Se promulgan leyes claves en Argentina

Página 12
26/11/09

A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jefa de Estado promulgó la norma que permite a los jueces intervinientes en causas por apropiaciones ilegítimas obtener muestras de ADN "por medios alternativos". También se promulgaron la autarquía del Banco Nacional de Datos Genéticos y la despenalización de la figura de calumnias e injurias en casos de interés público.

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La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó hoy los decretos de promulgación de leyes clave en materia de derechos humanos y de libertad de prensa. Así lo anunció el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al término del acto que se llevó a cabo en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, con la asistencia de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Horacio Verbitsky y de otras entidades vinculadas con los derechos humanos.

Para Estela Carlotto el procedimiento para la extracción de ADN no es "compulsiva", sino que es "una metodología alternativa no violenta, no invasiva y con respeto" para lograr información genética a través de un equipo especialmente preparado para abordar el tema. Añadió que quien no quiere dar sangre "va en contra de sus derechos". Subrayó que "no estamos en guerra con nadie, pero no dejaremos de insistir para que nuestros niños recuperen sus derechos", y calificó la jornada como "un día magnífico".

Carlotto agregó que el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el hospital Durand, creado en 1984 con el auxilio de destacados científicos internacionales para procesar la sangre de los nietos robados durante la dictadura, ahora será del Estado nacional y contará con la tecnología necesaria.

Por su parte, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, aseguró que la despenalización de las figuras de "calumnias e injurias", en caso de interés público, se encuentra en sintonía con un fallo de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Eduardo Kimel, quien fue condenado a raíz de la investigación en la que criticaba la actuación de un juez en la llamada Masacre de los Padres Palotinos, ocurrida en 1976, y aclaró que "si se trata de cuestiones privadas entre ciudadanos, sigue rigiendo el Código anterior".