Malas noticias para las libertades civiles en Europa

Pedro Martínez García
Internautas.org10/08/08

No ofrece duda alguna que las nuevas tecnologías y sobre todo la regulación de las tecnologías de la información y comunicación, (TICs) son el campo de batalla sobre el que se libra la lucha por los derechos civiles. Lo que esta sucediendo en el Parlamento Europeo es un claro ejemplo, ya que una noticia difundida los primeros días de julio de 2008, ha hecho saltar todas las alarmas. Al parecer, en el paquete de medidas para regular las telecomunicaciones en la Unión Europea( TELECOM), cuya tramitación acaba de iniciarse, están incluidas una serie de enmiendas que de aprobarse supondrían un recorte de las libertades civiles.

...Siga leyendo, haciendo click en el título...


En principio y según la información facilitada por el Gabinete de Prensa del Parlamento Europeo. El proyecto, se refiere, a la protección de los derechos de los consumidores, impidiendo el abuso de posición dominante de algunos operadores de Internet lo que repercutiría positivamente en el fomento de la libre competencia. Además se prevé garantizar el acceso desde el extranjero a números de teléfono gratuitos, garantizar el acceso universal a los servicios, acelerar la llamada portabilidad (mantener el mismo número de teléfono al cambiar de operador) y el refuerzo del numero europeo de emergencias 112.

También se ocupa del nuevo espectro radioeléctrico, que se producirá de aquí a 2012 gracias al paso digital de la televisión: una revolución que liberará una importante red de banda ancha, y permitirá que sea utilizada por los distribuidores de Internet, accediendo a una transmisión aún más rápida de información y más barata lo que ha de permitir un mayor desarrollo de los servicios públicos

El paquete (TELECOM) incluye cuatro propuestas legislativas y una declaración política sobre la "brecha digital", redactada por la parlamentaria liberal italiana Patrizia Toia. El trabajo inicial, consistente en analizar y proponer enmiendas a los textos propuestos corre a cargo de dos comisiones parlamentarias: la de Mercado Interno y la de Industria.

Así, la primera se ocupa de la directiva sobre derechos de los ciudadanos, relativa a la provisión universal de servicios de telecomunicaciones, la protección de los datos personales o de los consumidores; el ponente del “inquietante” informe correspondiente es el eurodiputado británico del Partido Popular Europeo Malcolm Harbour.

En la comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía se trabaja en tres informes: uno sobre las comunicaciones electrónicas, a cargo de la socialista francesa Catherine Trautmann; otro relativo a la creación de una autoridad europea del mercado de las comunicaciones electrónicas, de la popular española Pilar del Castillo, y un tercero en torno a la telefonía móvil, cuya ponente es la socialista española Francisca Pleguezuelos.

Desde esta perspectiva idílica, es incomprensible el grito de alarma que sacudió la red los días previos al debate en Comisión, lo que no evito la aprobación de los cuatro informes sin dificultad alguna el pasado 7 de julio, salvo el informe Harbour que fue objeto de oposición a raíz del malestar que se está generando en la opinión publica, (numerosos internautas y colectivos de defensa de los derechos civiles mandaron cartas a todos los europarlamentarios pidiéndoles que se posicionaran en contra de las enmiendas Harbour). Por el momento la protesta solo ha conseguido un aplazamiento de la reunión del Pleno del día 2 a la tercera semana de septiembre, lo que da un limitado margen de actuación para informar a los eurodiputados y movilizar a la opinión publica mediante una campaña en la que sin duda Internet será la protagonista.

La aptitud de los internautas europeos y demás defensores de derechos civiles se debe a que las enmiendas conocidas como H1, H2, H3, por corresponderse con la inicial de su patrocinador el Eurodiputado, británico Malcolm Harbour (Partido Conservador,) vendrían a completar y desarrollar el contenido de otras dos enmiendas recientemente aprobadas en otro Comité, el de Justicia y Libertades Civiles (LIBE), a propuesta del también Eurodiputado británico Syed Kamall, las denominadas por idénticas razones como K1 y K2, referidas a "medidas técnicas" para evitar o detectar infracciones de propiedad intelectual.

Estas medidas técnicas permiten la instalación y ejecución forzosa de software expía (spyware) capaz de monitorizar y filtrar las comunicaciones electrónicas, y el procesamiento automático de los datos de tráfico sin consentimiento del usuario, para garantizar "la seguridad de un servicio público de comunicaciones... públicas o privadas, un servicio de la Sociedad de la Información...".

Esto, en la practica supondrá una absoluta desprotección de los datos personales y un ataque directo a la privacidad, ya que permite a las empresas controlar de manera remota las comunicaciones electrónicas.

La enmienda H1, íntimamente relacionada con la K1 y K2, abre la puerta a “la computación de confianza”, también llamada “computación traicionera”, ya que el ordenador en determinados supuestos y de acuerdo con las reglas que recibe mediante actualizaciones no obedece al usuario, sino que se comporta de acuerdo con lo establecido en dichas reglas. Y junto con el "DRM" Gestión Digital de Restricciones, permite a las gestoras de derechos de autor el control remoto sobre los contenidos, como por ejemplo descargar música que sólo puede ser escuchada en un periodo de tiempo, o un determinado número de veces, o información que se puede leer pero no puede ser grabada o copiada, o que los vídeos y la música descargados sólo puedan ser reproducidos en una computadora específica... En este nuevo panorama en el que se desenvolverán los derechos de autor poco importa lo que digan las leyes, lo verdaderamente importante, lo que fijará los limites de lo que se puede hacer, serán las reglas que contiene el código oculto, reglas que serán actualizadas cuando interese a las entidades de gestión de contenidos, imponiéndose así un derecho de propiedad absoluta para los autores, justo lo contrario de lo que originariamente se pretendía con las leyes de Propiedad Intelectual.

Richard Stallman's, fundador del movimiento por el software libre, expresa esta tendencia con estas palabras “El software es cada vez más usado para hacer cumplir las reglas. Reglas que pueden, o no, ser la ley. Reglas que pueden, o no, ser justas. Si el software no es libre, no habrá espacio para que el usuario influya en estas reglas”.

Las otras dos enmiendas, H2 y H3, permiten a las autoridades reguladoras nacionales imponer a los ISPs la obligación de trabajar conjuntamente con la policía privada de los productores de contenidos y de las gestoras de derechos de autor, para monitorizar a los usuarios, cuando accedan a sitios “no seguros" ( es decir, cuando se usan programas para descargar). Esta colaboración incluye el envío de mensajes intimidatorios, sin supervisión judicial alguna, y en caso de negarse se arriesgan a ser sancionadas administrativamente.

Esta normativa crea en la legislación europea el mecanismo sin precedentes de la "respuesta gradual" francesa, en donde los Jueces y los Tribunales de Justicia son vaciados de sus competencias a favor de actores privados y "medidas técnicas" de vigilancia y filtrado ( spyware, la computación de confianza , el DMR...) eliminando así las garantías de los ciudadanos. En España la LISI admite esta posibilidad al permitir que una autoridad no judicial pueda retirar los contenidos de Internet.

En la actualidad nadie duda de la necesidad de restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura, tal y como establece la Directiva 200/31/CE (¿será una de las modificadas?) que aconseja "pactar códigos de conducta" y en idéntico sentido la reciente Resolución del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2008 (2007/2153 INI), sobre industrias culturales en Europa, que en el punto 17 invita a la búsqueda conjunta de soluciones equitativas para todos los interesados y señala que la criminalización de los consumidores sin animo de lucro no es una buena solución para combatir la piratería informática.

La normativa proyectada rompe con la filosofía del dialogo social y no sólo es incompatible con la arquitectura abierta de Internet, que hasta ahora permitía el uso del software libre, y con la neutralidad de la red ya que permite a las IPS priorizar y jerarquizar contenidos y discriminar otros, (ahora las redes P2P bajándoles la velocidad para dificultar la descarga, en un futuro próximo la telefonía por Internet y compartir será algo impracticable) sino que además afectan a derechos fundamentales ya consolidados, tales como la privacidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, el principio de igualdad e incluso la tutela judicial efectiva.

El problema básico del proceso legislativo que acaba de iniciarse en el Parlamento Europeo es la desinformación, y si además se le añade, que se abordan cuestiones sensibles susceptibles de suscitar una fuerte contestación popular en el caso de ser debatidas en primera instancia en los Parlamentos Nacionales, hace sospechar que se trata de una estrategia de los Lobbies para sacar adelante el proyecto de regulación vía Parlamento Europeo sin que trascienda a la opinión publica para eludir el debate a nivel nacional, o al menos minimizarlo al presentarla como la transposición de una Directiva Europea, tal y como sucedió con la Directiva 2006/24/CE, que incorpora el núcleo de la Patriot Act sobre conservación de datos de las comunicaciones electrónicas que ha pasado prácticamente desapercibida a pesar de suponer una severa lesión del derecho a la intimidad, hasta el punto de hacer realidad el Ciudadano de cristal.

Por eso, desde el punto de vista de la democracia interactiva, que posibilita la tecnología, seria deseable que se formulara una queja al Presidente del Parlamento Europeo para que toda la información sobre el paquete TELECOM se incorpore a la pagina web a fin que todos los ciudadanos puedan tener acceso a la información.

Pedro Martínez García, es Fiscal de la Comunidad de Madrid