España: Los internautas afirman que el Gobierno intenta implantar un "secreto administrativo" que recuerda a "la época franquista"

Diario Sur
09/01/10

La Asociación de Internautas, blogueros, juristas y organizaciones de usuarios reunidos hoy para analizar y dar una respuesta al plan "antipirateria" del Gobierno, que contempla el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales, considera que "nos acerca hacia el secreto administrativo de la época franquista".

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"Partimos de las declaraciones que hizo tras el Consejo de Ministros el ministro de Justicia (Francisco Caamaño), porque todavía no tenemos el texto legal, y según estas afirmaciones las medidas legales que preparan suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido", ha explicado Javier Maestre, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y uno de los portavoces de la Asociación de Internautas.

Declaración de principios básicos

Estas organizaciones quieren dejar claro que están de acuerdo en declarar "el carácter incorrecto de la actual legislación en materia de propiedad intelectual", y "particularmente esta media última que parece que ha tomado el Gobierno, por ser un retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales que hasta el momento se habían conseguido".

No obstante, Maestre ha señalado que esta es una declaración de principios básicos, pero que hasta que no tengan el texto legal definitivo en las manos y lo puedan analizar no pueden señalar las medidas que van a tomar para dar respuesta al plan. "Ya hemos creado un grupo de trabajo. Cuando conozcamos el proyecto, parece que el lunes o martes, adoptaremos una ruta de trabajo concreta".

El Consejo de Ministros aprobó ayer remitir a los órganos consultivos -Poder Judicial y Consejo de Estado- el anteproyecto de ley que contempla la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, que podrá remitir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional las denuncias recibidas contra páginas de descargas ilegales. Estas páginas podrán ser bloqueadas o cerradas por orden de un juez de la Audiencia Nacional una vez oídas las partes implicadas.