Ocho militares uruguayos condenados a 25 años de cárcel por violación a DDHH

AFP
28/03/09

La justicia uruguaya condenó este viernes a penas de entre 20 y 25 años de prisión a ocho ex militares y policías, por violaciones a los derechos humanos cometidas durantes las dictaduras de Uruguay (1973-85) y Argentina (1976-83), informó la Suprema Corte de Justicia.

...Siga leyendo, haciendo click en el título...


Los uniformados, que se convirtieron en los primeros procesados en la historia del país por crímenes de lesa humanidad, habían sido enviados a prisión el 11 de setiembre de 2006 por los delitos de "privación de libertad" y "asociación para delinquir" en la desaparición de los militantes de izquierda Adalberto Soba y Alberto Mechoso, en 1976 en Buenos Aires.

La sentencia del juez Luis Charles recayó sobre ex militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima, "como autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real".

"Es una resolución histórica que marca un antes y un después en el esclarecimiento de las violaciones a los DDHH", subrayó a la AFP la fiscal de la causa Mirtha Guianze.

La representante del Ministerio Público se manifestó "satisfecha" por el fallo del magistrado "porque cumplió cabalmente con todos los plazos legales y coincidió con los límites de pena solicitados, aunque no así con la tipificación, que a mi entender debería ser de desaparición forzada", apuntó.

Las investigaciones determinaron asimismo la responsabilidad de los imputados en asesinatos y torturas cometidas en el centro de reclusión clandestino Automotores Orletti, de la capital argentina, así como en el posterior traslado a Montevideo de varios presos políticos, que luego fueron ejecutados.

Gavazzo, Arab, Silveira, Ramas y Vázquez, fueron condenados a la pena de 25 años de penitenciaría, cada uno, mientras que a Maurente, Medina y Sande, les corresponden 20 años, con el descuento para todos los casos de la prisión preventiva cumplida hasta el momento.

Cabe significar que se trata de sentencias definitivas que dan por finalizado el juicio en primera instancia, pero las mismas aún no quedan firmes hasta tanto se agote la vía recursiva, que otorga a la defensa la posibilidad de interponer el recurso de apelación ante un tribunal de segunda instancia.

En diciembre de 2006, la justicia uruguaya concedió la solicitud de extradición de su par argentina de todos los imputados, a excepción de Sande y Maurente, con la salvedad de que deberán completar en Uruguay las condenas que surjan de los procesos en curso.