Acusan al presidente de Colombia de implantar operativo de represión

La jornada
20/10/08

En Colombia, con el pretexto del combate a la guerrilla y en una escalada de la violencia que no tiene visos de solución, está en marcha un operativo de Estado para reprimir cualquier manifestación de descontento social.

Esa es la percepción de Feliciano Valencia, coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, una de las organizaciones que han impulsado los bloqueos carreteros y otras movilizaciones que se iniciaron el domingo pasado.

“En Colombia ya se implementó un régimen de terror, en el que cualquier persona que contradiga al gobierno es asesinada. Aquí se aplica la frase ‘el que no está conmigo está contra mí’. El mejor argumento que tiene Uribe ante cualquier movilización es catalogarla de inmediato como actividad de la insurgencia”, advirtió el dirigente en entrevista telefónica.

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Diversas etnias indígenas han bloqueado tramos de la carretera Panamericana, que atraviesa el departamento de Cauca (suroeste), y actualmente las protestas se extienden a 16 de las 32 provincias del país.

Valencia afirmó que el gobierno debe cumplir su compromiso de entregar más de 7 mil hectáreas a los pueblos indígenas, la mitad de ellas como reparación por la matanza, cometida el 16 de diciembre de 1991, de miembros de la etnia nasa, en la hacienda El Nilo (Cauca), acto del que el gobierno colombiano aceptó públicamente su responsabilidad.

Sin embargo, desde hace 17 años las sucesivas administraciones no han cumplido dicho acuerdo argumentando que no había presupuesto suficiente para adquirir los terrenos.

Las protestas actuales de indígenas fueron reprimidas luego de que Uribe afirmó que estaban infiltradas por el terrorismo.

Los nativos también manifiestan su rechazo a la firma del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos; la política represiva del gobierno, y las leyes que permiten la entrega de tierra, agua y otros recursos naturales a las grandes empresas extranjeras.

“El gobierno ha deslegitimado nuestras demandas para quitarse las responsabilidades sociales que tiene y para no cumplir los acuerdos establecidos con las comunidades. El fondo del problema es que considera el movimiento indígena como un estorbo”, explicó Feliciano Valencia.

El dirigente alertó que la situación es crítica, debido a los constantes ataques de la fuerza pública, cuyos agentes han utilizado fusiles, gases lacrimógenos y granadas para dispersarlos, aun cuando no están autorizados a utilizar ese tipo de armas.

Valencia considera que los pueblos indígenas colombianos están enfrentando un genocidio, con más de mil 200 aborígenes asesinados y 52 mil desplazados en lo que va del gobierno de Uribe. Además, hay 400 mil sin tierra y 18 pueblos en grave riesgo de desaparecer.

Por su parte, el consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Evelis Andrade, informó que el sábado se decretó una especie de tregua entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, en espera de que el gobierno acepte comenzar un proceso de “diálogo serio”.

El líder nativo adelantó que se está evaluando la posibilidad de marchar hacia las grandes ciudades para llamar la atención sobre el problema y evitar que el gobierno de Uribe siga dando a la inconformidad un “trato de guerra”, que busca deslegitimar las demandas históricas de los pueblos indios.

“Rechazamos enfáticamente que la guerrilla esté detrás de nosotros. Uribe no quiere reconocer las dimensiones del problema, y en vez de buscar una salida pacífica se empecina en decir que somos terroristas, porque eso es lo más fácil. Estamos enfrentando un genocidio por acción u omisión; es una condena a muerte contra nosotros, que somos constructores de paz.”