Terrorismo de estado en Colombia y el papel de las petroleras (Parte 2)

Deirdre Griswold para Workers World
Publicado por La Haine
21/09/07

En abril del año pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos comenzó una serie de investigaciones sobre el papel de las corporaciones transnacionales en las violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Las tres primeras audiencias, que se llevaron a cabo en tres ciudades de Colombia, se enfocaron en 1) cómo los negocios agrícolas foráneos han afectado a los campesinos y al pueblo indígena; 2) el papel jugado por las empresas mineras, y 3) el impacto del desarrollo controlado por las transnacionales sobre la biodiversidad y el medioambiente.

El 3 y 4 de agosto de este año, el tribunal se reunió una vez más, esta vez en Bogotá, la capital, y escuchó testimonios sobre el régimen de terror en esas zonas de Colombia donde las empresas petroleras gigantescas han hecho grandes inversiones y están chupando ganancias aún más grandes del "oro negro" que yace debajo del suelo.

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Como describimos en nuestro primer artículo, decenas de personas enfrentaron el gran riesgo de describir en detalle a una audiencia en el sindicato de maestros, cómo sus seres queridos y sus camaradas fueron arrastrados en la noche y ejecutados por ningún crimen sino el de haber servido como líderes y activistas de organizaciones civiles: de sindicatos, de campesinos, de cooperativos rurales y de asociaciones del pueblo indígena.
Una acusación punzante

Cuando terminó, los jueces y co-jueces publicaron una punzante acusación del gobierno y la institución castrense, de las empresas petroleras a cuyos intereses sirven, y del gobierno de los Estados Unidos por permitir que sigan estos crímenes con impunidad.

El Tribunal Permanente de los Pueblos está basado en Roma y ha existido desde 1979. Los jueces presidiendo en esta sesión fueron el profesor de derecho Dalmo de Abreu Dallari de Brasil, un miembro de la Comisión Internacional de Juristas; Marcelo Ferreira, profesor de derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires; y Antonio Pigrau Solé, profesor de ley pública internacional de la Universidad de Tarragona en Cataluña, en el estado español.

Les ayudaron cinco co-jueces: Natividad Almárcegui, maestro en el sindicato de la Confederación General de Trabajadores (CGT) de España; Domingo Ankwash, presidente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía de Indígenas Ecuatorianas (CONFENAIE); Deirdre Griswold, una miembra del primer Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra en 1967, que representó al Centro de Acción Internacional de los Estados Unidos; Ralf Haussler-Ebert, teólogo luterano de Alemania; e Ivonne Yáñez, ecologista ecuatoriana, y coordinadora en América del Sur del grupo Oilwatch.

Esta serie de audiencias se enfocó en el papel jugado por la gigantesca Occidental Petroleum de los EE.UU., British Petroleum, y Repsol, una empresa petrolera española. Después de escuchar a docenas de testigos presenciales de crímenes patrocinados por el estado y de expertos en derechos humanos, y haber recibido por escrito un acaudalado informe de investigaciones sobre la conducta de esas empresas, los miembros del tribunal, al final dieron una opinión detallada pero preliminar. La opinión final basada en las cuatro sesiones del tribunal estará disponible a finales de este año.

Los jueces estuvieron de acuerdo con que las tres compañías están siguiendo una política similar en Colombia, la cual es el "saqueo de los recursos naturales y la violencia sistemática contra la población. Esto ha involucrado la destrucción del tejido social, asesinatos y persecuciones contra líderes populares, así como violaciones de los derechos humanos de la mayoría y la destrucción de grupos indígenas".

El documento resumió los testimonios que habían sido presentados:
"Según las acusaciones, los abusos de estas empresas, que tienen por intención ejercer control sobre la población y evitar cualquier resistencia a sus actividades, han utilizado una combinación de estrategias, entre ellas, presiones al estado para que lleve a cabo políticas que les beneficie, como por ejemplo el minimizar la regulación por parte del estado, flexibilidad en los contratos, privatización de compañías de energía, el otorgar ventajas financieras, y la entrega de más reservas petroleras y de gas; además está la militarización de la vida social, profundizada por la aplicación del Plan Colombia y el apoyo directo dado por las empresas petroleras a las fuerzas armadas, legales e ilegales, y la promoción de la corrupción".

Plan Colombia es el acuerdo entre Washington y Bogotá que ha volcado billones de dólares a las FFAA de Colombia, todo en el nombre de la "guerra contra las drogas". Vastas zonas rurales han sido "fumigados" es decir, rociadas con químicos tóxicos, un método que no distingue entre plantas de coca y maizales de una familia.

El tribunal vio un documental conmovedor sobre los efectos de esas "fumigaciones", que deja a la gente con ronchas y lesiones en comunidades donde hay pocos recursos médicos para curarles o bregar con los posibles efectos nocivos a largo plazo.
Desde que comenzaron los asesinatos y las fumigaciones, muchas familias de campesinos colombianos empobrecidos, que se han vuelto refugiados por las políticas de su propio gobierno, han huido al país vecino, Venezuela. Gran parte de sus terrenos han sido ya convertidos para cultivos destinados a la venta.
El tribunal determinó que el gobierno de Colombia había "criminalizado" la protesta social por medio de detenciones arbitrarias y masivas bajo la acusación de "rebelión". A la vez ha fallado en procesar a las autoridades responsables por crímenes atroces como el secuestro, la tortura y el asesinato.

Uno de los que rindió testimonio, Gustavo Petro, es un senador de la oposición en el Congreso de Colombia. Él describió a la gente detrás de los asesinatos como "aquellos que se visten de senador por la mañana, comercian cocaína por la tarde y dan órdenes a los paramilitares por la noche".
El tribunal concluyó que los paramilitares "han podido contar con el apoyo sin límites de los poderes económicos y políticos".

Papel especial de los EEUU

Al determinar la responsabilidad por las violaciones generalizadas de los derechos humanos en Colombia, el tribunal determinó que, además del estado colombiano y las empresas petroleras, el gobierno de los EEUU también ha jugado un papel muy especial, "defendiendo su presunto derecho a intervenir en cualquier país para preservar sus intereses de seguridad, incluyendo el acceso a las fuentes de petróleo, y habiendo contribuido decisivamente por medio de planes concretos, recursos humanos, entrenamiento y financiamiento a la militarización extrema que rodea la explotación del petróleo en Colombia, como ha hecho en otras partes del planeta, con consecuencias nefastas para la población civil".

No pareció que hubo reportaje noticiero alguno del tribunal en los medios masivos de comunicación en Colombia, a pesar de que asistieron reporteros europeos y asiáticos (al igual que esta reportera de los EEUU). Sin embargo, esto no significa que el gobierno colombiano no estuviera prestando atención a este evento.

En un momento dado, mientras que un hijo y una hija del líder de los trabajadores petroleros Marco Chacón de Barranquilla estaban testificando sobre cómo su padre había sido asesinado, policías vestidos de civiles irrumpieron forzosamente en el auditorio y se pararon en el escenario, enfrentando a la audiencia, portando ametralladoras AK-47. Luego de las protestas de los organizadores, finalmente se fueron, diciendo que habían venido "porque el senador iba a hablar", algo que el senador no había pedido.

Ahora que el tribunal y los muchos valientes testigos hicieron su trabajo, queda que los movimientos progresistas, especialmente de los trabajadores que cada vez más son explotados por las transnacionales dondequiera que estén, traigan la solidaridad internacional en contra de estas corporaciones monstruosas y sus sirvientes en el estado.