Miles de familias viven separadas a causa de la ley israelí

29/03/10
Tercera Información

Unas 20 000 familias viven separados por "seguridad"

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La Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel fue aprobada en 2003 iba a ser temporal pero se ha ido prorrogando hasta la actualidad. Esa ley prohibe o limita fuertemente bajo control militar la reunificación de los matrimonios entre árabes y judíos, ya que ningún habitante de los Territorios Palestinos ocupados puede optar a la reunificación familiar en Israel.

Una quinta parte de la población israelí la conforman palestinos con ciudadanía israelita, es decir, un millón y medio de personas aproximadamente.

Esta ley afecta actualmente a unas 20 000 familias según la abogada Orna Cohen, representante de la Organización No Gubernamental Adalah, que lleva adelante una lucha jurídica por la derogación de esta ley. En sus propias palabras respecto a las familias afectadas, "algunas no pueden pasar del estatus de residencia temporal al de ciudadanía, mientras que otras se ven forzadas a vivir separadas o a escondidas, de forma ilegal, con las consecuencias que ello tiene para los hijos. Hay quien ha optado directamente por irse a vivir a territorio palestino o a Europa".

El israelita Hatel Hayat vive con su mujer palestina en territorio judío gracias a salvar muchos obstáculos, "mi mujer tiene un permiso temporal que debe renovar en Naplusa cada seis meses y en el que especifica que no puede trabajar, ni estudiar ni conducir un coche".

Israel aplica esta medida para evitar que "presuntos terroristas" palestinos ingresen a su país acogiendose a la reunificación familiar. Los abogados, diputados e intelectuales que se oponen a esta medida sostienen por el contrario que es innecesaria ya que la inteligencia israelita investiga minuciosamente a cada persona que solitica la reunificación familiar.

Por ello tachan esta medida de racista e innecesaria, "¿Qué significa ’vinculación a actividades terroristas’? El Estado no lo explica. Además, los datos se contradicen con otros presentados antes. El problema es que la ley considera un peligro a toda una etnia, no a individuos concretos, lo que supone una gravísima violación del derecho a la igualdad, motivada en realidad por motivos demográficos" comenta la abogada Cohen.