Las compañías de telecomunicaciones conspiran para evitar juicios por violaciones de la intimidad

Michael Isikoff y Mark Hosenball para Newsweek
Traducido por Antonio Mario González, del Equipo de Traductores de Cubadebate y Rebelión
03/10/07

Las mayores compañías de telecomunicaciones del país, trabajando estrechamente con la Casa Blanca, han montado una campaña de cabildeo secreto para conseguir que el Congreso apruebe rápidamente una medida que elimine todos los pleitos privados contra ellas por contribuir a los programas de vigilancia sin orden judicial que llevan a cabo los órganos de inteligencia estadounidenses.

...Siga leyendo esta noticia, haciendo click en el título...

La campaña –que involucra a algunas de las firmas legales y de cabildeo más prominentes de Washington— se ha hecho más urgente en las últimas semanas debido al temor de que una corte federal de apelación de San Francisco está dispuesta a fallar que se permita que procedan los pleitos.

Si ello ocurre, dicen las compañías de las telecomunicaciones, éstas pueden verse obligadas a poner fin a su cooperación con los órganos de inteligencia estadounidenses— o corren el riesgo de tener que pagar indemnizaciones daños, con consecuencias catastróficas, por supuestamente entregar al gobierno información personal sobre sus clientes sin una orden judicial.

No es una exageración decir que los órganos de inteligencia estadounidenses se encuentran al borde del pánico como consecuencia de esto –expresó un abogado de la industria de las comunicaciones familiarizado con el debate, quien pidió no ser identificado públicamente debido a la sensibilidad que rodea el problema.

Pero los críticos manifiestan que el lenguaje propuesto por la Casa Blanca –redactado en la estrecha cooperación con funcionarios de la industria— es tan extremadamente amplio que proporcionaría inmunidad retroactiva por todas las acciones llevadas a cabo en el pasado por las telecomunicaciones y que estén relacionadas con el programa de vigilancia. Su efecto práctico, argumentan los críticos, sería el de cancelar cualquier investigación judicial o estatal independiente acerca de cómo las compañías han ayudado al gobierno a monitorear en secreto las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de los residentes estadounidenses tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Está claro que el objetivo es anular nuestra causa –manifestó Cindy Cohn, director legal de la Electronic Frontier Foundation, un grupo defensor de la privacidad, con sede San Francisco, que entabló la demanda principal contra las telecomunicaciones después que el New York Times reveló, en diciembre de 2005, que el presidente Bush había aprobado un programa secreto para monitorear las conversaciones telefónicas de los residentes estadounidenses sin buscar primero una orden judicial. La Casa Blanca con posterioridad confirmó que había autorizado a la Agencia de Seguridad Nacional a llevar a cabo lo que llamó un “programa de vigilancia antiterrorista”, enfilado contra las comunicaciones entre supuestos terroristas en el extranjero e individuos dentro de los Estados Unidos. Pero la administración también ha intervenido, sin éxito hasta ahora, para intentar evitar que continúe el pleito y se ha negado a discutir cualquier detalle sobre la magnitud del programa –rechazando constantemente las reiteradas solicitudes del congreso para que entregue importantes memorándums legales sobre el tema.

Están intentando inmunizar completamente esto [el programa de vigilancia] contra cualquier tipo de revisión judicial –añadió Cohn. “Me parece un poco vergonzoso que el Congreso participe en el ocultamiento de lo que ha estado ocurriendo”.

Pero miembros del congreso dijeron esta semana que es probable que se apruebe alguna versión de la propuesta –en parte debido a una fuerte campaña de cabildeo que augura consecuencias horribles si los pleitos siguen adelante. El director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, pareció subir la parada recientemente cuando en una entrevista con El Paso Times sostuvo que los pleitos privados pudieran “arruinar a estas compañías”.

Entre los que coordinan los esfuerzos de la industria están dos actores importantes y con muy buenas relaciones que trabajaron con el presidente George H.W. Bush: el asesor general de Versión, William Barr, que prestó servicios como fiscal general con menos de 41 años, y el primer vicepresidente ejecutivo de AT&T, James Cicconi, que fue el vicejefe de personal de Bush padre.

Trabajando con ellos hay una batería de grandes cabilderos y abogados de Washington D.C., quienes proporcionan “asesoría Estratégica” sobre el tema a las compañías, según fuentes familiarizadas con la campaña que pidieron no ser identificadas. Entre los actores, indicaron estas fuentes, están: los cabilderos puntales republicanos Charlie Black y Wayne Berman (quienes representan a AT&T y Verizon, respectivamente); el ex senador republicano y embajador de EE.UU. en Alemania, Dan Coats (abogado de King & Spaulding que representa a Sprint); el ex estratega del partido demócrata y otrora subsecretario de Estado Tom Donilon (quién representa a Verizon); la ex vicefiscal general Jamie Gorelick (cuya firma de abogados también representa a Verizon); y Brad Berenson, antiguo abogado adjunto de la Casa Blanco durante el mandato del presidente George W. Bush, que ahora representa a AT&T.

Debido a la extrema confidencialidad que rodea el programa de vigilancia sin orden judicial, pocos cabilderos y abogados –por no decir ninguno— están dispuestos a hablar públicamente sobre su función en el asunto. Mi cliente me exige que no hable con la prensa –dijo el normalmente locuaz Black cuando NEWSWEEK le preguntó acerca de su labor de cabildeo para AT&T. Berman y Berenson también se negaron a hacer comentarios. Gorelick confirmó que está proporcionando “asesoría estratégica”, no cabildeando, para Verizon. Coats y Donilon no respondieron a las solicitudes de que hicieran algún comentario.

Pero según tres fuentes de la industria, éstos y otros actores han estado conferenciando entre sí sobre estrategias legislativas y han tratado de captar a importantes legisladores y empleados del congreso, sobre todo a los que laboran en los Comités de Inteligencia y Judiciales de la Cámara y el Senado. Los cabilderos han preparado reuniones y coordinado conferencias telefónicas, tratando de imponer el argumento de que el hecho de proporcionar protección a las compañías podría interferir con la ayuda vital que, según ellos, la industria de las telecomunicaciones ha proporcionado a los órganos de inteligencia en el monitoreo de las comunicaciones de Al Qaeda y otras operaciones terroristas en el extranjero.

El argumento para una nueva legislación que daría protección retroactivamente a las compañías de las telecomunicaciones contra los pleitos privados –incluidos los pleitos que ya están pendientes —fue esbozado esta semana por Kenneth Wainstein, ex vicefiscal general para la seguridad nacional. En una audiencia del Comité Judicial de la Cámara presidido por John Conyers, representante demócrata por Michigan, Wainstein manifestó que brindar a las compañías de las telecomunicaciones una exención retroactiva era una cuestión de “justicia general”.

“Pienso que es algo fundamentalmente injusto y simplemente incorrecto—si una compañía supuestamente ayudó al gobierno en su trabajo de seguridad nacional, en un esfuerzo por defender al país en un momento de peligro, que luego tenga que enfrentar un litigio tremendamente costoso y quizá incluso obligaciones aplastantes, por haber ayudado al gobierno de los Estados Unidos en un momento de necesidad... sencillamente no es justo”, testificó Wainstein.

Wainstein también afirmó que “cada vez que tenemos uno de esos pleitos, se discute, se filtra y se hace pública información muy sensible. Y nuestros adversarios son inteligentes, tanto los terroristas que pudiera haber, digamos, en algún lugar del Medio Oriente, como los gobiernos que pudieran ser nuestros adversarios, que son tremendamente sofisticados y están recogiendo toda esta información que sale a la luz”. Wainstein también manifestó que los recursos en el extranjero de una compañía de telecomunicaciones pudieran verse amenazados si se confirmara en un caso judicial su colaboración con la labor de espionaje de los Estados Unidos.

La campaña para proteger industria se lanzó inicialmente el verano pasado cuando el gobierno y funcionarios de la industria intentaron por primera vez conseguir que se incluyera la cláusula de la inmunidad en la Ley para la protección de los Estados Unidos (Protect America Act) una legislación que aprobó el Congreso y firmó el presidente Bush el 5 de agosto, que autorizó la continuación del programa de vigilancia y otorgó temporalmente a la Agencia de Seguridad Nacional mayores poderes para el monitoreo secreto de las comunicaciones. En aquel momento, los demócratas del Congreso evitaron que se incluyera el tipo de protecciones retroactivas a la inmunidad civil que la industria perseguía.

Pero entonces, el 15 de agosto, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, escuchó los argumentos orales en una moción del Departamento de Justicia para obstaculizar el pleito de la Electronic Frontier Foundation contra AT&T. Más de 40 pleitos civiles más que se han presentado contra compañías de las telecomunicaciones –muchos de ellos en demanda de miles de millones de dólares en daños y perjuicios—se habían consolidado con el pleito de la EFF. Pero el Departamento de Justicia había intentado bloquear los pleitos en virtud de la doctrina del “privilegio estatal”, la cual puede exigir la desestimación de las demandas que pudieran poner en peligro la seguridad nacional.

El panel de tres jueces, compuesto en su totalidad por personas designadas por los demócratas, se mostró abiertamente escéptico acerca de los argumentos del Departamento de Justicia, dando lugar a que muchos observadores judiciales llegaran a la conclusión de que era probable que el panel emitiera un dictamen que permitiera que los pleitos siguieran adelante. En un momento dado de la sesión, uno de los jueces, Harry Pregerson, designado por Jimmy Carter, se mostró molesto con el abogado de Departamento de Justicia, Gregory Garre. El juez quería que Garre proporcionara respuestas directas a las preguntas sobre el alcance de la ley de vigilancia recién aprobada, según informes de prensa. Cuando Garre intentó explicar que la ley era complicada, Pregerson replicó: No “puede ser más complicada que mi factura telefónica”.

La administración mantiene la presión sobre el Congreso para que actúe con celeridad en relación con la nueva versión de la ley sobre la vigilancia –que incluye una cláusula de inmunidad para las compañías de las telecomunicaciones— la cual entrará en vigor cuando Ley para la protección de los Estados Unidos (Protect America Act) expire a principios del año próximo. Miembros del personal del congreso indican que es probable que los Demócratas acepten alguna versión de la propuesta. Pero los líderes demócratas, quienes dicen que se apresuraron demasiado al aprobar la ley el verano pasado, están insistiendo en realizar audiencias más meticulosas y obligar a la administración a entregar documentos sobre el programa de vigilancia. Si las compañías de las telecomunicaciones quieren inmunidad, subrayan algunos demócratas, la Casa Blanca debe al menos decir para qué es que necesitan la inmunidad.