Denuncian en Argentina informes de inteligencia que violan la Constitución

Stella Calloni, La Jornada.
16-07-2007

Buenos Aires, 15 de julio. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció la existencia de dos informes de organismos de inteligencia oficiales, uno de ellos procedente de la Triple Frontera, que revelan espionajes y recolección de información prohibida en el país por leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, lo que supone una "grave violación constitucional".

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Uno de estos informes está dirigido a la Unidad Fiscal de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) y proviene del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) en la Triple Frontera, que depende de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los abogados de la LADH, Graciela Rosemblum y José Ernesto Schulman sostienen que estos informes a los que tuvieron acceso, anticipan acciones "ilegales de las fuerzas de seguridad en coincidencia con la recientemente sancionada ley antiterrorista, aprobada a instancias de la presión del Departamento de Estado de Estados Unidos, violando la normativa legal y constitucional vigente en nuestro país".

Asimismo hacen referencia a la ley de inteligencia nacional que establece que los organismos que trabajan en esa área no podrán "producir inteligencia sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, asistenciales, culturales".

En ese caso el informe hace referencia a la modalidad de los "secuestros" en la zona de la Triple Forntera desde 2001 con varias "modalidades y motivaciones" especialmente políticas.

Tangencialmente se habla de secuestros realizados por delincuentes comunes y de brasileños relacionados con los "grupos carcelarios del narcotráfico" en Brasil, pero la mayor parte está dedicada a mencionar secuestros realizados como "forma de financiamiento" político en los que se dice se "ha comprobado" la conexión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile.

En este sentido, el documento afirma que "han recurrido a este delito organizaciones trasnacionales compuestas por paraguayos, argentinos, brasileños y chilenos".

No puede pasar inadvertido que esta descripción asimila la situación a los tiempos en que los organizadores de la Operación Cóndor (la internacional de la muerte de las dictaduras de los años 70), justificaban la ilegalidad de su accionar por "la necesidad de combatir" a una coordinadora de organizaciones revolucionarias de esos países.

También se afirma que durante el juicio contra los acusados del secuestro y asesinato de la joven Cecilia Cuba, hija del ex presidente de Paraguay, Raúl Cuba Grau, surgió "un cruce de llamadas" y relaciones entre las FARC y Patria Libre.

Los abogados señalan que se da como válido un juicio atravesado por denuncias de graves irregularidades y de violaciones a los derechos de los acusados a los que nunca se comprobó fehacientemente ese delito.

También advierten que las relaciones entre las FARC y el PPL "no demuestran nada, porque incluso la guerrilla colombiana había enviado hace tiempo a la región a un representante que informaba a los parlamentos y gobiernos oficialmente sobre la situación en Colombia".

De acuerdo con este "paper" se podría considerar que todos aquellos que tenían o tienen comunicaciones con las FARC, podrían ser pasibles de estar sometidos a espionaje.

Se menciona también en el informe que los presuntos secuestradores "recibían adoctrinamiento político y operacional" de los colombianos (de las FARC).

Además se define a Patria Libre como una "organización política marxista revolucionaria que lucha por la liberación nacional y el socialismo" y hay referencias a sus dirigentes Juan Arrom y Anuncio Martí, refugiados ahora en Brasil, quienes fueron acusados, sin pruebas , en 2001, por el secuestro de María Edith de Bernardi, esposa de un empresario paraguayo.

Ambos dirigentes fueron secuestrados por la policía en Paraguay ese mismo año y mantenidos ilegalmente en una casa donde los torturaron brutalmente (algo que no dice el informe) para que confesaran haber secuestrado a De Bernardi.

Luego fueron rescatados por una movida de su familia, que tuvo información sobre el lugar donde estaban secuestrados y relataron que fueron interrogados por grupos antiterroristas de la Triple Frontera.

La idea al parecer era obtener una confesión firmada y luego matarlos en un supuesto intento de fuga en esa zona.

Por eso la Liga advierte sobre la gravedad de este informe que tiene más datos y que está redactado en los mismos términos que ha utilizado Estados Unidos para justificar la necesidad de militarizar la Triple Frontera.

El otro informe sería atribuido a la Delegación Mendoza de la PFA en el cual se señala "especialmente a diversos militantes populares en los mismos términos que los ilegales informes de inteligencia interior realizados por personal de la Armada a finales del año pasado", dicen los letrados.

Ante ambos hechos que "violan principios constitucionales y garantías jurídicas", la Liga llevará la denuncia ante el presidente Néstor Carlos Kirchner, para que aclare si la actitud de los fiscales de la UFIDRO entidad mantenida por el Ministerio del Interior y los lineamientos fijados por la PFA también dependiente de esa cartera "son consecuencia de sus propias directivas o, en caso contrario, tome (el mandatario) las medidas necesarias para hacer cesar esas acciones inconstitucionales".