Guantánamo y el mal menor

ABC.es
Eduardo San Martín
19/12/2008

GUANTÁNAMO, metáfora lacerante de la iniquidad y de la ignominia. Sin ningún género de dudas. Pero recordatorio también de las limitaciones a las que se enfrenta un sistema político y un orden jurídico de garantías construidos para relacionarse con otros estados, o para librar guerras contra ejércitos regulares. Ya no hay tales guerras, y algunos estados caen como moscas. O se encuentran al borde del abismo.

Guantánamo debe ser clausurado sin demora, como ha prometido Barack Obama. Es una vergüenza que interpela no sólo a Estados Unidos, sino a la civilización toda, en cuyo nombre se perpetra semejante barbaridad. La decisión, impostergable en nombre del Derecho y de la decencia, provoca sin embargo problemas legales de difícil solución, desde los estrictos postulados de una democracia liberal tal como hoy la concebimos.

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Hace cuatro años, Michael Ignatieff, el brillante periodista, profesor y ensayista devenido ahora en líder del principal partido de la oposición en Canadá, planteaba a las democracias civilizadas un provocador dilema ético-jurídico en su libro El mal menor. Ética en una época de terror. Sus tesis sobrevuelan el debate suscitado estas semanas en Estados Unidos en torno a las consecuencias del cierre de Guantánamo.

Ignatieff no se refería directamente al campo de detención norteamericano, pero sí analizaba en general las desventajas a las que se enfrentan las democracias en una lucha convencional contra el terror. Y concluía que, en ocasiones excepcionales, los gobiernos democráticos pueden, sin dejar de serlo, recurrir a medios no estrictamente legales con los que mejor combatir al terrorismo y a los terroristas. Eso sí con condiciones. Tres básicamente: la justificación de ese recurso en virtud del principio de legítima defensa; el carácter temporal de cualquier suspensión de derechos; y el control democrático público a través de los medios de comunicación de masas. Pero lo de menos eran la respuestas de Ignatieff, discutibles; lo de más es la pregunta: ¿qué pueden hacer las democracias para luchar contra «gente malvada» que, no sólo carecen de principios morales y escrúpulos jurídicos, sino que aprovechan los nuestros para destruir el orden de civilización que los hace posibles.


Se trata de casi la misma pregunta que se hacen ahora juristas y legisladores en Estados Unidos a medida que se acerca la hora de que Obama cumpla su promesa: ¿cómo clausurar Guantánamo y sus procedimientos y resolver al mismo tiempo el estatus legal de unos prisioneros que, según afirmaba en mayo el ahora confirmado secretario de Defensa, Robert Gates, «no pueden ser acusados, pero tampoco puestos en libertad»? ¿Sobre qué base legal se puede retener a aquellos de quienes se tiene la certeza de que siguen representando una amenaza cierta para Estados Unidos y el resto del mundo civilizado? Un congresista demócrata, es decir, del partido de Obama, lo tenía bastante claro: «No se puede simplemente cerrar la base y dar un billete de avión a todo el mundo». Y otro, también demócrata: «El cierre de Guantánamo no se producirá tan pronto como quisiéramos. Es tal nudo gordiano...».

De los 240 presos que aún se encuentran allí, hay pruebas para someter a unos 80 a juicios militares por crímenes de guerra (otra cuestión es el valor que los tribunales den a pruebas obtenidas mediante torturas al menos en un tercera parte de los casos). Otros 60 pueden ser liberados a condición de que haya países que los acojan (se trata de evitar que soliciten asilo político en Estados Unidos). Pero hay unos 100 contra los que no existen pruebas suficientes para llevarlos a juicio, pero siguen siendo considerados como muy peligrosos. Tres opciones se barajan, ninguna buena: prorrogar el estatus de «combatientes enemigos irregulares» que fabricó Bush para ellos; crear una nueva figura de «detención preventiva o administrativa»; o conceder los beneficios de la Convención de Ginebra a «prisioneros de guerra» que no pertenecen a un ejército regular ni a ningún estado reconocido.

El jeroglífico que deberá resolver Obama es por qué costuras piensa aliviar las estrecheces del traje legal americano sin romper un tejido tan delicado.