Ampliación: Purga en milicia colombiana

Univisión/AP
29/10/2008


El gobierno del presidente Álvaro Uribe anunció el retiro de las fuerzas armadas de tres generales del ejército y otros 22 militares por "confabularse con delincuentes" para cometer delitos, en la mayor purga de las filas castrenses en años.

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Denuncian negligencia

La decisión fue tomada tras estallar en la prensa en agosto el caso de la desaparición de 11 hombres a comienzos de año de una barriada al sur de Bogotá y cuyos cadáveres aparecieron en una fosa común en una zona del noreste del país a mediados de año, algunos de ellos presentados como bajas de guerrilleros en combate.

"Estos hallazgos muestran que en algunas instancias (militares) ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar implicadas en crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército", dijo Uribe en un pronunciamiento en la casa de gobierno.

Agregó que esos crímenes "tienen por interés... asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentado a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de su actividad delictiva".

Milicia coludida

Aclaró que los eventuales cargos penales contra los oficiales quedan en manos de la Fiscalía General.

Uribe estaba acompañado del comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y otros mandos militares.

El gobernante dijo que cuando se conoció el caso de Soacha se ordenó una investigación militar interna, cuyos resultados fueron entregados el lunes al ejecutivo.

Santos dijo que la investigación militar concluyó que hubo "colusión" de algunos militares con delincuentes para darles impunidad "a cambio de contribuir al logro de resultados (militares) irregulares que van en total contravía de la política (del gobierno)... y de la doctrina y el honor militar".

Los tres generales del ejército dados de baja son Roberto Pico Hernández, José Joaquín Cortes Franco y Paulino Coronado.

"Estoy con la conciencia tranquila", dijo Pico en entrevista telefónica. La decisión de retiro "me parece una cosa injusta porque he trabajado, le he dedicado todo a mi ejército", añadió el oficial, de 53 años, 36 de ellos en el ejército.

Señaló que durante su gestión de 23 meses al frente de la VII División "hice todo lo que estaba a mi alcance" para que los comandantes y sus hombres "hicieran todo de acuerdo a su normatividad".

Coronado, en cuya jurisdicción militar algunos de los cadáveres de los 11 desaparecidos, también rechazó los señalamientos. "No he ordenado, no he conocido, no he dispuesto, ni por omisión, que se actué ilegalmente", dijo Coronado, de 51 años, 32 de ellos en el ejército.

El oficial, en entrevista telefónica, dijo que en el caso de los 11 hombres, al menos nueve de ellos eran "delincuentes...eso es lo que refleja la investigación ahora, las condiciones en que murieron es lo que hay que ver".

'Hecho gravísimo'

La purga, sin precedentes en los últimos tiempos, "es un hecho gravísimo, para el gobierno, para las fuerzas armadas, porque muestra que no fue un caso aquí o allá (de muerte a manos militares), sino que era algo planificado a lo largo del tiempo", dijo a la AP el analista y ex asesor de seguridad gubernamental Armando Borrero.

Ni Uribe ni Santos indicaron si todos los oficiales y suboficiales retirados lo fueron por el caso de los 11 hombres muertos o porque hay casos similares en otras regiones de Colombia.
Para Iván Cepeda, del no gubernamental Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, el gobierno decidió el retiro de los militares "porque la crisis llegó al punto que era inocultable". Señaló que la medida es "insuficiente porque la responsabilidad no es sólo de generales, lo mínimo es que debería renunciar la cúpula" castrense y el ministro Santos.

La Fiscalía General investiga a 803 militares y policías por los llamados "falsos positivos" o asesinatos de civiles luego presentados como bajas enemigas en combate.

Hace diez años, sólo tres militares y policías fueron procesados por asesinatos o falsos positivos. En cambio, el año pasado, por el mismo cargo, 245 uniformados tuvieron que acudir a la Fiscalía, de acuerdo con un informe de ese ente judicial conocido por la AP en septiembre pasado.

Las investigaciones son por las muertes de al menos 900 hombres en distintos años.