18.000 casas palestinas demolidas desde 1967

M. de L. y G. M
Diagonal/Rebelion.org
19/11/07

El 1 de noviembre, las autoridades israelíes demolieron nueve viviendas en las localidades de Ouadi Annaam y Sirra, en el Neguev. Dos días antes, el Ejército arrasó las tiendas de campaña y casas de un pueblo, al oeste de Hebrón, y obligó a sus 267 habitantes a desplazarse a una localidad cercana. Éstas son algunas de las más de 18.000 casas palestinas demolidas por Israel en los Territorios Ocupados desde 1967, según el Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD).

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“En los Territorios Ocupados se demuelen entre 350 y 400 casas al año. Lo interesante es que, no en los Territorios, sino en Israel mismo, el Gobierno demuele 850 estructuras al año. No hay ningún país democrático en el mundo que destruya tal cantidad de casas”, explica a DIAGONAL Meir Margalit, coordinador del ICAHD. Según el Centro de Medios Palestino, desde 2003, 12.000 viviendas en Galilea y 30.000 en el Neguev han recibido una orden de demolición, que puede ser ejecutada en cualquier momento. “Desde el momento en que se da la orden, el buldózer puede llegar a las 24 horas, pero también a los 24 años, porque una orden de demolición no caduca. Tenemos casos de viviendas demolidas por una orden que se emitió 15 años atrás”, explica Margalit.

Una parte de las demoliciones son justificadas por Israel sobre la base de que las viviendas carecen de licencia de construcción. Sin embargo, según Amnistía Internacional (AI), “la principal razón por la que muchas casas se construyen sin licencia en el sector árabe de Israel y en parte de los Territorios Ocupados es que es muy difícil y a menudo imposible para los árabes israelíes y los palestinos conseguir esos permisos”. Desde 2000, 1.900 viviendas han sido demolidas por este motivo. En Israel se construyen unas mil viviendas al año de forma ilegal, según Margalit, quien afirma que el proceso de demoliciones “es algo maquiavélico, primero porque es legal, todo se hace de acuerdo a la ley”. A pesar de ello, las demoliciones violan la Convención de la Haya, la Cuarta Convención de Ginebra y otras leyes internacionales.

Por otro lado, gran parte de las demoliciones en Gaza y Cisjordania se hacen “por necesidades militares o de seguridad”, según Israel, lo que incluye las demoliciones como castigo colectivo a las familias de palestinos acusados de atacar Israel: durante la segunda Intifada, una media de 12 civiles perdió su hogar por cada una de las 628 casas demolidas como castigo. También durante este período, unas 5.000 casas palestinas fueron destruidas en operaciones militares, y decenas de miles quedaron inhabitables: 50.000 palestinos quedaron sin hogar, según Human Rights Watch. Pero las “necesidades militares” también incluyen la destrucción de viviendas para la expansión de asentamientos y carreteras israelíes, para la construcción del muro y para la anexión de tierras. “Si se observa dónde se da la mayor parte de las demoliciones, alrededor de asentamientos o en carreteras que conducen a asentamientos, se entiende mejor la estrategia de Israel”, afirma Margalit.

Según AI, “la destrucción de casas palestinas, tierras agrícolas y otras propiedades en los Territorios Ocupados está ligada de manera inextricable con la política israelí de apropiarse de toda la tierra que pueda, principalmente por medio de asentamientos”.

La asfixia de Gaza

Dos meses después de que Israel la declarara “entidad enemiga”, Gaza intenta sobrevivir entre cortes de suministro de combustible, que alcanzan el 50%, y las amenazas del ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, quien ha advertido de que “cada día que pasa nos lleva más cerca de una operación amplia en Gaza”. A la espera de esta operación amplia, las operaciones a pequeña escala han dejado 41 muertos y decenas de heridos y detenidos sólo en octubre. Debido al aislamiento constante, el 90% de la producción industrial ha cesado y la producción agrícola ha caído a la mitad. El bloqueo de más de 9.000 mercancías, que Israel no deja pasar a la franja, según la Campaña Fin al Asedio, ha provocado el incremento del precio de los productos básicos en más de 30%. Con un índice de pobreza que se sitúa en el 88% y un índice de paro del 75%, 1,5 millones de personas tratan de sobrevivir en una cárcel de 365 km. cuadrados.