Argentina: De la realidad a la ficción

Gabriel Morini
Página 12
14/02/10

La última temporada de 24 exhibida en Argentina muestra cómo Jack Bauer, el personaje central de la serie, utiliza para torturar a un sospechoso una pistola similar a las que Mauricio Macri compró para la Metropolitana. Las denuncias de Amnistía Internacional y la ONU.

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Jack Bauer, el personaje en torno del que gira la serie 24, no tiene límites y no hay ley que lo detenga cuando se trata de forzar la confesión de un presunto terrorista. En los años que lleva la tira, al agente de la ficticia unidad antiterrorista estadounidense CTU se lo ha visto torturar a sospechosos con cuanto elemento ha tenido al alcance de su mano. En la última temporada exhibida en la Argentina sumó un instrumento de terror más a su ya amplia colección: una pistola de descarga eléctrica del mismo tipo que las Taser X26 que Mauricio Macri compró para equipar a la flamante Policía Metropolitana. El empleo de esa clase de dispositivos para la aplicación de tormentos en situaciones similares a las que muestra 24 ha sido denunciado por Amnistía Internacional y también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A pesar de las denuncias, las autoridades porteñas siguen defendiendo su empleo.

Las escenas del capítulo 11 de la séptima temporada de la serie protagonizada por Kieffer Sutherland remiten a casos reales que son los que han dado pie a las denuncias de Amnistía Internacional. Según un relevamiento de esa organización, sólo en Estados Unidos 334 personas murieron entre 2001 y agosto de 2008 después de recibir descargas eléctricas de Taser X26.

Página/12 detalló en su edición del domingo pasado los efectos que producen los dispositivos con que Macri equipó a la Metropolitana. Es lo que se ve en 24. Bauer irrumpe en un despacho de la Casa Blanca y dispara contra el asesor de un senador que forma parte de una conspiración contra Estados Unidos. Inmovilizado el hombre a partir de la primera descarga, el ficticio agente de CTU arranca el interrogatorio. “Puedo disparar el gatillo 128 veces antes de que muera la batería”, le advierte entonces, y ante su negativa a hablar, le aplica sucesivas descargas. Después eleva el voltaje del dispositivo y lo utiliza como una picana directamente sobre la pierna de su víctima.

La misma compañía Taser admite –como reveló este diario– el peligro que implica el uso de las X26 y alerta que pueden provocar daños severos o incluso la muerte. Bauer se lo explica al presunto terrorista en su afán por hacerlo confesar. “La siguiente sacudida va a ser en la garganta”, le anticipa y le avisa: “Corre el riesgo de un total cierre neuromuscular y eso significa el riesgo de quedarse paralizado”.

No por nada la ONU sostiene que la Taser X26 es “un instrumento de tortura”. Las definió de ese modo en su análisis del asesinato del inmigrante polaco Robert Dziekanski en el aeropuerto de la ciudad canadiense de Vancouver.

La ONU también se expidió acerca de esos dispositivos en un informe sobre Portugal del 63 período de sesiones. Allí afirmó que “el uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos puede incluso causar la muerte, como se ha puesto de manifiesto en casos recientes”. Y recomendó a ese país “considerar la posibilidad de renunciar al uso de armas eléctricas Taser X26”.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984. En el primero de sus artículos, precisa que “tortura” es todo acto en el cual se inflija intencionalmente a una persona “dolores o sufrimientos graves”, sean “físicos o mentales”, con el fin de obtener “información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar”, por parte de un “funcionario público”. La Argentina está entre los 58 estados que adhirieron a esa convención y se encuentran obligados a presentar informes anuales sobre “métodos y prácticas de interrogatorio”, así como “disposiciones para el arresto, detención y custodia” de personas.

Los organismos de derechos humanos cuestionan la utilización de las X26 en función de esas definiciones. Un estudio hecho por Amnistía Internacional de las 334 muertes que hubo en Estados Unidos entre 2001 y 2008 tras recibir descargas de las Taser consigna que en el 90 por ciento de los casos las personas estaban desarmadas y no representaban una amenaza para la sociedad. La investigación puso de relieve el nivel de arbitrariedad con que las fuerzas policiales utilizan las pistolas compradas para la Metropolitana y llevó a Amnistía Internacional a reclamar que dejen de ser utilizadas en todos los países del mundo.

En sintonía con el reclamo de Amnistía Internacional, la oposición porteña impulsará en el comienzo de las sesiones de la Legislatura, en marzo próximo, un proyecto para establecer la prohibición del uso de las Taser X26. En el gobierno porteño defienden, sin embargo, la decisión de comprar esos dispositivos, pero aclaran que aún no fueron entregados por el vendedor. Afirman también que “no saldrán a la calle” hasta que el grupo especial denominado DOEM (Dirección de Operaciones Especiales Metropolitana) esté conformado y los protocolos para su uso hayan sido confeccionados.