DDHH en Israel: Ex prisioneros palestinos denuncian tortura

Mel Frykberg
IPS
18/12/08

Israel amnistió a 227 prisioneros palestinos en un "gesto de buena voluntad". La liberación fue realizada tras la festividad musulmana de Eid Al Adha, en un intento de impulsar la menguante popularidad del presidente palestino Abú Mazen (Mahmoud Abbas).

Varios de los liberados hablaron ante la prensa local e internacional sobre su tiempo tras las rejas. Acusaron a sus carceleros de maltratarlos físicamente, a pesar de las afirmaciones de Israel de que ya no existe la tortura en sus prisiones.

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La mayoría de los detenidos eran miembro de Fatah, el movimiento asociado con Abú Mazen y que gobierna la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania.

Algunos pertenecían a más pequeños grupos de la resistencia, como el Frente Democrático para la Liberación de Palestina.

El "gesto de buena voluntad" fue muy promocionado por los medios israelíes, a pesar de que la mayoría de los amnistiados iban a quedar pronto en libertad de todas formas, pues ya habían cumplido la mayor parte de sus sentencias.

La mayoría eran adolescentes cuando fueron detenidos, y ninguno fue sentenciado por haber herido o matado a israelíes.

Mientras se gestionaba su liberación, otros cientos más de palestinos eran arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes.

La decisión de Israel fue interpretada como un esfuerzo para respaldar a Abú Mazen. La ANP se encuentra en medio de una batalla interna entre Fatah y el Hamás (acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica), que controla la Franja de Gaza.

La hostilidad entre ambos sectores políticos palestinos crece conforme se acerca el fin del periodo de Abú Mazen.

El presidente de la ANP anunció que no abandonaría el cargo y Hamás respondió que no reconocería su autoridad después del 9 de enero, cuando finaliza su administración.

Los liberados fueron recibidos con festejos y entre lágrimas por sus familiares, amigos y cientos de partidarios que se aglomeraron en las oficinas presidenciales en la central ciudad cisjordana de Ramalah.

Escenas de júbilo se veían en medio de un mar de banderas palestinas y de Fatah, con música patriota de fondo.

Muhammed Abdul Razik, de 22 años, de la septentrional localidad cisjordana de Qabatia, cumplió dos de sus cuatro años y medio de condena.

Fue sentenciado por un tribunal israelí por posesión de armas y por ser miembro de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, rama armada de Fatah.

"Me golpearon gravemente cuando fui arrestado por los soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes. Me llevaron en la parte de atrás de un jeep durante cuatro horas bajo un frío congelante", dijo Razik a IPS.

"Durante la detención, me cubrieron la cabeza con un saco sucio de olor nauseabundo mientras era sujetado a una silla con las manos esposadas en la espalda en una posición muy incómoda", añadió.

"Periódicamente, entre puñetazos y cachetadas, el interrogador me empujaba hacia delante, causándome un gran dolor en mis muñecas y espalda", contó.

Razik añadió que los golpes, la falta de medicamentos, la mala comida y la ausencia de visitas familiares eran algo común en la cárcel.

La Comisión Landau de Israel sobre la tortura concluyó en 1987 que la agencia de seguridad interna, la Shabak (antes conocida como Shin Bet) podía emplear "presión física y psicológica moderada durante el interrogatorio a los detenidos".

Pero los miembros de la Comisión no profundizaron su definición de "presión física" en el informe, ni especificaron la circunstancias en que podía ser usada. Los detalles eran confidenciales y el informe completo nunca fue publicado.

Luego de varias demandas presentadas por organizaciones de los derechos humanos contra el omnipresente uso de la tortura en el país, la Suprema Corte Israelí prohibió el empleo de ciertas formas de estos abusos en 1999.

Sin embargo, autorizó el uso de "medios físicos" contra los detenidos, incluyendo "presión y una medida de incomodidad".

Los grupos de derechos humanos B’Tselem y Hamoked presentaron el año pasado el informe "Prohibición absoluta: la tortura y los maltratos a los detenidos palestinos", en el que acusaban a la Suprema Corte de "legitimar actos graves, contrarios al derecho internacional, que no reconoce ninguna excepción en la prohibición de torturas y maltratos".

La organización añadió que las golpizas, la práctica de atar a los prisioneros en forma dolorosa, las humillaciones y la negación de las necesidades básicas parecían destinadas a "ablandar a los detenidos" antes del interrogatorio.

"Hubo una mejora, pero todavía ocurren muchos casos de maltrato", dijo a IPS el portavoz de B’Tselem, Sarit Michaeli.

B’Tselem y Hamoked entrevistaron a 73 ex detenidos para elaborar el informe, y descubrieron que dos tercios de estos habían sido sometidos a alguna clase de maltrato.

Rabie Al Latifah, de la organización palestina de derechos humanos Al Haq, usó términos más duros: "El maltrato y la tortura de prisioneros palestinos en cárceles israelíes es algo propagado y sistemático", dijo a IPS.

"La Coalición Unida Contra la Tortura, de la cual Al Haq es miembro, observó y registró evidencia de actos, omisiones y complicidad de agentes del Estado en todos los niveles, incluyendo el ejército, los servicios de inteligencia, la policía, el sistema judicial y otras ramas del gobierno", añadió.

La Asociación Addameer de Derechos Humanos y Apoyo a los Prisioneros señaló que más de 800 palestinos se encuentran actualmente en detención administrativa.

Permanecen recluidos por seis meses sin juicio y sobre la base de "evidencia secreta".

El periodo de seis meses puede ser renovado varias veces, con lo que algunos detenidos permanecen en prisión hasta seis años sin ser recibir condena por ningún delito, y bajo la excusa de evidencia incluida en "material confidencial" al que sus abogados no pueden acceder.

Desde 2001, la Oficina del Fiscal del Estado israelí recibió más de 500 demandas de maltratos cometidos por interrogadores de la Shabak, pero no se ha iniciado todavía ninguna investigación penal.

Incluso, cuando la evidencia contra interrogadores era abrumadora, la Oficina cerró el caso arguyendo que los maltratos fueron perpetrados por "necesidad de defensa".