En la política antiterrorista de Bush, ningún derecho constitucional a detenidos

David Brooks
La Jornada
7/12/07

Tal vez no hay espectáculo más extraño en el país que se proclama faro de la libertad y de la democracia, que su gobierno argumente en favor de negar todo derecho legal básico, incluyendo el concepto elemental de su sistema jurídico, a personas que tiene detenidas en un campo de concentración en nombre de la defensa de lo que llama libertad y democracia.

Hoy ante la Suprema Corte de Estados Unidos, abogados que representan a algunos de los más de 300 detenidos en la base militar y centro de detención de Guantánamo, insistieron en que el concepto conocido como habeas corpus –el derecho básico de impugnar ante un tribunal su detención–, es un derecho constitucional para los extranjeros detenidos en varias partes del mundo y que han sido encarcelados en algunos casos por más de seis años.

Los designados como “enemigos combatientes ilegales” no gozan del derecho ni de ver los cargos en su contra, ni recurso a ningún tribunal federal más allá de los tribunales militares inventados por el gobierno de George W. Bush y aprobados por el Congreso para fiscalizarlos. Bajo este sistema, los tribunales militares pueden determinar la detención indefinida de los sospechosos de actos “terroristas”.

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El proceso de habeas es el recurso empleado para determinar de manera ágil si un acusado de un delito ha sido detenido de manera legítima, o sea, obliga al gobierno a demostrar pruebas y razones, lo cual no es el caso con los reos de Guantánamo. Sus abogados están argumentando que estos detenidos sí tienen el derecho constitucional de cuestionar su detención ante tribunales federales.

Los abogados del gobierno de Bush afirmaron que estos detenidos no tienen ningún derecho constitucional a cuestionar su detención ante un tribunal federal. Paul Clement, el abogado del Departamento de Justicia, afirmó que las leyes promovidas por el gobierno de Bush y aprobadas por el Congreso representan “los mejores esfuerzos de ambas ramas políticas de llevar a cabo la guerra contra el terror”. Clement sostuvo la posición del gobierno de que los extranjeros capturados y detenidos fuera de Estados Unidos “no tienen ningún derecho constitucional de solicitar el habeas corpus ante nuestros tribunales”.

Pero hasta los jefes de los abogados militares de todas las ramas de las fuerzas armadas estadunidenses han declarado que los detenidos deberían gozar del derecho de habeas corpus , junto con destacados abogados reconocidos en este país y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

El Centro por Derechos Constitucionales (CCR) fue la primera organización en visitar y empezar defender los derechos de los detenidos en Guantánamo, y ahora encabeza una coalición de abogados y expertos legales en estos casos. Hoy CCR afirmó que este caso decidirá si “los tribunales federales tienen un papel en limitar el poder del Ejecutivo en detener los hombres en Guantánamo de manera indefinida y fuera de la ley”.

Ante los jueces, Seth Waxman, ex abogado de mayor rango del Departamento de Justicia durante el gobierno de Bill Clinton y ahora el principal abogado del equipo que representa a unos 36 detenidos, declaró que “todos han sido confinados en Guantánamo por casi seis años, pero ni uno solo ha recibido información sobre las bases en hechos por su detención”.

Tom Wilner, otro de los abogados destacados que participan en este esfuerzo, indicó que “todos los que representamos dicen que son inocentes” y por lo tanto, “sólo desean presentar estos argumentos ante un tribunal”.

El presidente de CCR Michael Ratner declaró a los medios que el principio de que cualquier persona detenida tiene derecho a una audiencia imparcial ante un tribunal “es una necesidad para cualquier país que se llame a sí mismo una nación bajo el imperio de la ley”.

Amnistía Internacional reiteró hoy su reprobación a la anulación del derecho de habeas corpus , y el presidente de su sección estadunidense, Larry Cox, declaró que el derecho de impugnar la detención no es un asunto técnico, sino “una salvaguardia básica contra el abuso gubernamental… este caso no se trata sólo sobre el derecho de los detenidos, sino sobre las fundaciones más básicas de un gobierno que rinde cuentas”.

Aunque en dos ocasiones anteriores desde 2002, cuando se inauguró el centro de detención en Guantánamo, la Suprema Corte ha fallado en favor del derecho de los detenidos a tener acceso a tribunales civiles, el gobierno de Bush logró cambiar la ley a través de nueva legislación limitando el poder de la revisión judicial de las detenciones en Guantánamo aprobada por un Congreso entonces controlado por el Partido Republicano.

No se espera un fallo sobre el caso hasta dentro de unos seis meses, y hoy observadores del proceso percibieron una división casi de empate entre los nueve jueces, lo que hace casi imposible de pronosticar sus conclusiones. Sin embargo, si fallan en favor de los argumentos de los detenidos, podría implicar el cierre de Guantánamo.