Denuncian plan contra gobierno y Constituyente ecuatorianas
Prensa Latina
10/12/07
El asambleísta Trabajo Andrade denunció hoy la existencia de un plan desestabilizador por parte de la derecha contra la Constituyente y el gobierno ecuatoriano.
Andrade alertó sobre la aparición de focos de insurgencias en varias partes del país y a modo de ejemplo señaló que el alcalde la ciudad de Guayaquil, el socialcristiano (PSC) Jaime Nebot, amenazó con utilizar la fuerza a partir de enero próximo.
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Rememoró que Nebot, el líder del Partido Renovador Institucional (Prian), Alvaro Noboa; y Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica (PSP); dialogaron en febrero pasado sobre como boicotear al gobierno y desestabilizar al país.
Al referirse a los acontecimientos suscitados en Dayuma, provincia de Orellana, destacó la existencia de una red que va más allá de simples reivindicaciones cantonales, regionales y parroquiales.
Hay tráfico de drogas, contrabando de combustible y de armas, y por ello se necesita una investigación para responder a los reclamos populares y enfrentar un sistema montado para crear de manera permanente sabotajes, aseveró.
"Creo que los Gutiérrez (Lucio y su hermano Gilmar, del PSP) están atrás de esta estrategia, muy bien montada con el PSC y el Prian", enfatizó.
Andrade, ex ministro de Transporte, señaló que representantes de estas tres fuerzas políticas, conversaron también en días pasados en Manta, ciudad aledaña a Montecristi, sobre cómo boicotear la Constituyente.
Entre sus objetivos está crear división en la mayoría, los 80 representantes de Alianza País, y convertir la Asamblea en un congresillo más de esos que ellos dominaron de manera permanente.
Recalcó que conocen la situación y pretenden crear un ambiente de caos en la Constituyente con la introducción de temas que no son competencia de esta institución.
El asambleísta rememoró que este gobierno subió la participación económica por la explotación petrolera a los territorios de la Amazonía y busca soluciones de fondo.
Finalmente, destacó que la Asamblea tiene dos objetivos fundamentales: reformar el marco institucional del Estado y sentar las bases de un nuevo Ecuador, a través de una Constitución.
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