El comandante de la misión de la ONU en Darfur está acusado de genocidio

Miguel Ángel de Lucas, Periódico Diagonal (04-10-2007)

El general Karenzi, comandante militar de la misión contra la limpieza étnica en Darfur, participó en las matanzas contra exiliados hutus en la guerra del Congo de 1997. Es uno de los acusados de genocidio en una querella de la Audiencia Nacional.

Tiene a su cargo el mando conjunto de la misión híbrida de los cascos azules de la ONU y las tropas de la Unión Africana. Un despliegue de 7.000 soldados, que se ampliará hasta los 26.000 en los próximos meses.
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La misión ha llevado años de discusiones, complicadas gestiones diplomáticas y críticas por la inactividad de la comunidad internacional ante una crisis humanitaria que alcanza dimensiones de limpieza étnica. Se estima que 200.000 personas han muerto y 2,5 millones han sido desplazadas de sus hogares durante cuatro años de represión contra la población de Darfur, después de que grupos rebeldes de esta provincia se rebelasen contra el Gobierno de la capital sudanesa, Jartum. Por ese motivo, y después de años de presiones, el consentimiento del Gobierno sudanés para el despliegue de la misión conjunta de Naciones Unidas y la Unión Africana fue bien recibida en los foros internacionales. No obstante, otras voces se muestran más escépticas. Entre otras causas por los grandes intereses en juego.

A ello se suma la indignación causada por el historial del comandante adjunto de la misión, y es que el pasado de Karake Karenzi, jefe militar de las tropas de interposición, no se diferencia mucho de los famosos janjaweed sudaneses, los temibles escuadrones de la muerte progubernamentales que han perseguido a través del desierto a la población de Darfur. Según varias acusaciones, Karanzi tiene experiencia propia en lo que se refiere a comunidades perseguidas: en la segunda mitad de los años ‘90, durante la primera Guerra del Congo, participó al frente del Ejército de Ruanda en los bombardeos a los hutus en el exilio.

En la Audiencia Nacional

Estos hechos se encuentran recogidos en una querella criminal que se instruye en la Audiencia Nacional. El asesinato de nueve personas de nacionalidad española en esta región entre los años 1994 y 2000 hizo posible que las acciones del Ejército ruandés en Congo pudieran ser tratados por la justicia española.

Los crímenes de los que habla la querella se relacionan con un episodio particularmente poco conocido de los enfrentamientos entre hutus y tutsis, los grupos étnicos mayoritarios de Ruanda. En la historia reciente es recordado el brutal genocidio ruandés de 1994, la mayor limpieza étnica de la segunda mitad del siglo XX, retratada por exitosas películas como Hotel Ruanda, y que consistió en el asesinato sistemático de al menos 800.000 tutsis a manos de facciones hutus.

La sociedad ruandesa logró superar el trauma. Incluso mostró cierta generosidad. En los años siguientes, más de 40.000 de los 120.000 supuestos implicados en el genocidio volvían a integrarse en la sociedad. Pero esta reacción no se extendió a todas los sectores. Tras la vuelta de los tutsis al poder, miles de hutus partieron al exilio hacia la vecina República Democrática del Congo. Cuando el Ejército ruandés intervino en este país en 1997 a favor de los rebeldes congoleños contra el dictador Mobutu Sese Seko, las fuerzas militares ruandesas aprovecharon para castigar a sus antiguos enemigos. El ensañamiento tuvo consecuencias dramáticas. Se calcula que hubo entre 250.000 y 350.000 muertos y cerca de un millón de desplazados. Karake Karenzi se encontraba entonces en la cúpula militar.

Bombardeo sobre refugiados

No se trata de la única acusación que pesa sobre él. Sectores de la oposición ruandesa, próximos al partido FDU, acusan también directamente a Karenzi de haber dirigido en 1995 un asalto contra el campo de refugiados hutus en Kibeho que causó cerca de 8.000 muertes, además de haber participado en múltiples homicidios entre 1992 y 2000. Para este grupo político, el nombramiento de Karenzi al frente de la misión internacional “es un insulto a África, a Sudán y a todos los sudaneses, así como a la memoria de las víctimas ruandesas”, según comunicó en una nota enviada al Sudan Tribune.

¿Por qué alguien con este historial llega a dirigir una misión de este tipo? En realidad, uno de los motivos de elegir a militares ruandeses se debe a su preparación. El currículum de Karenzi, lejos de ser un inconveniente, le ha llevado, en Ruanda, a presidir el Tribunal Militar, una de las primeras instancias del país; y después a convertirse en un aliado útil para los planes internacionales. Sin embargo, el nombre de Karenzi puede no importar tanto. Como explica José Eugenio Lucas, del Comité de Solidaridad con el África Negra, “muchos altos mandos militares de Ruanda están implicados en las matanzas, de hecho la querella es contra varios de ellos y ahora le ha tocado a Karenzi ser jefe de la Fuerzas de Paz en Darfur como le podía haber tocado a otro, que posiblemente también estaría implicado”.

Los asesinatos políticos y el perfil que busca la ONU

Las reacciones ante las críticas recibidas por el nombramiento de Karenzi el pasado 14 de agosto se han centrado en defender la misión de Darfur. Robert Masozera, portavoz del Ministerio de exteriores de Ruanda, aseguró en la ONU que “es un oficial muy conocido y esas acusaciones son infundadas”.

Naciones Unidas, mientras, afirmó “tomar muy en serio las acusaciones”. La ONU asegura que no hay pruebas concluyentes. Sin embargo, además de las campañas militares, Karenzi está acusado de crímenes que no llegaron a ser investigados. Según denuncia Jean-baptiste Mberabahizi, Secretario General del partido opositor ruandés FDU, al pasado de Karenzi habría que añadir el mando de un escuadrón de la muerte en Kigali, la capital ruandesa, entre 1992 y 1994; el asesinato de Gapysi Emanuiuel, presidente del Foro Paz y Democracia en Ruanda o la instigación al asesinato de Felicien Gatabazi, ministro de Energía y secretario ejecutivo del partido PSD, entre otros. Cualquier punto de esta montaña de crímenes choca con las directrices de integridad y respeto de los derechos humanos que pide la ONU.