Régimen político, paramilitarismo y fosas comunes: una catástrofe humanitaria en el suroccidente colombiano

Athemay Sterling
Voz/Rebelion.org
26/04/08

Se espera que con la exhumación de los despojos mortales de decenas de miles de personas - desaparecidas, asesinadas y ejecutadas extrajudicialmente desde 1986 por el paramilitarismo con el visto bueno y apoyo de sus aliados y amigos dentro y fuera de organismos estatales,- todas ellas encontradas y por encontrar en múltiples fosas comunes, se pueda determinar la identidad de los restos óseos, sus victimarios intelectuales y materiales, y lo macabro: saber cómo fueron brutal y dantescamente ultimados.

Seguramente con la ayuda científica de antropólogos forenses y de personal calificado de la Fiscalía, El Das, la Procuraduría, las Personerías, Defensoría, veedurías de víctimas, el Movice, Organismos internacionales y nacionales defensoras de DDHH y familiares, se pueda conocer parte de esta verdad para que coincida la verdad judicial con la verdad histórica como parte integrante para que haya justicias real y efectiva reparación integral a las víctimas sobrevivientes y a la sociedad, para evitar su repetición.

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Lo que se conoce hasta ahora es el informe de organismos estatales y no estatales y familiares de las víctimas, quienes denuncian la desaparición forzada de cerca de treinta y cinco mil personas en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, región sur occidental fuertemente militarizada y para militarizada en el período comprendido entre 1986 y 2008, es decir, desde que se comenzó a concretar la tenaza neoliberal y fascista, y que con diferentes planes bélicos agudizó la crisis humanitaria y social conduciéndola a la catástrofe que hoy afronta.

La existencia macabra de centenares de fosas comunes en esta región del sur occidente colombiano, se contextualiza en el marco económico, jurídico y político de este período que inicia con la guerra sucia contra el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, conocida como el Genocidio Político contra estas dos organizaciones civilistas y de oposición legal al régimen.

II

Fue el Gobierno de Virgilio Barco desde 1986 quien desarrolló la tenaza neoliberal-fascista que más adelante su discípulo César Gaviria la concretó, al combinar la llamada "Apertura Económica Neoliberal" con la autodenominada "Guerra Integral" de rasgos fascistas , como doble golpe a lo que sería la exclusión de una parte importante de la sociedad y del movimiento popular de lo que se llamó "Acuerdo de Paz" o nueva Constitución de claro eclecticismo, sin que resolviera de fondo los problemas cruciales y las causas reales del conflicto social y armado colombiano.

Este primer período de los últimos veinte años abre camino favorable a lo que hoy se dice llamar uribismo, es decir: la combinación neoliberal-fascista, alimentada desde el inmediato pretérito por los Gobiernos de Samper y Pastrana, donde no fue ajena en ellos la práctica de acciones violatorias contra el pueblo, los trabajadores y la oposición civilista al régimen.

Las masacres abundaron, continuó el genocidio político contra los comunistas colombianos, la Unión Patriótica y el pueblo.

En esta etapa se impuso la desruralización, la desindustrialización, la privatización de lo estatal, la precarización de la vida laboral, el aumento del desempleo y de la informalidad, la pérdida de conquistas laborales y prestacionales, el éxodo de colombianos por su condición política opositora al régimen, la penalización de toda protesta social , prevalece la política oficial de convertir la problemática social en problema de orden público, se crean, actúan y fracasan onerosos planes militares, se impone el control del capital financiero de la vida nacional, se manifiesta el apoyo estatal a mega proyectos transnacionales que para su imposición impulsan masacres y desplazamientos forzados, se fortalece desde el Estado la alienación colectiva por intermedio y a favor del poder monopólico de los medios comerciales de comunicación. Con el Paramilitarismo transversalizando esta complejidad de situaciones.

Las torturas, detenciones masivas, masacres, muertes selectivas de dirigentes populares, genocidio estatal contra el movimiento sindical y contra los defensores humanos es pan de cada día, en una clara catástrofe humanitaria y social donde el Estado y el régimen político por acción, omisión y muchas veces por sumisión al Imperio son culpables.

III

Así el paramilitarismo, con diferentes nombres y denominaciones, sus creadores y financiadores dentro del régimen continuista, la industria, del bipartidismo, de los terratenientes y grandes ganaderos, siempre como política de Estado, cumple el papel, para que acceda al poder la tenaza neoliberal-fascista, según se desprende de todos los hechos notorios y públicos hoy conocidos por las mismas confesiones expresadas a medias por varios de ellos, de los congresistas presos por para políticos, incluido el mismo primo del Presidente y además ex presidente del Congreso, quien para huir de las víctimas de él, quiso infructuosamente buscar asilo en la Embajada de Costa Rica y que hoy se encuentra en la Cárcel La Picota en Bogotá junto a varias decenas de otros congresistas que por acción u omisión son presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra al haber apoyado al paramilitarismo.

Claro que no están libres de responsabilidad los gobernantes regionales como Gobernadores y Alcaldes, seguramente Diputados y Concejales de las regiones que seguramente conociendo todos estos hechos cohonestaron y prevaricaron por acción o por omisión, pues la conducta punible de los paramilitares se realizó en Departamentos y Municipios concretos.

IV

El sur occidente no escapa a esta catástrofe humanitaria, por ejemplo según declaraciones y confesiones expresadas en diligencias judiciales y también ante diferentes medios de comunicación varios integrantes con rango y mandos paramilitares diferentes, han exteriorizado su accionar vinculando a militares, a otros servidores públicos, a políticos y a personas de fuera y dentro de la institucionalidad.

El proceder macabro de las masacres, del descuartizar las víctimas, desmembrar los cuerpos para enterrarlos "más económicamente", mutilarlos con moto sierras, freír las partes pulpas y grasosas de los cadáveres y deglutirlas posteriormente con nítida actitud caníbal y sanguinaria por ejemplo, y otras prácticas que se tipifican como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, expresadas por varios paramilitares y conocidas en diferentes medios de comunicación, ocurrieron en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo como así lo manifestaron varios de ellos y conocidas públicamente.

En el caso del Valle del Cauca, Trujillo desde 1989 hasta ahora ha sufrido esta barbarie, cuando en ese entonces fueron aserrados hasta morir más de trescientas personas y muchas de ellas arrojadas al río, hasta hoy cuando en la Sonora parte rural alta de este municipio hay un cementerio paramilitar con varias fosas y muchos despojos mortales.

Igual sucede en Montañitas en Yumbo y la Cumbre, Dagua, La Buitrera y el Arenillo en Palmira, Galicia, Pardo Alto, Bugalagrande, Tuluá, Barragán, La Marina, Jicaramata, Venus, Monteloro, Puerto Frazadas, Buenaventura, La Inmaculada,, Gamboa, Candelaria, Villa Gorgona, Jamundí, Robles, Jamundí, San Antonio, Asnazú, La Liberia, San Antonio, Santander de Quilichao, San Pedro, Mondomo, Cajibío. La Hormiga y Orito en el Putumayo, Tumaco, Remolinos, Policarpa, Barbacoas, Llorente, El Diviso en Nariño.

De lo que se trata ahora no es sólo exhumar los despojos mortales, se trata también identificarlos, ubicar sus familiares, acompañarlos en el duelo familiar, social y político, también descubrir los victimarios dentro y fuera de las Instituciones Oficiales, accionar jurídicamente contra el Estado, por un lado, y también por otro aspecto, accionar no como repetición judicial sino en el marco del Estatuto de Roma o de Tribunales Internacionales contra los funcionarios y servidores públicos en los tres poderes y en los organismos de seguridad que presuntamente estén involucrados en estos crímenes genocidas, de guerra y de lesa humanidad, que deben ser denunciados también este 1 de mayo contra la guerra y el autoritarismo, por la paz con justicia social, por la solución política al conflicto social y armado colombiano y por el intercambio humanitario.

No podrá haber ni perdón, ni olvido a estos crímenes que atentan contra la humanidad.

Athemay Sterling: Director Centro de Derechos Humanos Universidad Santiago de Cali, Consejero Superior Universitario, Abogado Defensor de Derechos Humanos, integrante del Equipo periodístico de VOZ, Subdirector CPDH y ANDAS Valle, constituyente de la Comisión de Impulso al Intercambio Humanitario, profesor Universitario, Director de Derecho Preventivo & Derechos Humanos, escritor, historiador y analista político, Ex Consejero Departamental y Asesor de Paz, conferencista nacional e internacional sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, sobreviviente del genocidio político cometido por el Estado contra el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, Consultor de la Sección América de la Federación Sindical Mundial con sede en la Habana Cuba.
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