Colombia: ONU denuncia sistemáticas violaciones contra DDHH “Ejecuciones extrajudiciales no son aisladas”

19/05/10
Tercera Información

El representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christian Salazar...Siga leyendo, haciendo click en el título...Desde su posesión al frente de la Oficina del Alto Comisionado en marzo de este año, Christian Salazar se encarga de promover y buscar la protección todos los derechos de los colombianos. En diálogo con El Espectador, Salazar denunció graves problemáticas como el represamiento de investigaciones de casos de ejecuciones extrajudiciales en la Fiscalía, las crecientes amenazas en contra de los defensores de los derechos humanos y del sector judicial, la violencia cometida por los grupos posconflicto y, lo que más lo desvela, la duplicación de los asesinatos a líderes y miembros del pueblo indígena.

¿Cómo se ha transformado en los últimos años la desaparición forzada en Colombia?

Es un fenómeno bastante antiguo. La ONU registró el primer caso en Colombia en 1973. Desde la Oficina manejamos más o menos tres fases. La primera, en los años 90, cuando se cometieron desapariciones selectivas contra opositores, ONG y supuestos simpatizantes de la guerrilla. Muchas de esas desapariciones fueron cometidas por miembros de la Fuerza Pública. La segunda fue a finales de esa misma década y principios de esta, cuando los paramilitares fueron los actores principales y la desaparición forzada se combinó con masacres masivas. En los últimos años nos preocupa que los desaparecidos son más y más jóvenes y viven en zonas marginales del país. Esta última modalidad tiene que ver con los mal llamados “falsos positivos”. También los grupos posdesmovilización realizan más y más desapariciones.

¿Qué logros ha notado en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales?

En nuestra labor de observación hemos detectado una reducción significativa de nuevos casos. Las estadísticas nacionales que puedo reportar son las de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. De acuerdo con ellas, a la fecha hay 1.273 casos con 2.070 víctimas. Hasta ahora ha habido 38 condenas y hay cerca de 23 juicios en camino.

¿La Fiscalía sí tiene una logística que resista tal cantidad de procesos?

En comparación con el año pasado, los casos investigados por parte de la Fiscalía se han duplicado, es decir que la carga de trabajo en la Unidad de Derechos Humanos ha aumentado significativamente. Es muy importante que se estén dando estas investigaciones, que haya juicios, encontrar a los respectivos responsables y castigarlos, pero creo que la Fiscalía necesita un refuerzo urgente a su capacidad de investigación.

¿Sí se están denunciando estos casos o la gente tiene miedo?

Nosotros ya hemos visto un intento de homicidio contra testigos en estos casos y conocemos de amenazas, entonces es importante reforzar una política de cero tolerancia con las ejecuciones extrajudiciales y que a los responsables los puedan condenar en forma correcta. El hecho de que hayan surgido más casos nos da un panorama más claro de la dimensión del fenómeno y más personas —ya que el tema está a la luz pública— están animándose a declarar y a denunciar. Para la conducción de los procesos judiciales sin intimidaciones creo que es sumamente importante que el Ministerio de la Defensa implemente las 15 medidas decretadas para prevenir violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario con fuerza y eficacia.

Para la Oficina del Alto Comisionado, ¿los “falsos positivos” son un problema institucional o de particulares?

Nuestra posición ha sido clara, creemos que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo del país. Cualquier caso que esté pasando es muy serio para las Fuerzas Armadas, pues deben velar por el derecho y la democracia. Por este diagnóstico creemos de gran importancia dar sostenibilidad a esta baja en las cifras que vemos ahora para que no haya sólo una reacción temporal a medidas drásticas por parte del Gobierno, como la destitución de tres generales y cuatro oficiales.

En los últimos meses los defensores de los Derechos Humanos han denunciado que son víctimas de hostigamientos, ¿qué información tiene la Oficina al respecto?

Desde 1997 estamos denunciando amenazas contra defensores. Este año sí hemos visto una ola de amenazas en el país con los panfletos y los correos electrónicos intimidantes. Estos panfletos empezaron contra jóvenes, trabajadores sexuales, adictos a las drogas. Después las amenazas se concretaron contra líderes y organizaciones sociales, personas específicas, defensores de Derechos Humanos, incluso contra miembros de la Defensoría del Pueblo y del Sistema de Alertas Tempranas.

El caso más reciente que he visto de hostigamiento es el caso de Claudia Julieta Duque, una periodista que ha hecho una labor importante en el seguimiento del asesinato de Jaime Garzón, y de algunos juicios penales contra miembros del DAS. Ahora que muchos de esos procesos están en su fase final, hace tres semanas sus padres recibieron llamadas amenazantes y hace una, personas desconocidas trataron de ingresar a su apartamento.

También quiero mencionar la preocupación por las amenazas contra el sector judicial. Un tema que estamos trabajando estos días son los operadores de justicia en Cali. En agosto se asesinó un fiscal allá, hace dos semanas hubo un intento de asesinato a una jueza. Tanto jueces como fiscales están amenazados y creo que las autoridades colombianas deben tomar medidas de protección urgentemente.

¿Qué ha pasado con las investigaciones del genocidio de la UP?

El Estado colombiano ya ha aceptado su responsabilidad. En el caso del senador Manuel Cepeda se sabe que estaban involucrados paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Ojalá haya más investigaciones y condenas.

¿Qué lo desvela?

La situación de los pueblos indígenas y afrocolombianos que viven en zonas donde el conflicto armado todavía es intenso. Hemos visto un traslado de los encuentros armados hacia zonas más remotas del país, zonas que están habitadas por estas poblaciones.

Ellos están entre fuego cruzado de todos los actores: guerrilla, Ejército, grupos posdesmovilización y bandas de narcotráfico que tienen sus propios intereses allá. Por ejemplo, las dos masacres contra el pueblo Awá este año con tantos niños que murieron son la expresión de esta violencia. A mediados de este año hemos observado un incremento significativo: se han duplicado los asesinatos de líderes y miembros de las poblaciones indígenas.

¿A qué se debe esto?

A que hay una intensificación del conflicto en lugares de resguardos indígenas o afrocolombianos. Nosotros y la Corte Constitucional le hemos hecho el llamado al Estado de acelerar los planes salvaguardia para los pueblos indígenas. No sólo este año, sino los que vienen, la situación de las comunidades que viven en zonas de conflicto no va a mejorar, va a empeorar y hay que hacer todo para mejorar su protección.

Estas etnias no sólo están siendo devastadas por la guerra…

Los pueblos indígenas y afrocolombianos del país sufren de una miseria bastante grande, nos preocupa. Los datos de un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos y de Unicef sobre los indígenas en el Chocó nos revelan que el 95% de la población indígena tiene seguridad alimentaria grave, la desnutrición crónica de niños menores de 5 años es de 73%. Si usted se imagina que la malnutrición infantil durante los primeros años de la infancia influye en todo el desarrollo cerebral y corporal del niño, tener una desnutrición crónica en esas condiciones es una tragedia social. La jurisprudencia de Colombia sobre derechos de indígenas es ejemplar en el mundo, sin embargo, la distancia entre las normativas legales y la realidad social es realmente preocupante.

¿Qué le sugiere al Gobierno?

Los programas de protección tienen que adecuarse a las situaciones de los pueblos indígenas; yo sé que se están haciendo esfuerzos en esa dirección, pero estos programas muchas veces se desarrollaron para situaciones en la vida urbana, creo que hay que adecuarlos mejor. Segundo, el cumplimiento con los autos de la Corte Constitucional para mejorar la protección de los pueblos indígenas. Igualmente, mejorar la consulta previa con los pueblos indígenas sobre cualquier injerencia en su territorio, sea por intereses económicos o por necesidades militares.

¿Para usted existen bandas delincuenciales emergentes, como lo dice el Gobierno, o paramilitares rearmados?

Este es un espectro bastante heterogéneo de grupos y de comportamientos diferentes. Muchos de esos grupos sí tienen connotación claramente criminal en el narcotráfico, hay algunos que son de índole paramilitar y entre estos dos extremos hay una serie en donde el esquema no es tan claro.

Nos preocupa la ola de violencia que estos grupos están ejerciendo contra la población civil, amenazas. Sobre los panfletos creemos que sí tienen que ver con ellos. Recibimos muchas denuncias, sabemos que hay reaparición de masacres cometidas por parte de estos grupos. También sabemos que hay muchos mandos medios de las antiguas Auc que están metidos allí.

En los cuatro años que lleva vigente, ¿qué méritos y fallas graves tiene la Ley de Justicia y Paz?

Hasta ahora no ha habido un fallo. Hubo una sentencia, pero fue revocada. En ese sentido el tema de justicia tiene que replantearse seriamente, cómo mejorar la ley para crear justicia. En el aspecto de la verdad se ha hecho un esfuerzo grande, muchas de las verdades que salieron en el marco del proceso de Justicia y Paz no se esperaban. Esta ley ha generado mucha información, por ejemplo para las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre parapolítica, que no hubieran sido posibles sin estas revelaciones. También es una consecuencia de la ley que familiares de personas que sufrieron desapariciones forzadas se animaran este año a denunciar para las exhumaciones y la búsqueda de dónde pueden estar sus seres queridos.

La verdad histórica sobre el conflicto interno no puede ser solucionada por medio de la justicia, la verdad es algo muy profundo que abarca todos los ámbitos: políticos, económicos, culturales. Por eso es importante reforzar esta ley con otros mecanismos de búsqueda de verdad. Sin embargo, en el tema de justicia, esta ley no ha rendido hasta ahora lo que las víctimas esperan.

El año pasado fueron extraditados 12 jefes paramilitares. ¿No cree que la verdad se fue con ellos?

La extradición es un instrumento internacional muy importante en la lucha contra la impunidad. Nosotros nos hemos pronunciado acerca de que había un riesgo al extraditar a estos paramilitares: que se perjudiquen las investigaciones de justicia y paz.

Ha sido muy importante que la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia haya aclarado que comparando la relevancia de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad con la de las investigaciones de delitos de narcotráfico es menester dar prioridad a las primeras. Ojalá que con los pasos que se han dado para establecer una mejor cooperación entre la justicia de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se puedan dinamizar las investigaciones con los líderes paramilitares encarcelados en Estados Unidos.

A su parecer, ¿qué tan importante ha sido la presencia de la Defensoría del Pueblo en todos los procesos relacionados con los Derechos Humanos?

El trabajo que se está haciendo en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría es muy valioso. Las instituciones estatales no están dando un buen espacio a ese trabajo. El año pasado registramos los informes de riesgo de posibles violaciones masivas de Derechos Humanos a la población civil en diferentes regiones del país; fueron aceptados sólo por la mitad de las autoridades competentes.

¿Qué se puede hacer para que se acojan estos informes de riesgo?

Hemos hablado con el Ministerio del Interior sobre la importancia de dar más seguimiento a estos informes. Valoramos que el Parlamento colombiano recientemente aprobara un presupuesto con un alza significativa de los fondos para la defensoría en su trabajo de Alertas Tempranas, pero repito hay que solucionar más esos temas de la aplicación práctica del trabajo de análisis y alerta de la Defensoría.

¿Qué pasará a finalizar este año con la presencia de la Corte Penal Internacional en Colombia?

Colombia es parte de los signatarios del Tratado de Roma (que da vigencia a la Corte), pero puso una reserva cuando firmó sobre la competencia de la Corte en crímenes de guerra. Esa reserva vence este noviembre, entonces el Tratado será aplicado plenamente. El fiscal de la CPI está monitoreando la situación en Colombia y lo veremos lo que pase después de noviembre.

Fuente: El Espectador