron y más de 100 resultaron heridas.

El Estado hebreo, que ha prometido investigar estos incidentes, se ha defendido acusando a los militantes de Hamas de utilizar a civiles como escudos humanos.

"¿Por qué murieron civiles? Porque los campos de entrenamiento y todas las instalaciones de Hamas están junto a escuelas, mezquitas o viviendas", afirma a AFP la portavoz del ejército Avital Leibovitch.

"Hamas cometió los crímenes de guerra poniendo a civiles en primera línea de fuego", agrega, prometiendo que Israel "responderá" a cualquier acusación en su contra.

El Gobierno israelí está reuniendo información para demostrar que su estrategia se basó únicamente en atacar objetivos militares y que la responsabilidad de las pérdidas civiles debe ser atribuida al grupo islamista.

Pero varias organizaciones y especialmente el relator de la ONU sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, Richard Falk, han acusado a Israel de "crímenes contra la humanidad", exigiendo que sus autores sean juzgados.

El Gobierno de Bolivia, la Federación Internacional de Derechos Humanos y grupos de abogados, entre otros, han expresado su intención de pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel contra la población palestina.

El Estado hebreo a priori no puede ser juzgado por este tribunal al no haber firmado el Estatuto de Roma, salvo intervención del Consejo de Seguridad de la ONU.

Para el Centro Palestino de Derechos Humanos, la vía legal más realista es el recurso al principio de "justicia universal", que permite a los tribunales penales de algunos países juzgar crímenes de guerra independientemente de si afectaron o no a sus intereses nacionales.

Su vicepresidente, Jaber Wisha, explica a AFP que ya está preparando los 'dossieres' legales sobre ataques israelíes contra civiles palestinos, protegidos por el derecho humanitario internacional.

Según Larry Maybee, experto en cuestiones legales del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICCR), un ataque contra civiles u organizaciones humanitarias puede constituir un crimen de guerra si se prueba que hubo "intencionalidad".

Y aunque el objetivo del ataque sea militar, afirma Maybee, la justicia también debe investigar si el "atacante tomó las precauciones suficientes para minimizar el número de víctimas y daños" civiles y si la "respuesta fue proporcional a la amenaza".

La justicia de algunos países, como Bélgica, Gran Bretaña, Holanda y Nueva Zelanda, ya aceptaron a trámite algunos casos contra militares israelíes por presuntos crímenes de guerra, pero muchos han acabado archivándose por la "interferencia de los políticos", según Wisha.

En 2003, la justicia belga abandonó su instrucción por crímenes contra la humanidad contra el ex primer ministro israelí Ariel Sharon, por su presunta responsabilidad en las masacres en los campos palestinos de Sabra y Chatila en 1982 en Líbano.

En cambio, algunos casos siguen adelante, según el Centro Palestino, como el del general israelí Doron Almog, sobre quien la justicia británica emitió una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra durante la segunda intifada.

En septiembre de 2005, el general, que había viajado a Londres, escapó por poco a su detención. Antes de bajarse del avión, fue prevenido por la embajada israelí, con lo que volvió a despegar dirección Tel Aviv.