México - Copala: paramilitares acosando a un pueblo en resistencia

Los Brigadistas-UNAM
Rebelión
19/05/10

El de Felipe Calderón es un gobierno sin legitimidad y frágil en muchos sentidos. El pueblo hoy tendría un campo fértil para avanzar en la construcción de un mejor país; sin embargo, el movimiento social también es débil, está poco organizado, tiene encima un gigantesco cerco mediático y duras represiones que le impiden caminar a paso firme. Uno de los instrumentos que Calderón ha usado para mantener el control, ha sido la violencia, el asesinato, la persecución, la cárcel.

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Los militares no son agentes de protección de la nación. Sus abusos hacia la población están ampliamente documentados en todos los estados donde se supone que combaten al narcotráfico: robos, golpizas, violaciones y asesinatos. Están además los llamados daños colaterales, como los estudiantes masacrados en Salvarcar, los niños muertos en el retén de Nuevo León, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y quien sabe cuántos más. Las policías federales y estatales no sirven para generar seguridad, pero son muy útiles para impedir la movilización, desalojar plantones, encarcelar dirigentes sociales, etc. Atenco y el SME son prueba de este uso faccioso de la fuerza pública.

Hay otro mecanismo del que poco se habla en los medios de comunicación, pero que existe y es uno de los favoritos de los gobiernos, de uno u otro partido, para aplastar la rebeldía del pueblo. Son los paramilitares, resultado de la descomposición social, mercenarios al servicio del poder, armados y entrenados por él y dispuestos a usar las formas más viles y crueles para sembrar terror en las comunidades. El más reciente ejemplo de su accionar es la masacre ocurrida en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

Esa comunidad, hoy conformada por unos 700 indígenas triquis, está enclavada en la mixteca oaxaqueña. Desde hace años sufre las consecuencias de una pugna por el control de los poderes municipales. Principalmente, a causa de que el PRI se niega a perder el control de la región y para ello, creó en 1994 la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar dotado de armamento de alto poder, que ha cometido todo tipo de crímenes contra la población provocando que huyan de la zona más de la mitad de los habitantes.

La Ubisort impidió el 28 de noviembre del año pasado, que los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco visitaran la comunidad de Copala durante el recorrido que hicieron en la segunda etapa de la campaña Libertad y Justicia para Atenco. Un día después, las instalaciones municipales y el albergue infantil fueron baleados, quedando muerto un niño. El 10 de diciembre, un puñado de paramilitares de Ubisort, asaltó el municipio y desalojó a las autoridades autónomas.

El 10 de marzo de este año, niños y mujeres de la comunidad autónoma, con gran valentía, retomaron el edificio. Acto siguiente, la comunidad fue baleada por los furiosos priístas, quedando herida una señora de 64 años y obligando al desplazamiento a muchas familias de San Juan Copala. Cerró la oficina de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cerró el centro de salud, cerraron las escuelas y el cerco de Ubisort ha dejado a la comunidad con una extrema escasez de agua y alimentos.

En medio de esa situación, profesores y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Oaxaca, convocaron a la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, acompañada de observadores extranjeros. Era una medida humanitaria, para llevar agua y alimentos a la población y dar cobertura a los profesores que regresaban a dar clases allá. Rufino Juárez, líder de Ubisort, anunció en una conferencia de prensa y en declaraciones a la radio, que no permitirían la llegada de la caravana, y que sus participantes se atuvieran a las consecuencias.

El día 27 de abril, la caravana fue agredida con armas de alto poder por integrantes de la organización priista, a la altura de la comunidad de La Sabana. Fueron asesinadas dos personas: Beatriz Alberta Cariño, defensora de los derechos humanos del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y un joven finlandés de nombre Tyri Antero Jaakkola, colaborador del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (Vocal). Con gran cinismo, Ubisort niega ser autora de tal masacre y dice que es un “autoatentado” de las autoridades del municipio autónomo para “quedar como mártires”.

Por un momento la gente volteó a ver a San Juan Copala, se habló de sus habitantes y de la brutal represión que obligó a varios sobrevivientes a huir a las montañas. Hoy los indígenas triquis que habitan esta comunidad, con una historia de décadas de resistencia, siguen sin luz, sin agua, sin centro de salud, sin escuelas, sin alimentos. Es urgente brindar nuestra solidaridad y exigir el fin del acoso paramilitar priísta contra esta y muchas comunidades en Oaxaca.

Los paramilitares son una realidad que sufren miles de personas en México y en toda América Latina. Este mecanismo de control artero y sangriento, debe terminar de una vez por todas.