Confiesan grupos paramilitares de ultraderecha en Colombia más de 30.000 asesinatos

Tercera Información
05/03/10

Los ex integrantes de los grupos paramilitares de ultraderecha, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, han confesado más de 30.000 asesinatos cometidos en las dos últimas décadas en Colombia, según un reporte de la Fiscalía General.

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Los ex integrantes de los grupos paramilitares de ultraderecha en Colombia, han confesado haber cometido más de 30 000 asesinatos en las dos últimas décadas, según un reporte de la Fiscalía General. Las revelaciones han sido hechas en el marco de las indagatorias a que accedieron los delincuentes que se acogieron a la llamada Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso a pedido del Gobierno, para dar soporte jurídico al proceso de negociaciones que se lleva a cabo con las organizaciones paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia.

Según el más reciente reporte de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, encargada de investigar a los ex integrantes de las AUC, éstos han confesado 30.470 asesinatos.

Asimismo, han admitido que cometieron más de un millar de masacres y que propiciaron la desaparición forzada de 2.500 personas.

Las confesiones de quienes se han sometido a la justicia han permitido la apertura de investigaciones por complicidad contra 311 dirigentes políticos, 240 integrantes de las Fuerzas Armadas y 106 funcionarios de diversas instituciones públicas, según el reporte.

El diario "El Tiempo" señaló hace un mes que la fiscalía ha logrado documentar en 400 poblaciones del país unas 300.000 denuncias que se refieren al asesinato de al menos 150.000 personas por parte de los paramilitares, por lo que hay una enorme diferencia entre los homicidios cometidos y los confesados.

Unos 32.000 integrantes de las AUC se desmovilizaron en un proceso de negociaciones con el gobierno entre 2003 y 2006, de los cuales cerca de 2.000 han confesado los 30.470 asesinatos.

La fiscalía advierte que si la justicia logra comprobar la culpabilidad de un paramilitar en un delito no confesado, éste pierde los beneficios judiciales y puede ser condenado a 40 años de cárcel, de acuerdo con las normas ordinarias.

La Ley de Justicia y Paz establece penas inferiores a ocho años de prisión.