Iniciativa Mérida: ¿Plan Colombia para México?

© sariguella/Flickr
David Brooks, La Jornada (24-10-2007)

El paquete de asistencia de seguridad de Estados Unidos para México nació con una disputa sobre su nombre, que aún no se resuelve: el apodo de Plan México que se dio durante su embarazo, y la ahora oficialmente bautizada Iniciativa Mérida. El esfuerzo de políticos de ambos gobiernos por distanciar su propuesta del Plan Colombia ya revela algunos de los problemas y críticas que tendrán que enfrentar, incluyendo la principal: ¿funcionan las estrategias de este tipo? En Colombia y en Washington eso aún está en disputa.
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De hecho, Human Rights Watch (HRW) declaró hoy que el Congreso de Estados Unidos debería oponerse a la asistencia antidrogas a México, a menos que incluya condiciones firmes para detener abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas. “Ayudar a México a confrontar a sus cárteles de la droga brutales es buena idea. Pero dando un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad abusivas de ese país no lo es”, afirmó José Miguel Vivanco, director de la sección de las Américas del organismo.

HRW recordó que durante los dos años recientes soldados mexicanos han cometido graves abusos en operaciones de seguridad pública, y ofreció algunos ejemplos, como los incidentes en Coahuila, Michoacán y Sinaloa, incluyendo tiroteos mortales, golpizas y violaciones sexuales contra civiles. Además, califica de poco efectivo el sistema de justicia militar, y afirma que “la impunidad por estas violaciones de derechos humanos es la norma”.

Funcionarios de ambos países han tratado de evitar la comparación con el Plan Colombia, en razón de que eso conlleva implicaciones de mayor presencia de fuerzas y agentes estadunidenses dentro del territorio de otro país. Ambos gobiernos han insistido en que la Iniciativa Mérida no incluye incrementar la presencia y participación de fuerzas de seguridad estadunidenses, pero tampoco hay detalles de cómo y quién estará a cargo de las tareas de manejo de nueva tecnología, aeronaves y capacitación, que sí están consideradas en la propuesta.

Pago en Especie
Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada

Reunido con la Comisión de Seguridad Pública, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero afirmó, a pregunta expresa del diputado José Alfonso Suárez del Real, del PRD: “Los recursos que está planteando la Iniciativa Mérida no son monetarios, sino en especie. Estados Unidos aportará tecnología, capacitación y adiestramiento”.

Además, explicó que el proyecto no requiere que el gobierno de México haga aportación alguna. “Fue un mal entendido. No existe esa necesidad presupuestal (porque) la Iniciativa Mérida no exige ni requiere, por parte del gobierno mexicano, aportación alguna”, dijo a los legisladores en una reunión privada.


“Proteger del terrorismo” a EU
Andrea Becerril y José Antonio Román, La Jornada

La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, reconoció ante senadores que la llamada Iniciativa Mérida no sólo contempla acciones conjuntas contra el narcotráfico, sino tiene el objetivo de proteger a Estados Unidos de posibles ataques terroristas y por ello los recursos que Washington daría a México se destinarán también para la compra de equipo que permita controlar el flujo migratorio en ambas fronteras.

“Aquí se trata de fortalecer nuestra capacidad en México para detectar terroristas” que quieran entrar a territorio nacional “para atacar a nuestros vecinos. Sería irresponsable no tomar esto en cuenta”, dijo la canciller.

Aunque la presidenta de la citada comisión legislativa, la senadora priísta y ex canciller Rosario Green Macías, mantuvo una postura consecuente y hasta salió en momentos en defensa de la funcionaria federal, expresó al principio inquietud por el hecho de que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, incluyó la ayuda a México en el paquete de recursos destinados a la guerra en Irak y Afganistán.

“Nos preocupa porque justamente es en esos territorios donde Estados Unidos ha concentrado su lucha contra el terrorismo”, advirtió.

El más incisivo fue el perredista Ricardo Monreal, quien reclamó de entrada a la titular de Relaciones Exteriores que la iniciativa, que tiene un carácter “claramente injerencista”, la haya dado a conocer el presidente de Estados Unidos y que su contenido real se haya difundido por la prensa estadunidense.

Insistió a la canciller en la petición, formulada poco antes por la también perredista Rosalinda López, de que se entregue al Senado de la República el documento discutido con Washington y se aclare si se trata de un tratado, convenio o acuerdo bilateral. Ello puso en apuros a Espinosa Cantellano, cuyos asesores no dejaban de pasarle tarjetas.

Finalmente, la funcionaria se limitó a definir la Iniciativa Mérida como “un compromiso político” de ambos gobiernos para la lucha contra el narcotráfico, una declaración que no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional.

Monreal Ávila insistió y le hizo notar que esa figura jurídica no existe y que el Senado debe conocer el documento, aun si es preliminar. En tono irónico, el perredista zacatecano le dijo: “¡Por amor de Dios, denos el documento, queremos analizarlo!” Más tarde, agregó: “¿Tendremos que pedirlo a Estados Unidos?”

La canciller Espinosa aclaró que “no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a aprobación del Senado, ni de un acuerdo interinstitucional, como lo define nuestra ley de celebración de tratados”.

En todo momento, la secretaria de Relaciones Exteriores aseguró que la Iniciativa Mérida no vulnera la soberanía nacional ni implica la presencia (en México) de militares ni asesores de Estados Unidos, pero en su exposición inicial enumeró los usos que se darán al equipo, así como los sectores a los que va dirigida la capacitación.

“¿No es esto injerencia?”

La lista fue larga, desde aviones, helicópteros, radares, escaners para el combate al narcotráfico, pero también equipo y tecnología “para modernizar la gestión migratoria en la frontera sur”, sistemas de vigilancia e inspecciones en los sistemas postales, en los aeropuertos, puertos y demás instalaciones.

Pero no sólo eso, Espinosa Cantellano reveló que la iniciativa incluye programas de capacitación a jueces, así como asistencia técnica, entrenamiento y equipo para el sistema carcelario y promover la reforma del sistema judicial.

“¿No es esto injerencia de Washington?”, preguntó Monreal, y agregó: “En los hechos, esta iniciativa extiende el perímetro de seguridad de Estados Unidos y México está adoptando su agenda como prioridad; estamos asumiendo como propias sus preocupaciones y renunciando a la autonomía de nuestra política exterior”.

El ex gobernador de Zacatecas no dejó de cuestionar: “El dinero de Estados Unidos viene absolutamente etiquetado y anclado a cuatro prioridades del gobierno de Washington: antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad fronteriza, reglas de la ley, o sea que van a hacer las leyes por nosotros, y también anticorrupción.

“¿Por qué permitir que en el combate al narcotráfico se involucren también decisiones políticas en materia migratoria y los indocumentados, en las fronteras norte y sur, sean tratados como terroristas?”, preguntó.

El senador priísta Carlos Jiménez Macías se refirió igualmente a ese tema y dijo que los legisladores tienen “suspicacias” sobre la posibilidad de que Estados Unidos pretenda utilizar la iniciativa para protegerse del terrorismo. “La burra no era arisca, pero si los dejamos entrar tantito, se van hasta la cocina”.

Espinosa reconoció que la Iniciativa Mérida va asimismo encaminada a fortalecer la capacidad del gobierno mexicano para detectar terroristas que pretendan “atacar a nuestro vecino”. Argumentó que el hecho de la cercanía geográfica siempre está ahí, “y no sería responsable” el que México no tuviera presente este riesgo, ya que también en un momento dado “pueden resultar afectados nuestros ciudadanos”.

Justificó además el equipo para digitalizar la información migratoria, que eventualmente sería compartida con las agencias estadunidenses. “Con toda honestidad, no tenemos un sistema suficiente para lograr un registro exhaustivo de todas las personas que entran al país”.

[Artículos editados de su versión original]