La impotencia de Obama para cerrar Guantánamo en la fecha fijada es un desastre

Andy Worthington
andyworthington.co.uk
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
23/11/09

La admisión en China por parte del Presidente Obama de que no va a poder cumplir la fecha tope de enero que él mismo se impuso para cerrar Guantánamo representa un desastre para la mayoría de los 215 hombres retenidos aún allí y para quienes esperaban, hace diez meses, que actuaría con rapidez para clausurar ese amargo icono de las ilegales políticas de detención e interrogatorio de la administración Bush en la llamada “Guerra contra el Terror”.

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A pesar de anunciar el cierre de Guantánamo en su segundo día en el poder, como parte de una serie de órdenes ejecutivas que intentaban corregir los excesos del ejecutivo de la administración Bush, Obama ha fracasado a la hora de poner en marcha un plan meticuloso a tal fin, al perder la oportunidad de llevar a la zona continental estadounidense a un conjunto de hombres erróneamente encarcelados (los uigures, musulmanes chinos cuya liberación en EEUU había ordenado un juez de tribunal de distrito), y por permitir que los alarmistas republicanos se carguen la iniciativa, movilizando a los congresistas (incluso a algunos del propio partido de Obama) y aprobando leyes que impiden que cualquier prisionero absuelto sea liberado en Estados Unidos.

Hace muy poco, los congresistas estaban incluso dispuestos a llegar tan lejos como para impedir que la administración, en ningún caso, pudiera llevar a los prisioneros a la parte continental estadounidense, ni siquiera para someterles a enjuiciamiento. Altos oficiales contraatacaron esta propuesta y anunciaron la pasada semana que diez prisioneros, incluido Khalid Sheikh Mohammed, el auto-confeso cerebro de los ataques del 11/S, iban a ser trasladados a EEUU para someterse a juicio, bien en tribunales federales o en una reformada versión de las muy criticadas Comisiones Militares, introducidas en noviembre de 2001 y reactivadas por el Congreso en 2006, aún después de que el Tribunal Supremo de EEUU hubiera dictaminado su ilegalidad.

Sin embargo, los funcionarios de la administración han explicado también, como describió el Washington Post, que el gobierno sólo va a intentar llevar a juicio a un total de 40 prisioneros, dejando a 175 hombres en Guantánamo en una situación difícil que se ha ido complicando desde que el Congreso se levantó contra las intenciones de Obama con una actitud cada vez más alarmante.

Mientras la fecha límite fijada por Obama hubiera tenido vigencia, el Presidente habría podido intentar persuadir a los congresistas de que depusieran su oposición a llevar a esos 175 hombres al continente y así poder cerrar Guantánamo como prometió.

Sin embargo, con el Presidente concediendo públicamente ya que eso no va a ser posible y negándose a fijar una nueva fecha límite, es difícil calcular qué presiones va a poder ejercer la administración sobre los congresistas para persuadirles de que cambien su oposición a permitir que cualquier prisionero vaya a EEUU, a menos que sea para someterse a juicio.

La horrible verdad es que, como consecuencia de todo ello, los prisioneros liberados por las juntas militares de revisión bajo la administración Bush, por la comisión interinstitucional de la administración Obama, establecida como parte de sus órdenes ejecutivas, o por los tribunales estadounidenses, tras las peticiones conseguidas de habeas corpus, no pueden ser repatriados porque se teme que puedan ser torturados en sus países de origen y no tienen más alternativa que permanecer en Guantánamo hasta que, si fuera posible, se encuentren otros países que quieran aceptarles.

Según los funcionarios, alrededor de 90 prisioneros a los que se ha ordenado liberar siguen aún en Guantánamo y una mayoría de ellos –procedentes de países entre los que se incluyen Argelia, China, Libia, Siria, Túnez y Uzbekistán- no pueden ser repatriados. Los países europeos han aceptado hasta ahora un puñado de prisioneros libres de cargos, pero un factor importante que ha bloqueado que se pudieran acoger más ha sido la misma negativa de los estadounidenses a recibir a prisioneros declarados libres de cargos.

El otro grupo –alrededor de 75, según los funcionarios de la administración- está constituido por aquéllos a quienes el gobierno no desea acusar ni liberar, afirmando que son demasiado peligrosos para liberarles pero que no hay pruebas suficientes para llevarles a juicio, o que la prueba está contaminada por el uso de la tortura (o, como el Washington Post señaló, “debido a determinadas cuestiones de las pruebas efectuadas y límites en el uso de material clasificado”). Esto es profundamente inquietante porque, sencillamente, no hay excusa que valga para mantener a personas en una situación que es esencialmente una forma idéntica de “detención preventiva” a la practicada por la administración Bush, y a los prisioneros, o se les acusa de algo o se les libera.

En el caso de un número pequeño de esos hombres –ocho, hasta la fecha-, la administración puede justificar sus acciones porque perdieron su petición de habeas corpus ante los jueces del tribunal de distrito, que dictaminaron que el gobierno había establecido, mediante prueba irrefutable, que estaban asociados con al-Qaida y/o los talibanes. Como consecuencia, el gobierno puede continuar reteniéndoles en virtud de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, el documento fundador de la “Guerra del Terror” de la administración Bush, a través de la cual el Congreso autorizó al Presidente “para utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él pudiera determinar que habían planeado, autorizado, cometido o ayudado en los ataques terroristas acaecidos el 11 de septiembre de 2001, o que pudieron dar refugio a tales organizaciones o personas”.

Es difícil comprender por qué los funcionarios de la administración mencionaron la cifra de prisioneros a los que la administración intenta retener indefinidamente sin acusación ni juicio, aunque sus actuales peticiones de habeas corpus pongan esas decisiones en manos de los jueces, que son quienes deben decidir. A la larga, resulta dudoso que se pueda aceptar retener prisioneros sobre esta base, especialmente si resulta que pueden seguir detenidos por el resto de sus vidas por “crímenes” no más atroces que, por ejemplo, haber cocinado para una fuerza de combate árabe que apoyaba a los talibanes en 2001.

En un mundo no corrompido por la ilegalidad de la administración Bush, se les habría retenido como prisioneros de guerra en virtud de los Convenios de Ginebra, que establecen que pueden ser retenidos hasta el fin de las hostilidades (en cuyo caso seguirían aún detenidos, porque nadie parece tener idea alguna de cuando esta particular guerra va a llegar a su fin). Sin embargo, esto no sucedió así, desde luego, y, como consecuencia, la administración necesita hacer todo cuanto esté en su poder para facilitar las peticiones de habeas corpus de la mayoría de esos 75 hombres, y liberar a aquéllos cuyas peticiones sean aceptadas (como se ha decidido hasta ahora en 30 de los 38 casos).

Incluso así, sigue siendo inaceptable que esos hombres tengan que permanecer en Guantánamo mientras sus peticiones pasan a los tribunales, al igual que sigue siendo inaceptable que prisioneros declarados libres de cargos sigan pudriéndose en Guantánamo un minuto más, y mucho menos meses o posiblemente años más allá de los límites que la administración ha demostrado que es incapaz de respetar.

En una entrevista a Fox News que siguió a su anuncio sobre Guantánamo, el Presidente Obama explicó: “Estamos en camino y en un proceso donde anticiparía que Guantánamo se cerrará el próximo año. No voy a fijar una fecha exacta porque gran parte de esta cuestión depende también de la cooperación del Congreso”.

Esa última línea resume sucintamente el problema, y sólo puedo confiar en que esta cooperación sea inminente, aunque un problema importante y que se aprecia con toda claridad, es que los republicanos están dispuestos a seguir fastidiando todo lo que puedan al Presidente. Sin embargo, si eso no sucede, el fracaso en el cierre de Guantánamo arrojará una sombra oscura sobre la presidencia de Obama, y otra más oscura aún sobre los prisioneros –ya sean hombres declarados libres de cargos o quienes aún continúan sin acusación ni juicio-, que llegarán a la muy justa conclusión de que, para ellos, no hay justicia alguna en los Estados Unidos.

Andy Worthington es autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison (publicado por Pluto Press, distribuido por Macmillan en EEUU, y que puede solicitarse de Amazon, haciendo clic en US y UK). Para recibir nuevos artículos en su buzón, por favor suscríbase aquí: RSS feed (también puede encontrarse en Facebook y Twitter). Puede consultarse también la lista definitiva de prisioneros de Guantánamo, publicada en marzo de 2009, y detalles sobre mi película en: "Outside the Law: Stories from Guantánamo" (codirigida con Polly Nash y lanzada in octubre de 2009). Si Vd. aprecia mi trabajo, puede hacer aquí una donación.