La trama de los agrocarburantes en el estado español

Rosa Binimelis, Alejandro Jurado, Mónica Vargas
Ecoportal.net
21/12/07

La expansión de los agrocombustibles a escala global puede explicarse, en buena medida, por el apoyo que las principales potencias económicas, Europa y EUA, brindan mediante políticas públicas, subvenciones y medidas legislativas. En el Estado español, la Ley 24/1998 del Sector de Hidrocarburos establece el objetivo (obligatorio) de que para 2010, el 5.75% de su consumo energético en transporte proceda de agrocombustibles, acorde con las directivas europeas.

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Sus defensores argumentan el aumento de la seguridad energética (léase la reducción de la dependencia frente a los países productores de petróleo percibidos como “políticamente inestables”); la preocupación por el calentamiento global, por la hipotética “reducción” de las emisiones de gases con efecto de invernadero (CO2, óxido nitroso, etcétera) y, finalmente, el dar respuesta a la crisis del sector agrario en los países del Centro, que permitiría, dicen, mejorar las condiciones de vida los pobladores de la Periferia al ofrecerles mercados para sus productos agrícolas. Este último argumento se articula con el de los países productores como Brasil: mostrar a los carburantes elaborados con base en la biomasa como solución a la pobreza, el éxodo rural y las desigualdades sociales, al promover el “desarrollo rural”.

El impacto de los agrocarburantes en el mundo rural estará fuertemente determinado por el precio de las materias primas y por el modelo global o local que se imponga en cada región.

Existe un debate sobre las razones del aumento progresivo del precio de los alimentos básicos (pan, por ejemplo): ¿es éste atribuible a la utilización de las producciones agrícolas (maíz, trigo, colza, caña de azúcar, oleaginosas, etcétera) para elaborar agrocombustibles (que actualmente es poco significativa), o se explica por el crecimiento sostenido de la demanda y el estancamiento de la producción mundial?

Independientemente de la explicación, derivar productos alimenticios a combustibles (ante igual comportamiento de la productividad mundial y en el actual modelo de producción a gran escala) tendrá efectos catastróficos en los países en vías de desarrollo, comprometiendo la soberanía alimentaria de millones de personas. Incluso si no se trata de cultivos alimenticios (como es el caso de la jatrofa), el resultado es el mismo pues se desplazan parcelas inicialmente destinadas a la alimentación local. Por otro lado, el aumento de precio de algunas materias primas para la alimentación animal (piensos) eleva el costo de producción de los ganaderos, que si lo trasladan al consumidor no serán los únicos perjudicados.

A modo de ejemplo, consideramos aquí el caso de la implantación de los agrocombustibles en el Estado español, que aspira a incrementar de manera masiva este tipo de producción. Analizamos su capacidad de producción de agrocombustibles y su relación con las hectáreas necesarias para satisfacer localmente la producción. Analizando las redes implicadas identificamos quiénes controlan el negocio.

En el Estado español existen 46 plantas de producción de biodiésel (16 productivas, 19 en construcción y 11 en proyecto) y 4 plantas de bioetanol en actividad [1]. La capacidad de producción de biodiésel es de 670 mil toneladas/año, aunque la producción de 2006 no superó el 19% de la capacidad instalada. A pesar de ello, se prevé triplicar la capacidad productiva en los próximos 2 años, cuando se finalicen las plantas en construcción, hasta aumentar a un 600% con el funcionamiento de las plantas proyectadas. Mientras hoy se producen 41 875 tn/año de media por planta, las plantas en construcción tienen el potencial de producir 103 579 tn/año, y las que están en proyecto rondarían las 185 mil tn/año. La planta proyectada por infinita en Huelva, por ejemplo, podría producir 600 mil tn/año, 4.8 veces más que el conjunto de plantas en 2006.

Si el biodiésel se produjera a partir de colza, se necesitaría usar el 10% de las tierras cultivables del Estado español para atender la demanda que supondría la totalidad de las plantas de biodiésel en pleno funcionamiento. De utilizarse girasol o soja, este porcentaje se duplicaría. La tendencia actual muestra que las materias primas no provendrán de territorio español, sino que la mayoría se importará de Argentina, Brasil, Centroamérica, Indonesia, etcétera, recorriendo miles de kilómetros. Según un informe de Asociación de Productores de Energías Renovables (appa, 2007), la cantidad de oleaginosas requeridas en Europa en 2020 supondría más de 90% de toda la producción comunitaria y por tanto, el abastecimiento de biodiésel sólo será posible recurriendo a la importación del 50% del consumo previsto. El transporte requerido por dicha importación implica aumentar las emisiones de co2 ya que se realiza mediante combustibles fósiles. En el Estado español, el 61% de la producción de biodiésel se exporta a países de la Comunidad Europea, lo que implica aún más consumo de energía fósil, comprometiendo el balance final de emisiones de CO2. La producción de biodiésel en España en 2010 podría duplicar el objetivo marcado por la legislación, lo que parece continuar la tendencia actual.

La producción de bioetanol en 2006 fue de 321 mil toneladas (72% de los agrocombustibles), sobre una capacidad de producción de 441 mil toneladas anuales. Aunque aún no existe ningún proyecto de construir nuevas plantas de bioetanol, dicha capacidad queda muy por debajo de la producción requerida para cumplir los objetivos de la legislación europea —sólo un 32% del objetivo. La mayor parte del bioetanol se destina al consumo interno (75%).

Cabe subrayar una novedosa convergencia entre el sector público y las grandes empresas del sector petrolero, automovilístico, agroalimentario, biotecnológico, energético y financiero. A nivel global, vemos por ejemplo a la petrolera BP asociarse con la biotecnológica DuPont para proveer el mercado británico del biobutanol, o a la semillera Bunge plantearse una alianza con la constructora Acciona para suministrar biodiésel a Repsol YPF.

Observamos por ejemplo que en la planta Bio-Gibraltar se ubican inversiones de Abengoa y Cepsa (de la que la petrolera francesa Total controla 48%, bsch 30% y Unión Fenosa 5%). La planta de Bio-Dosbio se encuentra a cargo de Biocombustibles Castilla y León, participada por Abengoa, y el gigante agroalimentario Ebro Puleva. En el negocio de los agrocarburantes intervienen principalmente grandes corporaciones españolas [2]. A pesar de la gran cantidad de actores, las 5 empresas con mayor volumen de producción de agrocarburantes en el Estado español reunieron en 2006 una cuota conjunta de 88% sobre el total de la producción (DBK, 2007).

Los distintos niveles de gobierno y numerosos centros de investigación públicos y privados son parte del entramado al apoyar la producción de agrocombustibles: la planta Bionet Europa (Reus) tiene participación del Instituto para el Desarrollo Energético (IDEA), l’Institut Català de l’Energia (ICEAN), y socios privados como Agrar Tecknick y Reagra; la planta Idea (Alcalá de Henares) es impulsada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (idae) y la Universidad Complutense de Madrid; o la planta Biodiésel de Andalucía 2004 sa-vida, proyecto subvencionado al 100% por el gobierno andaluz.

La implementación obligatoria de los agrocarburantes en el sector de transportes, sin disponer de la capacidad de producción local necesaria, ni de disponibilidad de tierras dentro del Estado español para cultivos energéticos, genera la necesidad de importar materia prima (soja, palma aceitera, maíz, etcétera). Una mayor demanda de materia prima implica el desarrollo desmesurado de cultivos energéticos en países en vías de desarrollo, lo que tendrá impactos sociales y ecológicos negativos, pues supone que los países productores incrementen la superficie de cultivo. En diversas regiones esto provocará el avance irremediable de la frontera agropecuaria sobre áreas de incalculable valor biológico y cultural, profundizando, además, los impactos ya conocidos de los monocultivos: el uso desregulado de agroquímicos, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, el despoblamiento rural por la concentración de la tierra y la producción de gran escala para exportación.

Todo ello por satisfacer las necesidades energéticas del mundo desarrollado [3], cuando en realidad debería primar la generación de recursos energéticos con materias primas locales, privilegiando la búsqueda de la soberanía energética.

El modelo de implantación de gran escala profundiza el proceso de concentración masiva de riqueza y prioriza la rentabilidad económica de unas pocas empresas por sobre la sustentabilidad social y ambiental de las regiones más vulnerables del planeta. Nos preguntamos entonces cómo pueden acceder los pequeños agricultores y las comunidades rurales a los beneficios de la producción y comercialización de los agrocombustibles cuando la producción, la distribución, la provisión de insumos y la regulación del precio se hallan en manos de las grandes corporaciones y lobbies económicos. Cómo es que gobiernos “de profundos valores democráticos” promueven los biocombustibles, aun sabiendo que en los países productores esto generará profundas desigualdades, exclusión social, pérdida de diversidad, libertades y autonomía. Peor si consideramos que las poblaciones de estos países no tienen ninguna participación en la toma de decisiones que afectarán directamente su modo de vida.

Y en cuanto a la supuesta solución que constituirían los agrocombustibles ante el cambio climático, el modelo agro exportador contribuye en 14% a las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios de uso de suelo (sobre todo la deforestación) representan otros 18% [4]. Por tanto resulta difícil entender que se pretenda mitigar el calentamiento global intensificando dicho modelo para producir agrocarburantes.

Consideramos que producir agrocombustibles en pequeña escala (para autoconsumo, con materias primas que no entren en conflicto con la producción alimentaria o bien provengan del reciclado o del cultivo de tierras degradadas, promovidas por cooperativas o asociaciones de pequeños productores, entre otras características) podría constituir un modelo alternativo viable. En lo inmediato, una respuesta atinada se ubica en políticas que regulen el consumo energético insostenible, mejoren la eficiencia y, de manera general, permitan iniciar un proceso de descrecimiento operando una ruptura con la lógica crematística actual, principal responsable de dichas problemáticas. Proponemos la aplicación de principios de sustentabilidad, dar prioridad a tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, en vez de incrementar la cantidad extraída de recursos (Daly, 1997), dar prioridad a tecnologías orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y que contribuyan a la reducción de las desigualdades (Vilches y Gil-Pérez, 2003), y aplicar el Principio de Precaución cuando no conocemos las repercusiones económicas, sociales, ambientales e institucionales que una tecnología puede desencadenar en el ámbito local y global. A partir de la noción de justicia ambiental, es que las políticas públicas del Estado español deberían tender a evitar la afectación social y ambiental de las poblaciones de la Periferia, provocada por el uso desproporcionado de los recursos de por sí limitados del planeta por las sociedades del Centro, y las propias empresas españolas. La expansión de varias de ellas ha contado con diferentes mecanismos públicos de apoyo a la internacionalización, a pesar de haber demostrado en los últimos años una auténtica irresponsabilidad social corporativa en sus actuaciones en el Sur [5].


* Rosa Binimelis, Observatori del Deute en la Globalització – Càtedera unesco de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya e Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental-Universidad Autónoma de Barcelona.

Mónica Vargas, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental-Universidad Autónoma de Barcelona.

Alejandro Jurado, Instituto de Gobierno y Políticas Publicas-Universidad Autónoma de Barcelona

Publicado en Revista Biodiversidad en España
http://www.grain.org/biodiversidad/


Notas

[1] Ver páginas web de las empresas productoras. Se puede encontrar un listado parcial en: www.biodieselspain.com y www.appa.es. Ver también Ramírez, 2007. Cabe destacar las dificultades que tuvimos en conseguir información sobre la materia prima a partir de la cual dichas empresas producen agrocarburantes.

[2] Base de datos SABI, páginas web de las empresas mencionadas. Éstas y otras empresas de los sectores antes citados realizan fuertes inversiones en agrocarburantes en Latinoamérica, Indonesia y Malasia.

[3] El 14 % de la población (países desarrollados) consume el 50% de la energía mundial.

[4] “Informe Stern: la economía del cambio climático” (http://www.ambientum.com/resumeninformestern.pdf)

[5] http://www.odg.cat

Bibliografía

APPA, 2007. Biocarburantes y Desarrollo Sostenible. Mitos y Realidades, Madrid. Disponible online: http://www.appa.es/descargas/Doc_biocarburantes_1309.pdf

DBK, “Biocarburantes”, Informe especial, Madrid, 2007.

Ramírez Copeiro del Villar, J., “Principals aspectes del mercat espanyol del Biodièsel”. Ponencia en las III Jornadas del Biodiésel. Asociación Catalana del Biodiésel.

Daly H. (1991) Steady-State Economics (Washington dc, Island Press). Vilches, A. y Gil-Pérez, d. (2003). Construyamos un futuro sostenible. Diálogos de supervivencia. Madrid: Cambridge University Press. Capítulo 12.