Oslo y el fin de la independencia palestina

Joseph Massad
Al Ahram Weekly
Traducido para Rebelión por Loles Oliván
29/01/10

El Acuerdo de Oslo no sólo marcó el inicio de una nueva era en las relaciones palestino-israelíes sino que ha tenido un efecto mucho más duradero al transformar el propio lenguaje a través del cual dichas relaciones se rigen a nivel internacional y la forma en que la dirección palestina las percibe. El vocabulario palestino relativo a la liberación, el fin del colonialismo, la resistencia, la lucha contra el racismo, el fin de la violencia israelí y el robo de la tierra, la independencia, el derecho al retorno, la justicia y el derecho internacional, no solo fue sustituido por nuevos términos como negociaciones, acuerdos, compromiso, pragmatismo, garantías de seguridad, moderación y reconocimiento, todos los cuales habían formado y siguen formando parte del vocabulario de Israel antes de Oslo, sino que Oslo se instituyó a sí mismo como el lenguaje de la paz que, ipso facto, deslegitima cualquier intento de oposición como de apoyo a la guerra, y destituye a todos los que se oponen a la renuncia de los derechos palestinos como enemigos de la paz. Convertir el lenguaje de la rendición de los derechos en el lenguaje de la paz también ha sido parte de la estrategia de Israel antes y después de Oslo, y es también el lenguaje del poder imperial de EE.UU., en el que árabes y musulmanes fueron instruidos por el presidente Barack Obama en su discurso de El Cairo el pasado junio. Así, la transformación que Oslo produjo no fue únicamente una transformación del lenguaje como tal, sino también del lenguaje palestino y de la perspectiva a través de la cual la dirección palestina entendía la naturaleza de las relaciones palestino-israelíes; ello institucionalizó, por contra, la perspectiva israelí y su vocabulario como neutral y objetiva. Lo que Oslo se propuso llevar a cabo, por tanto, fue cambiar el objetivo mismo de la política palestina de independencia nacional frente al colonialismo y la ocupación israelíes por otro en el que los palestinos dependieran completamente para su supervivencia política y nacional de Israel y de sus socios en beneficio de la paz y la seguridad de sus ocupantes.

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La fórmula de “territorios por paz”

La fórmula transformadora clave de los Acuerdos de Oslo consagrada en la Declaración de Principios del 13 de septiembre de 1993 es “territorios por paz”. Esta fórmula, que va en detrimento de los derechos palestinos reconocidos internacionalmente, sigue siendo el enfoque que guía y delimita todos los acuerdos —y desacuerdos— posteriores entre la Autoridad Palestina (AP) y los sucesivos gobiernos israelíes. Dicha fórmula, por sí sola, perjudica todo el proceso al presuponer que Israel tiene “territorios” que estaría dispuesto a conceder a los “árabes”, y que los árabes —considerados como responsables del estado de guerra con Israel— pueden garantizar a Israel la paz que ha anhelado durante decenios. Hacer responsables de las guerras árabe-israelíes a los “árabes” es una norma que nunca se cuestiona, ni en los medios de comunicación ni en los gobiernos occidentales. La concesión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), sin embrago, ha asegurado al final que los responsables palestinos y otros responsables árabes tampoco lo cuestionen. A pesar de la apariencia superficial de un compromiso político, esta fórmula es de hecho un reflejo de los puntos de vista raciales que caracterizan a los israelíes (judíos europeos) y a los palestinos y árabes. Mientras que a los israelíes se les pide que estén y (son presentados ostensiblemente como) dispuestos a negociar sobre la propiedad, el reconocido derecho burgués (occidental) por excelencia, a los palestinos y a los árabes se les pide que renuncien a la violencia —o más precisamente a “sus” formas violentas— ilegítima y atribuible solo a bárbaros incivilizados. El hecho de que los palestinos ya hubieran renunciado a su legítimo derecho sobre el 77% de Palestina y de que estuvieran negociando su soberanía futura sobre un mero 22% de su patria no daba derecho a una fórmula de “tierra por tierra” en la que basar el “proceso de paz”. De hecho, la fórmula objetiva para cualquier negociación sería la de "territorios por paz" mediante la cual son los palestinos los que están renunciando a los derechos sobre su patria histórica a cambio de poner fin a la opresión israelí —y a la violencia colonial— contra su pueblo.

Dividir al pueblo palestino

La OLP, Israel y los medios occidentales airearon los Acuerdos de Oslo como de “reconocimiento mutuo”. Ello, sin embargo, se contradice con las propias palabras pronunciadas por ambas partes y con las acciones que se llevaron a cabo basadas en tales palabras. Mientras que la OLP (que escribió la primera carta) reconocía "el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad", el gobierno israelí, "en respuesta" a la carta de Yasser Arafat, "ha decidido reconocer a la OLP como el representante del pueblo palestino e iniciar negociaciones con la OLP dentro del proceso de paz en Oriente Próximo”. Pero ello no significa reconocimiento mutuo puesto que los israelíes no reconocieron el derecho del pueblo palestino a existir en un Estado propio en paz y seguridad tal y como la OLP había reconocido a Israel. Si la OLP hubiera reconocido al gobierno de Rabin como el representante del pueblo de Israel, sin reconocer necesariamente ningún “derecho” al Estado de Israel a existir en paz y en seguridad, entonces el reconocimiento de la OLP habría estado a la par del de Israel. El acuerdo actual, por tanto, no significó el reconocimiento mutuo; antes al contrario, significó la legitimación del Estado judío por parte del mismo pueblo contra el que se habían ejercido —y se siguen ejerciendo— las políticas racistas y colonialistas, y con la que Israel no se comprometió a nada sustancialmente nuevo. Reconocer a la OLP como el representante de los palestinos (algo que la mayor parte del mundo —salvo EE.UU.— había hecho desde mediados de los 70) no comprometía a Israel a ninguna concesión al pueblo palestino. Únicamente comprometió a Israel a un escenario en el que como el gobierno israelí se inclinó a hablar de “representantes” de los palestinos, hablaría con la OLP, en tanto que parte ahora reconocida como representante, mientras que antes no lo era. Esto es por lo que los sucesivos gobiernos israelíes y dirigentes han vacilado en conceder a los palestinos el establecimiento de un Estado independiente y se refieren siempre a Oslo y a los acuerdos subsiguientes en los que no se hace mención de tal promesa.

Habiendo exigido un singular reconocimiento a su legitimidad por parte de sus víctimas, los israelíes avanzaron mediante el mecanismo del proceso de paz de Oslo para dividir a los palestinos en diferentes grupos, la mayoría de los cuales fueron expulsados del proceso de paz. Al transformar a la OLP, que representaba a todos los palestinos de la diáspora, de Israel y de los territorios ocupados, incluida Jerusalén Oriental, en la AP que únicamente podía aspirar a representar a los palestinos de Cisjordania y Gaza (que integran un tercio del pueblo palestino), los Acuerdos de Oslo fraguaron una importante reducción demográfica del pueblo palestino, dividiéndolo por tres mientras lograban una gran expansión demográfica de la población judía de Israel multiplicándola por tres. La parte insidiosa de este proceso es cómo la AP, consciente de esta transformación, sigue hablando del “pueblo palestino” que ha quedado reducido mediante los Acuerdos de Oslo a los palestinos de Cisjordania y Gaza a los que ahora dice representar. Los palestinos de la diáspora son mencionados simplemente, de acuerdo con la retórica estadounidense e israelí, como “refugiados” y los palestinos israelíes, según el diktat de Israel, como “árabes israelíes”. Con ello, no solo ha quedado substancialmente reducido el alcance de la dirección palestina y su estatuto como representante del pueblo palestino en su conjunto sino que el propio pueblo palestino ha quedado significativamente mermado demográficamente por la apropiación que de la designación “pueblo palestino” ha hecho la AP para referirse a un mero tercio de los palestinos.

Legitimar a Israel como Estado “judío”

Al mismo tiempo, el proceso de Oslo que produjo acuerdos fantasmas como los Acuerdos de Ginebra, entre otros, ha impulsado la afirmación israelí de que los palestinos deben reconocer el derecho de Israel a existir no solo en paz y seguridad sino como Estado judío, lo que significa [hacerlo] como Estado que es racista por ley y que discrimina por ley y por gobierno a los ciudadanos no judíos y que abarca no solo a sus ciudadanos judíos sino a los judíos de todo el mundo. Esto es algo que fue impulsado por las Administraciones de Clinton, Bush y, más recientemente, de Obama. De hecho, Obama no pierde oportunidad para reiterar el compromiso de su Administración para forzar a los palestinos a que reconozcan el derecho de Israel a ser un “Estado judío”. Mientras Israel no tiene legitimidad —y ningún organismo internacional se la reconoce— como “representante” de los judíos del mundo sino como el Estado del pueblo de Israel, que son sus ciudadanos, a la OLP y a la AP se les reclama que reconozcan la jurisdicción de Israel sobre todo el mundo judío. El estatuto de la OLP internacionalmente reconocido como representante del pueblo palestino ha sido reducido a un tercio de los palestinos desde Oslo, en tanto que el estatuto de representatividad del gobierno de Israel se ha triplicado tal y como reconocieron los representantes no oficiales de la AP en Ginebra. Benjamin Netanyahu insiste en que no se producirá ningún avance en el denominado proceso de paz a menos que los palestinos reconozcan oficialmente el derecho de Israel a ser un Estado racista. El presidente Obama ha solicitado igualmente a todos los árabes que ratifiquen tal reconocimiento formalmente. Ello se ha hecho a pesar de que la mayoría de los judíos que viven fuera de Israel no son ciudadanos israelíes y de que ningún organismo que los represente haya dado poderes de representación en su nombre al Estado de Israel.

La división y reducción demográfica del pueblo palestino se ha producido a la vez que la reducción territorial de Palestina, o de parte de ella, sobre la que Israel está dispuesto a negociar tras replegar su ejército de ocupación colonialista alrededor. Aparte de la extirpación de la ilegalmente expandida, ocupada y colonizada Jerusalén Oriental (en la actualidad expandida demasiadas veces por encima de su tamaño a expensas de las tierras de Cisjordania) de los territorios sobre los que Israel negociaría su repliegue, la propia Cisjordania ha quedado subdividida en cantones que excluyen los asentamientos coloniales judíos y las autovías para uso exclusivo de los judíos que los conectan, así como se han impuesto reservas naturales, bases militares y áreas cerradas. Pero eso no es todo: Israel ha construido asimismo el muro del apartheid dentro de territorio palestino usurpando de hecho otro 10% de Cisjordania de la mesa de negociaciones y de su repliegue militar.

Las cinco nuevas clases palestinas

Otra de las más importantes medidas que tomaron los arquitectos israelíes y palestinos de los Acuerdos de Oslo para asegurar la supervivencia estructural del “proceso de paz” de Oslo fue la creación de estructuras, instituciones y clases que quedarían directamente vinculadas con aquél y que podrían sobrevivir al colapso de los propios Acuerdos de Oslo preservando el “proceso” que el acuerdo generó. Esta garantía ha quedado consagrada por ley y confirmada por la financiación internacional que predica la continuación del “proceso de Oslo” siempre y cuando éste siga sirviendo a los intereses de Israel y de EE.UU. así como a los intereses de la corrupta élite palestina que consistió en ello. Las cinco clases principales que los arquitectos de Oslo crearon para asegurar que el “proceso” sobreviva son: una clase política, dividida entre aquellos elegidos para servir al proceso de Oslo, bien sea en el Consejo Legislativo Palestino o en la rama ejecutiva (en esencia, la posición del presidente de la AP), y aquellos designados para servir a los que han sido elegidos, ya sea en los ministerios o en la oficina presidencial; una clase policial, que suman decenas de miles de personas cuya función es defender el proceso de Oslo contra todos los palestinos que traten de debilitarlo. Está dividida en un número de cuerpos de seguridad e inteligencia que compiten entre sí, todos para demostrar que son los más expertos para neutralizar cualquier amenaza al proceso de Oslo. Bajo la autoridad de Arafat, miembros de esta clase inauguraron sus servicios disparando y matando a catorce palestinos a los que consideraron enemigos del “proceso” en Gaza en 1994 —un logro con el que se ganaron el respeto inicial de estadounidenses e israelíes, quienes insistían en que la clase policial debía utilizar más represión para ser más eficaz. Su actuación el pasado verano en Yenín matando a miembros de Hamas y a transeúntes no afiliados para impresionar al presidente Obama que había solicitado de la dirección palestina que mantuviera su parte del acuerdo de seguridad, constituye el ejemplo más reciente de esta función. Asimismo, una clase burocrática asociada a la clase política y a la clase policial que constituye un cuerpo administrativo de decenas de miles de miembros que ejecutan órdenes de los elegidos y de los designados para servir al “proceso”; la clase de las ONG: otra clase burocrática y técnica cuyas finanzas dependen de su servicio al proceso de Oslo y de asegurar su éxito mediante la planificación y los servicios; y una clase empresarial compuesta de empresarios palestinos expatriados y locales —incluidos miembros especiales de las clases política, policial y burocrática— cuyos ingresos se derivan de la inversión financiera en el proceso de Oslo y de lucrativos acuerdos que la AP puede hacer posible. Mientras que la clase de las ONG en su mayoría no recibe dinero de la AP ya que es la beneficiaria de la generosidad financiera gubernamental y no gubernamental extranjera que está estructuralmente conectada con el proceso de Oslo, las clases política, policial y burocrática reciben todos sus ingresos legales e ilegales de la AP directamente.

Al vincular los medios de subsistencia de cientos de miles de palestinos al proceso de Oslo, los arquitectos le otorgaron un papel crucial para su supervivencia incluso y especialmente si no producía ningún resultado político. Para la elite palestina que se hizo cargo de la AP, la tarea principal era garantizar que el proceso de Oslo continúe y que la élite siga controlando todas las instituciones que garantizan la supervivencia del "proceso". Lo que la élite no anticipó es que pudiera perder el control de Hamas, un opositor público al proceso de Oslo que de acuerdo con las expectativas había boicoteado las elecciones controladas por Fatah. Las elecciones de 2006, que Fatah confiaba en ganar, supusieron un terremoto que pudo destruir todas esas garantías estructurales y con ello el “proceso” para cuya protección estaban diseñadas. De ahí el pánico de los estadounidenses que ingeniaron un golpe con la ayuda de Israel y de la seguridad de la AP bajo control de Mohamed Dahlan para derrocar al gobierno de Hamas, y que incluyó el secuestro de sus miembros en el Parlamento, de ministros del gobierno y de políticos que fueron mantenidos como rehenes en cárceles de Israel y, finalmente, protagonizar una violenta toma de Gaza, que resultó contraproducente. Todos los intentos desde el fracasado golpe de EEUU en Gaza se han centrado en perpetuar el proceso de paz a través del mantenimiento de sus estructuras bajo el control de la AP y fuera del democráticamente elegido Hamas.

Destruir la democracia palestina

De hecho, la destrucción de la democracia palestina era un precio que había que pagar, insistieron los israelíes y los estadounidenses, impulsados por los esfuerzos militares del Teniente General Keith Dayton. Esta situación se hizo posible gracias a la estrategia de financiación de EE.UU., Israel y los Estados árabes productores de petróleo de la lucha palestina. La historia del movimiento nacional palestino sólo puede ser contada a través de los medios en que distintos gobiernos árabes y no árabes han tratado de controlarla. Mientras que la OLP se estableció y estuvo controlada principalmente por el régimen de Gamal Abdel Naser, la derrota de 1967 debilitó el acuerdo conduciendo a la toma de poder por parte de los guerrilleros revolucionarios de la organización en 1969. Con Fatah y la guerrilla izquierdista palestina a la cabeza, el potencial revolucionario de la OLP constituía tal amenaza que precipitó una guerra total en Jordania en 1970, una situación que los poderosos y represivos regímenes árabes no querían ver repetida. Fue en este contexto en el que el dinero del petróleo árabe (de Arabia Saudí, Kuwait, Libia, de Emiratos Árabes Unidos e Iraq), empezó a verterse en las arcas de la OLP principalmente para asegurar que no se fomentaría un cambio revolucionario en los países árabes y, en la medida en que no se comprometiesen los intereses de los regímenes árabes, sus armas sólo debían ser dirigidas contra Israel. La guerra civil libanesa y el papel de la OLP en ella en la segunda mitad de la década de 1970 seguía siendo un problema pero, en lo que a ellos respectaba, era un problema que los regímenes árabes fueron capaces de contener.

Con el inicio de la década de 1980 y la derrota militar de la OLP en 1982 en Beirut, los fondos árabes de la OLP ya no quedaron condicionados únicamente a que no se opusieran las armas contra ellos sino a que la organización tampoco tuviera como objetivo a Israel. Las diversas tentativas de acuerdos entre la OLP y el rey Husein a mediados de la década de 1980 formaban parte de ese plan. Con el mantenimiento de la negativa de Israel y de EE.UU. a negociar con la OLP a pesar del cambio producido en su política y en su ideología, la situación se mantuvo congelada hasta que el primer levantamiento palestino en 1987dió a la OLP la oportunidad de negociación para deponer las armas contra Israel. La formalización de esta transformación tuvo lugar en Argel en 1988 y posteriormente en la Conferencia de Paz de Madrid en 1991.

La AP contra el pueblo palestino

Como la financiación de petróleo se secó después de la Guerra del Golfo de 1990-91, la OLP necesitó nuevos donantes. La entrada de EE.UU. y de sus aliados incluye como condición no sólo los Acuerdos de Oslo, sino también que la recién creada y controlada por Fatah AP esté efectivamente armada pero que sus armas tengan un nuevo objetivo: el propio pueblo palestino. La AP accedió y continuó recibiendo su financiación hasta la segunda Intifada, cuando, en contra de su raison d'être, algunos miembros de sus fuerzas de seguridad se enfrentaron con los israelíes en un tiroteo cuando los israelíes atacaban a los palestinos. La financiación fue detenida de manera intermitente, Arafat fue puesto bajo arresto domiciliario, y los israelíes volvieron a invadir. La reanudación de la financiación constante ha continuado tras la muerte de Arafat a condición de que Mahmud Abbas siga “seriamente” apuntando sus armas en Palestina contra los propios palestinos, lo que los aparatos de seguridad y los matones de la AP han cumplido. Sin embargo, no han sido todo lo eficaces que EE.UU. e Israel hubieran deseado, y es por ello que el general Dayton ha asumido el control total de la situación militar sobre el terreno con el fin de “ayudar” a los palestinos a cumplir su parte del acuerdo de paz con Israel.

Hay que tener en cuentan que durante los últimos 16 años los dirigentes israelíes siempre han dicho, en línea con la fórmula de tierra por paz, que quieren y persiguen la paz con los palestinos, pero no el establecimiento de un Estado palestino, ni siquiera con el fin de garantizar a los palestinos el derecho a la libre determinación. De hecho, Israel no solo ha multiplicado el número de asentamientos y más que duplicado la población de colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, aglomerando más territorio del que se decía que era objeto de negociación; lo ha hecho exigiendo constantemente más concesiones palestinas para garantizar la "seguridad" israelí a fin de que los palestinos den a Israel la "paz" en que se basa la fórmula de "tierra por paz". Los estadounidenses y los europeos también han insistido en que los palestinos deben dar a Israel la paz antes de que éste pueda decidir qué tierras va a devolverles y en virtud de qué acuerdo considera más garantías para tal “paz”. Por lo tanto, lo que la “tierra por paz” —a pesar o debido al perjuicio definitorio contra el pueblo palestino— ha provocado es un perpetuo aplazamiento de la devolución de las tierras e insistentes exigencias de que se anticipe la paz con la que los palestinos deben cumplir. Si bien el repliegue alrededor de Gaza y el asedio de su población sometida a la hambruna y a los bombardeos se vende como el compromiso israelí de devolver territorios, la realidad es que la Franja de Gaza se ha transformado desde una prisión controlada por los israelíes a un campo de concentración vigilado y rodeado por ellos desde el exterior con incursiones al interior cuando surge la necesidad, como ocurrió el pasado invierno.

En última instancia, entonces, lo que el acuerdo de Oslo y el proceso que generó han logrado es una exclusión de cualquier futura independencia real o imaginaria de la dirección palestina, o incluso la independencia nacional de un tercio de los palestinos en Cisjordania y Gaza, que son, en cualquier caso, los únicos palestinos que el acuerdo de Oslo afirma que quiere ayudar a conseguirla. Hipotecando la dirección palestina al patronazgo de EE.UU. e Israel mediante la creación y el mantenimiento de estructuras administrativas, jurídicas y financieras que aseguren esta dependencia, Oslo ha sido lo que fue diseñado para ser desde el principio: el mecanismo con el que poner fin a la búsqueda palestina para acabar con el colonialismo y la ocupación israelíes, y la legitimación de la naturaleza racista de Israel por los mismos sobre los que ejerce su dominio colonial y racista. Cualquiera que cuestione estas estructuras puede ser combatido con el arma ideológica del pragmatismo. Oponerse a Oslo hace de uno un extremista utópico y un reaccionario, en tanto que participar en su estructura lo convierte en una persona pragmática y moderada que trabaja por la paz. El arma ideológica más eficaz que ha desplegado Oslo desde 1993 es, precisamente, que quien se opone a la cesión plena de los derechos nacionales palestinos es un defensor de la guerra y un opositor a la paz. En resumen, el objetivo del proceso de Oslo, que se ha alcanzado con mucho éxito, no es el establecimiento de la independencia palestina de la ocupación ilegal de Israel, sino acabar con la independencia palestina en tanto que meta futura y realidad actual. Visto desde este ángulo, Oslo sigue siendo un éxito rotundo.

* Joseph Massad, de nacionalidad jordana, es profesor de Historia política e intelectual árabe moderna en la Universidad de Columbia. Este es el texto de un discurso que pronunció en una conferencia celebrada en Oslo en 2009.