Chile: ¿Anunciando políticas de shock?

El Mostrador
16/02/10

Las declaraciones de Felipe Larraín hechas el domingo pasado a El Mercurio en torno a las proyecciones económicas y el manejo de la política fiscal requieren mayores explicaciones por parte del futuro gobierno.

Larraín señaló que se hacía necesario ajustar el gasto fiscal, pues si bien tenía una buena valoración del manejo fiscal del gobierno saliente, el año 2009 el gasto había aumentado en más de un 18% real. Junto con ello añadió que “cuando se han hecho evaluaciones externas, se reveló que un 86% de los recursos fiscales necesitan ajustes significativos en sus programas”. Y que “las magnitudes del aumento del gasto de los últimos cuatro años no son sostenibles”.

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De lo dicho por el futuro ministro de Hacienda parece claro que su intención central es disminuir el gasto hasta situar su aumento en torno a un 4,0% anual y revisar prácticamente la totalidad del presupuesto en curso (86%) con el objetivo de ganar en eficiencia, ahorrar y así volver a una regla fiscal sana. Lo que no queda claro es cuál sector público o qué política se verá afectado por tal ahorro ni qué quiere decir cuando habla de “ajustes significativos” en materia presupuestaria.

Para quien conoce la administración pública no es un misterio que el 80 ó 90 por ciento del presupuesto fiscal son recursos comprometidos a la hora de aprobar y luego ejecutar el presupuesto. La holgura es tremendamente escasa en esta materia. El presupuesto tiene un enorme componente de continuidad o arrastre y resulta un trámite no fácil – y en todo caso siempre muy restringido- hacer reasignaciones dentro de él.

Ese es el sentido en que se usa el concepto inercialidad presupuestaria, para indicar que la elasticidad es escasa y la discrecionalidad no existe, todo lo contrario a lo que pasa en una empresa. En materia pública todo gasto es fundado y por ende refrendado (imputado a una partida o ítem), como señala la Constitución.

Que esto sea así no es negativo sino, por el contrario, garantiza procesos en que predominan lógicas colectivas de mediano y largo plazo, y se evita el populismo económico o la espontaneidad coyuntural del gasto como otra regla fiscal a respetar.

Naturalmente, siempre se pueden hacer ajustes a la baja en un presupuesto aprobado. Pero ello implica disminuir las asignaciones para el cumplimiento de compromisos ya reflejados en el presupuesto, lentificar la ejecución de obras o simplemente recortar, por ejemplo, eliminando programas.

Es por ello no son claras las declaraciones de Felipe Larraín, porque si se las toma en su literalidad habría que preguntarle derechamente cuáles serán los programas que eliminará en salud, educación, trabajo y otras áreas sociales, que es donde predominan los llamados “programas” y que funcionan cuando hay dinero en el presupuesto, constituyendo una clara variable de ajuste. El ejemplo clásico es el programa Chile Crece Contigo del Ministerio de Salud.

Por otro lado es necesario no caer en apreciaciones simplistas u ortodoxas sobre lo acaecido con la economía chilena en el último tiempo. Parte importante del gasto fiscal del año 2009 estuvo determinado por una política contracíclica frente a la crisis financiera internacional con muchos programas para los sectores productivos más vulnerables y sostenida unánimemente por todos los sectores.

En la misma entrevista antes citada, el futuro ministro reconoce que la crisis le pegó a Chile más fuerte de lo que se quiere reconocer y todavía no estamos totalmente fuera de ella. Según sus propias palabras, “vamos a tener probablemente algunas sorpresas, algunos nubarrones”.

Convendría entonces una mirada menos académica y prejuiciada, y una interlocución más política en materia de las señales económicas que está entregando el nuevo gobierno.