España: Deben investigarse las denuncias de tortura

Amnistía Internacional
03/11/09

Las autoridades españolas deben reformar el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado al tiempo que la ONU se dispone a examinar nuevamente el historial de España respecto a esta cuestión.

España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, revela que las víctimas que denunciaron tortura y otros malos tratos, y sobre cuyos casos Amnistía Internacional informó por primera vez en 2007, no han recibido justicia debido a que las autoridades españolas no han mostrado voluntad política para hacer frente a los casos de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad.“Continúan existiendo, y obstaculizando la labor de la justicia, las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de la tortura y otros malos tratos que Amnistía Internacional identificó en 2007”, ha afirmado Rachel Taylor, investigadora de Amnistía Internacional para España.

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Personas que habían presentado denuncias contaron a Amnistía Internacional que agentes de policía los habían amenazado con una pistola o un cuchillo, los habían golpeado en las plantas de los pies con una fusta y los habían amenazado de muerte.

De las 11 investigaciones iniciadas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y de las que informó Amnistía Internacional, desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una resolución condenatoria.

En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación (iniciada, en uno de ellos, hace más de siete años).

En el último caso, en el juicio se determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión.

Uno de los casos que no llegó a la fase judicial en España ha sido remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habían violado la prohibición de tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantías. Otros dos casos archivados son los de Sandra Guzmán y Jordi Vilaseca.

En diciembre de 2006, Sandra Guzmán presentó una denuncia en el Departamento de Interior del gobierno autonómico vasco tras presenciar cómo un agente de policía obligaba a varios hombres de origen norteafricano a desnudarse parcialmente, para después registrarlos, golpearlos y darles patadas. Su denuncia se archivó seis meses después, supuestamente porque resultaba imposible localizar a los hombres presuntamente agredidos por los agentes de policía.

El 1 de abril de 2003, agentes de la policía autonómica de Cataluña detuvieron a Jordi Vilaseca cuando conducía hacia su casa al salir del trabajo. Tras sufrir malos tratos durante los tres días que estuvo detenido, perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Cuando despertó, no podía hablar, caminar ni controlar los esfínteres. Jordi Vilaseca presentó una denuncia contra la policía por torturas. El caso se archivó en mayo de 2005 alegando falta de pruebas y porque la acusación afirmó que existía contradicción entre las versiones que daban de los hechos el demandante y los acusados. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional rechazó la causa en enero de 2009, y con ello ha quedado agotada la posibilidad de otra apelación.

“Las autoridades españolas deben dejar de eludir su obligación de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes de policía, y, a la vez, deben centrarse en la prevención de estos hechos, que es siempre el mejor remedio”, ha afirmado Rachel Taylor.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos registrados en algunas fuerzas policiales que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir la comisión de actos de tortura y otros malos tratos.

La creciente utilización de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes de policía son importantes avances en este sentido. Amnistía Internacional lamenta señalar que los importantes avances en las fuerzas policiales autonómicas (la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra) no se han visto reflejados en el ámbito nacional.

“A menos que las autoridades españolas demuestren voluntad política para introducir los cambios necesarios que garanticen la investigación imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sus víctimas seguirán encontrándose con impedimentos para que se haga justicia”, ha declarado Rachel Taylor.