Honduras: Misión de OEA choca con negativa del régimen

Thelma Mejía
IPS
26/08/09

Una misión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encontró con una nueva negativa del régimen de facto de Honduras a considerar el retorno de Manuel Zelaya a su cargo de presidente, del que fue depuesto el 28 de junio por un golpe de Estado.

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En una visita de 24 horas, los cancilleres se entrevistaron con sectores políticos, sociales, empresariales y gremiales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la cooperación internacional, líderes religiosos y hasta con la cúpula militar, como parte de una estrategia de ablandamiento para conseguir que el régimen suscribiera la propuesta de solución a la crisis, concebida por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias.

Esa propuesta tiene como punto medular el regreso de Zelaya a su cargo, para que culmine su mandato en enero, con potestades recortadas y con celebración anticipada de elecciones bajo supervisión internacional y con una amnistía para los delitos políticos cometidos desde el golpe de Estado, entre otros aspectos.

Los ministros extranjeros también se reunieron con simpatizantes de Zelaya y miembros de su destituido gabinete.

La delegación de la OEA, encabezada por el secretario general José Miguel Insulza en calidad de "observador", se reunió también con funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial y de órganos contralores, y dejó para el final el encuentro con el presidente de facto, Roberto Micheletti.

Conformaron la misión los cancilleres Bruno Stagno, de Costa Rica, Peter Kent, de Canadá, Kenneth Baugh, de Jamaica, Patricia Espinosa, de México, Jorge Taiana, de Argentina, Carlos Morales Troncoso, de República Dominicana, y Juan Carlos Varela, de Panamá.

En un comunicado leído al término de la visita por Stagno, la delegación dijo que "lamentaba" no haber encontrado respaldo para la propuesta de Arias.

Según el canciller costarricense, en los diálogos sostenidos con los sectores que respaldan al régimen, éstos expresaron sus temores de que un retorno de Zelaya agudice el clima de inestabilidad y "no garantice la paz en el país".

Mientras, los seguidores de Zelaya expresaron preocupación por las violaciones a los derechos humanos y por su integridad física, dijo el ministro.

Stagno informó que la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, quien se convirtió en la portavoz del depuesto mandatario, afirmó que éste estaba dispuesto a firmar la llamada propuesta de San José en cada uno de sus puntos "de inmediato, si era necesario".

"Lamentablemente no se ha logrado en esta ocasión tener el respaldo hacia el acuerdo de San José, como una instancia de reconciliación para lograr el restablecimiento democrático de Honduras", dijo Stagno.

En las entrevistas con los tres poderes del Estado, hubo objeciones al plan en cuanto a la propuesta amnistía para los delitos políticos cometidos en torno del golpe y al retorno condicionado de Zelaya.

Micheletti agradeció la visita y afirmó que "por fin vinieron a escuchar al pueblo y a las organizaciones, ya que ningún presidente de un poder del Estado tiene el derecho de hacer lo que le de la gana con este país".

"Aquí están en marcha los tres poderes del Estado, todos estamos trabajando y no tenemos miedo al embargo de nadie, hemos analizado con tranquilidad lo que se nos puede venir, y vamos a salir adelante. Nos han enviado diversos tipos de mensajes, y a menos que nos quieran enviar y lanzar tropas, situaciones que no deberían darse, nadie nos va imponer nada, nosotros vamos a resistir", insistió Micheletti.

Honduras celebrará elecciones generales el 29 de noviembre, agregó. "Las vamos a realizar, nos reconozcan o no nos reconozcan las naciones del mundo. Nosotros iremos a elecciones, quiero que eso les queda claro", arengó.

En cuanto al regreso de Zelaya, "les he dicho (a los cancilleres) y ratifico que estoy dispuesto a renunciar, porque no busqué este cargo, no tengo problemas en una 'tercería' como opción viable, quiero que ustedes se lleven eso al seno de la OEA, siempre y cuando garanticen que a Honduras le serán restituidos todos sus derechos como país hasta ahora negados", afirmó.

El presidente golpista se refería a la posibilidad de que ni él ni Zelaya concluyan el período del mandato presidencial y se nombre en cambio a una tercera persona para concluir el período, algo que no forma parte de la propuesta de Arias.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales y una de las figuras más poderosas que apoyan al régimen golpista, Adolfo Facussé, dijo a IPS que la canciller mexicana Espinosa, "en nombre de la señora Hillary (Rodham) Clinton (jefa de la diplomacia estadounidense) nos dijo que nos iban a embargar cuentas y otros negocios, así como la descertificación de Puerto Cortés", la principal terminal marítima de este país, clave para el comercio con Estados Unidos.

La cancillería mexicana negó esa versión.

Stagno instó a los actores implicados en el conflicto a "abstenerse" de declaraciones que alteraran el espíritu y la continuidad de las negociaciones.

El dirigente del Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado, Israel Salinas, dijo a IPS que la visita de los cancilleres es una de las "últimas opciones" para presionar por un retorno de Zelaya, pero "como los resultados no han sido favorables, estaremos por adoptar nuevas decisiones políticas".

En las últimas semanas, arreció la presión internacional sobre el régimen de Micheletti, con la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar denuncias de violaciones en la materia, seguida del juez español Baltasar Garzón, invitado por grupos humanitarios locales que solicitaron su asesoría para presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional.

Garzón, quien abandonó el país este martes, fue relevado casi en forma simultánea por la misión de cancilleres de la OEA.

Ante la resistencia del régimen de facto, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos anunció este martes la suspensión de visas para hondureños no inmigrantes que quieran viajar a ese país. La medida entrará en vigencia este miércoles, según un comunicado difundido en Washington.