Juez federal de EU revoca cláusulas de Acta Patriota

El Universal
07/09/07

Un juez federal estadounidense revocó ayer partes del Acta Patriota que autorizaban a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a obtener historiales corporativos utilizando demandas secretas informales llamadas cartas de seguridad nacional.

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La ley, aprobada el año pasado, permitía al FBI obligar a empresas de comunicaciones, incluyendo proveedores telefónicos y de internet, entregar los historiales de los clientes sin autorización previa de una corte y prohibir a las compañías hablar sobre los datos entregados, en tanto que las cortes tenían capacidad limitada para analizar las apelaciones a dicha prohibición.

El juez, Victor Marrero de la Corte Federal de Distrito en Manhattan, determinó que la ley violaba la Primera Enmienda y la separación de poderes garantizada por la Constitución.

El juez expresó su temor de que la ley se convirtiera en el primer paso en una serie de intrusiones sobre el papel del poder judicial que dieran “paso libre al secuestro de los valores constitucionales”.

De acuerdo con un reporte del inspector general del Departamento de Justicia, en marzo, el FBI emitió unas 143 mil solicitudes, a través de cartas de seguridad nacional, entre 2003 y 2005. El reporte encontró que el FBI frecuentemente utilizó las cartas de forma indebida y, a veces, ilegal.

La decisión del juez fue una secuela a las que tomó ese mismo juez en 2004 y un juez federal en Connecticut en 2005, impuestas a una versión previa de la ley. El año pasado, el Congreso respondió enmendando la ley cuando volvió a aprobar el Acta Patriota.

La versión previa de la ley prohibía a todos los destinatarios de las cartas el revelar su contenido. La ley enmendada cambió la prohibición, pidiendo al FBI certificar, en cada caso, que revelar el contenido de las cartas podría poner en peligro la seguridad nacional, las investigaciones criminales, la diplomacia o la seguridad de la gente.

Cuando los jueces llegaban a revisar este tipo de casos, a veces se veían obligados a considerar las declaraciones del FBI como “concluyentes, a menos que la corte compruebe que la certificación se hizo de mala fe”.

En su decisión del jueves, Marrero dijo que la enmienda no era suficiente para solucionar los errores identificados en las decisiones previas y creaba, en cambio, problemas constitucionales adicionales.