Barack Obama y la fase dos del Plan Colombia

Carlos Fazio
Prensa Latina / Kaos en la Red
19/08/09

En una misma línea de continuidad con las políticas abiertas y clandestinas de la administración anterior, la diplomacia de guerra de Washington, ahora con Barack Obama en la Casa Blanca, no se da respiro.

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Consumado el golpe oligárquico-militar en Honduras de clara factura estadounidense, la administración Obama dispuso que el principal peón del imperio en el hemisferio occidental, Álvaro Uribe, saliera a hacer un control de daños a varias capitales sudamericanas, ante la polémica instalación de más bases del Pentágono en Colombia.

El incremento del pie de fuerza militar de Estados Unidos en ese país, con clara proyección expansionista hacia la región amazónica y los estados andinos, forma parte de la tradicional política del garrote y la zanahoria, con la novedad de que ahora opera en "redes", contando con mandatarios títeres como Uribe.

Las nuevas bases están relacionadas con una adecuación del Plan Colombia a la coyuntura.

Dicho plan fue instrumentado por la administración de William Clinton en 1999, con el objetivo de consolidar un espacio geopolítico, acondicionado militarmente.

Ello debía servir para hacer funcionales los propósitos de la entonces propuesta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), fundamentalmente ligada con megaproyectos del capital multinacional. Durante los dos períodos de George W. Bush en la Casa Blanca se priorizó el fortalecimiento de Estados Unidos como gendarme mundial, para lo cual se dinamizó a la industria militar y se posicionó a grandes consorcios y multinacionales de las nuevas tecnologías, tanto de las comunicaciones como de la biotecnología.

En relación con América del Sur, Bush lanzó la Iniciativa Regional Andina (IRA) como continuación del Plan Colombia, enfocada, con las particularidades de la región, a controlar un área de importancia vital para los propósitos geopolíticos de Estados Unidos.

A partir de 2003, además de Colombia, la Iniciativa Andina intentó incorporar a Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia y Panamá, proporcionándoles recursos para el fortalecimiento militar y policial.

En la práctica se ejecutaron tres fórmulas.

Por una parte se buscaba que los ejércitos sudamericanos estuvieran cada vez más condicionados por la tecnología y el financiamiento estadounidense, a partir de crear las necesidades para el mantenimiento, entrenamiento y operaciones de equipos y desempeño de tácticas de combate, inteligencia y defensa.

Por otro lado se efectuaron operaciones encubiertas y acciones de guerra sucia, implementadas y desarrolladas por grupos paramilitares y mercenarios.

En un tercer plano estuvo la instalación de bases, equipos de telecomunicaciones y expertos que no pudieran ser monitoreados ni fiscalizados por los gobiernos o los pueblos donde se ubicaban.

Durante la era Bush, la globalización en el plano militar significó la extensión de las guerras de baja intensidad y se priorizó el control y dominio absoluto de la fuerza por parte de un solo país.

Para ello se adoptaron formas como la flexibilización de la intervención u operación, la fácil movilidad y reacción de tropas, el rápido desplazamiento con eficiente apoyo de comunicaciones y logística adecuada, todo ello para enfrentar los nuevos escenarios de conflicto del siglo XXI.

A tales efectos, el Pentágono buscó consolidar una red de puestos militares denominados Centros de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés).

Entre ellos se incluyó inicialmente a la base de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano; las de Aruba y Curazao, en el Caribe; Comalapa en El Salvador; Alcántara en Brasil y Mariscal Estigarribia en el Chaco paraguayo.

Sin embargo, la nueva arquitectura militar regional del Pentágono comenzó a distorsionarse a raíz del giro político e ideológico que adoptaron varios gobiernos del área, apoyados por amplios movimientos populares.

En particular, los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, a lo que se sumó el sano distanciamiento de Brasil de las políticas injerencista de Washington en la subregión, que incluyó la no aprobación, finalmente, de una base militar en Alcántara.

La pérdida, este año, de la base de Manta, ante la posición nacionalista del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se negó a renovar el contrato para que el Pentágono siguiera operando en su territorio, significó un revés para estos planes.

En respuesta, se precipitó el golpe militar contra el presidente Manuel Zelayala ante su intención de transformar en aeropuerto civil la base militar de Soto Cano (o Palmerola) en Honduras, asiento de la Fuerza de Tarea Bravo.

Como parte de la reacción estadounidense estuvo también la decisión de abrir cinco bases más en Colombia, tres aéreas y dos navales.

De la mano de Uribe, ese país está en vías de convertirse en el Israel de Estados Unidos en América Latina.

Además, todo indica que a 10 años de su creación, otra administración demócrata, la de Obama, acelera una nueva fase militar del Plan Colombia.

Los objetivos de la nueva estrategia imperial son los mismos de entonces, incluida una eventual vietnamización del corazón de América Latina.

Ello se complementa con un nuevo elemento: la Iniciativa Mérida, con México como capataz, que busca cerrar desde el Norte la pinza sobre los países que considera "hostiles".

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(*) El autor es un reconocido articulista de la prensa mexicana y colaborador de Prensa Latina.