El Pentágono prepara la reanudación (si es cierto que antes hubo un abandono) de pruebas de armas químicas y biológicas al aire libre

Ross Sherwood
Voltairenet
26/12/07

El informe anual del Pentágono demuestra que Estados Unidos está preparando pruebas de armas químicas y biológicas al aire libre en violación de las convenciones internacionales, reveló el profesor Francis A. Boyle, reconocido experto en la materia. Se puede esperar lo peor si se tiene en cuanta que el ejército de Estados Unidos ya realizó en el pasado ese tipo de experimentos en varias grandes ciudades estadounidenses, a espaldas de su propia población.

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El Pentágono negó que el presidente George W. Bush haya emitido una directiva autorizándolo a reanudar las ensayos de guerra química y biológica (GCB) al aire libre, interrumpidos en 1969 por orden del presidente Richard Nixon. Los preparativos que anuncia el Pentágono indican, sin embargo, que está listo para hacerlo.

El vocero Chris Isleib no respondió al pedido de que comentara un fragmento del informe anual del Departamento de Defensa, entregado al Congreso en abril pasado, que sugiere que el Pentágono se prepara para reanudar los ensayos.

La reanudación de estas pruebas pondría fin a la moratoria en vigor desde el escándalo provocado por una serie de accidentes ocurridos durante los años 1960.

El informe anual del Pentágono aparentemente se refiere no sólo a simulacros sino a «ensayos completos [de GCB] en el terreno» en lo tocante al perfeccionamiento y la explotación de estos agentes.

En el informe del Pentágono al Congreso se puede leer lo siguiente: «Más de 30 años han transcurrido desde que se prohibieron en Estados Unidos las pruebas al aire libre con agentes químicos vivos, y desde la realización del último ensayo de ese tipo, gran parte de la infraestructura necesaria para las pruebas en el terreno, como los detectores químicos, ha desaparecido o se ha hecho seriamente obsoleta. Los incrementos actualmente previstos en el presupuesto de la infraestructura “Ensayo y Evaluación” mejorarán grandemente tanto el perfeccionamiento como la explotación de las pruebas sobre el terreno, con una mejor representación de las amenazas simuladas y de la definición de la reacción del sistema».

«El ejército ya reanudó los ensayos al aire libre o se está preparando para hacerlo», declaró Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la universidad de Illinois y redactor de la ley estadounidense sobre la aplicación de la Convención sobre Armas Biológicas, firmada por el presidente George H. Bush padre. Boyle ha seguido de cerca el desarrollo ulterior de los hechos.

«Estoy estupefacto ante estos hechos», dijo Boyle. «Es un viraje político de gran envergadura». El tratado de 1972 contra los gérmenes de guerra [la guerra bacteriológica], firmado por Estados Unidos, prohíbe la concepción de armas que producen enfermedades, como el ántrax, agente patógeno que el ejército considera «ideal» para la guerra biológica.

«El Pentágono está totalmente dispuesto a emprender la guerra biológica mediante el uso del ántrax», advierte Boyle. «Se ha adquirido todo el equipamiento, se ha cumplido el entrenamiento y la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en disposición combativa han recibido equipo de protección y vacunas que supuestamente les protegerían de este agente.»

Los ensayos al aire libre sacan de los laboratorios la investigación sobre los agentes letales para estudiar la eficacia de estos, incluyendo sus modos de dispersión aérea, y para poder observar su capacidad de infectar y de matar durante los ensayos sobre el terreno. Desde los atentados con ántrax realizados contra el Congreso [1], en octubre de 2001, la administración Bush financió un importante aumento de la investigación biológica sobre el ántrax y otros agentes patógenos mortales en cientos de laboratorios universitarios y privados, en Estados Unidos y en el extranjero.

Los ataques con ántrax dejaron 5 muertos, entre ellos dos empleados de los servicios postales, y otras 17 personas fueron afectadas. Dichos ataques provocaron la suspensión temporal de las actividades en el Congreso de Estados Unidos, la Corte Suprema y en otras entidades federales.

Aunque existe una ley federal que permite al presidente autorizar la realización de pruebas al aire libre con agentes de GCB, Boyle declara que esa ley «no resuelve el problema del respeto [del derecho internacional] ya que dicha autorización violaría la Convención Internacional sobre las Armas Químicas (CIAQ) y la Convención sobre las Armas Biológicas (CAB) así como los textos legislativos sobre la aplicación de dichas convenciones a nivel nacional, y esas violaciones serían crímenes [desde el punto de vista legal]».

Boyle va más lejos aún al agregar que Estados Unidos ya está «violando» ambas convenciones así como el derecho penal federal sobre su aplicación. Por ejemplo, en febrero de 2003 Estados Unidos se concedió a sí mismo una licencia para granadas ilegales, de largo alcance y que implican el uso de armas biológicas, con fines evidentemente ofensivos.

Boyle afirma que la manipulación del ántrax con vistas a una posible ofensiva se evidencia en los esfuerzos del gobierno «por tratar de almacenar enormes cantidades de vacunas contra el carbunclo y de antibióticos, para 25 millones de estadounidenses al menos, con vistas a proteger a la población civil en caso de que se produzca un “efecto de bumerang” en el uso del ántrax durante una guerra biológica que el Pentágono podría librar en el extranjero».

«Teóricamente», agrega Boyle, «usted no puede librar una guerra biológica en el extranjero a no ser que tenga cómo proteger a su propia población civil de toda represalia del mismo tipo, de un “efecto de bumerang”, o de ambas cosas». En el marco del proyecto BioShield, el Departamento de la Seguridad de la Patria (Homeland Security) está gastando 5 600 millones de dólares estadounidenses en el almacenamiento de vacunas y de medicamentos contra el ántrax, la viruela y otros agentes del bioterrorismo [2]. El proyecto ha sufrido retrasos y complicaciones operativas y, el 12 de diciembre de 2006, el Congreso adoptó una ley en la que destina un presupuesto de 1 000 millones de dólares al financiamiento de tres años de investigaciones suplementarios sobre el BioShield en el sector privado.

Dice Boyle que los ataques realizados en octubre de 2001 mediante cartas contaminadas con ántrax dirigidas a los senadores demócratas Thomas Daschle y Patrick Leahy Leahy [3] prueban que Estados Unidos dispone de ántrax utilizable para usos militares. La cepa altamente sofisticada de la enfermedad del carbunclo utilizada entonces parecía provenir de un centro de guerra biológica de Fort Detrick, en Maryland, o sea del propio ejército estadounidense. Aquellos ataques mataron a 5 personas y otras 17 resultaron afectadas. Los actuales esfuerzos tendientes a agrandar Fort Detrick suscitaron además una fuerte oposición de parte de la comunidad local, según un artículo publicado en el Baltimore Sun.

«Es evidente que una persona que trabaja para el gobierno de Estados Unidos acumuló una reserva de ántrax de calidad militar que puede ser utilizada de nuevo a nivel nacional con fines de terrorismo político, o en el extranjero para librar una guerra ofensiva», declaró Boyle.

La agencia Associated Press ha indicado que el ejército estadounidense está reemplazando su Instituto Militar de Enfermedades Infecciosas, situado en Fort Detrick, «por un nuevo laboratorio que comprendería un centro de biodefensa explotado por varias agencias». El ejército declaró a la AP que el laboratorio está destinado a la continuación de investigaciones con fines únicamente defensivos contra las amenazas biológicas.

El hecho de que los científicos del gobierno hayan creado nuevas cepas de agentes patológicos para las que no existe remedio conocido contradice radicalmente el argumento de que la investigación estadounidense tiene fines “defensivos”. Richard Novick, profesor de microbiología de la universidad de Nueva York, declaró: «No se me ocurre una justificación plausible que explique la modificación genética del ántrax como medida defensiva.» La alteración de un agente patógeno (antigenicity) consiste en modificar la estructura básica de este de forma que las vacunas existentes resulten ineficaces contra el mismo.

La guerra biológica implica el uso de organismos vivientes con fines militares. Al ser utilizados como arma, estos organismos pueden ser de origen viral, bacteriano o fúngico, entre otros, y pueden ser diseminados sobre una vasta zona geográfica mediante el viento, el agua, insectos, animales o seres humanos, señala Jeremy Rifkin, autor de The Biotech Century (El siglo Biotech).

Boyle afirma que el gobierno federal estadounidense ha dedicado enormes sumas de dinero a la modernización de Fort Detrick y de otras instalaciones de GBC dedicadas al estudio, la fabricación, los exámenes y el almacenamiento de estos patógenos. Según varios estimados, Estados Unidos ha invertido, desde 2002, unos 43 000 millones de dólares en cientos de laboratorios universitarios, gubernamentales o privados estadounidenses que estudian agentes patógenos con posibilidades de ser utilizados en el marco de la guerra biológica.

Según Richard Ebright, biólogo molecular en la universidad Rutgers, más de 300 instituciones científicas y unas 12 000 personas tienen acceso a agentes patógenos adaptados para la guerra biológica y el terrorismo. Ebright comprobó que la cantidad de becas que el Instituto Nacional de la Salud ha concedido a la investigación sobre enfermedades infecciosas que pueden ser utilizadas en la guerra biológica pasó de 33 becas concedidas en el período 1995-2000 a 497 en 2006. Ebright declaró que el gobierno multiplicó por 10 la cantidad de laboratorios con el máximo nivel de bioseguridad, como los de Fort Detrick, incrementando así el riesgo de accidentes y de desvío de organismos peligrosos. «Si en una de esas instalaciones, un empleado se lleva una sola partícula viral o una sola célula, lo cual es imposible de detectar o de impedir, esa única partícula o célula puede constituir la base de una epidemia.»

Durante la guerra fría, sobre todo en los años 1950 y 1960, diversas agencias gubernamentales emprendieron pruebas con GCB al aire libre en territorio estadounidense y en navíos de la marina estadounidense en alta mar para estudiar los efectos de las armas patógenas. Entre los objetivos se encontraban ciudades estadounidenses, como Nueva York, Chicago y San Francisco, en las que posteriormente se produjeron enfermedades e incluso cierta cantidad de muertes.

Según el artículo de Lee Davidson titulado «Lethal Breeze», publicado en el Deseret News de Salt Lake City en junio de 1994: «Durante décadas de pruebas secretas de armas químicas, el ejército liberó en la atmósfera del Estado de Utah más de 225 000 kilos de neurotóxicos mortales». Entre ellos se encontraba, agrega, el agente VX. Una sola gota de VX del tamaño de la cabeza de un alfiler puede ser fatal. Los ensayos se desarrollaron en Dugway Proving Ground, pero Davidson estima que hay razones para pensar que «algunos [de los agentes] pudieron ser diseminados con el viento».

Documentos del Pentágono que obtuvo el News enumeraban 1 635 pruebas o aplicaciones en el terreno de los agentes neurotóxicos VX, GA y GB entre 1951 y 1969, año «en el que el ejército abandonó el uso al aire libre de agentes neurotóxicos activos después de fugas de gas neurotóxico que al parecer mataron 6 000 ovinos en Skull Valley», escribe Davidson. El incidente de Skull Valley también afectó a un ganadero y a los miembros de su familia.

Boyle acusó anteriormente al Pentágono de estar «preparándose para librar y ganar» una guerra biológica en cumplimiento de «dos directivas de estrategia nacional promovidas por Bush y adoptadas en 2002» sin que haber informado a la opinión pública para que esta pudiese debatir el tema. Sostiene que el programa de defensa química y biológica del Pentágono fue modificado en 2003 para poder emprender la aplicación de dichas directivas, lo cual confirma el posible uso de armas químicas y biológicas como «primer recurso» en una guerra.