Alan García recibe un 'primer aviso' popular y responde 'fujimorizándose' un poco más

argenpress

Cuando faltan pocos días para que se cumpla el primer año de su mandato, Alan García afronta una protesta generalizada en varios frentes sociales que le enjuician su política económica, el incumplimiento de compromisos electorales y la falta de medidas sociales que mejoren las condiciones de vida de millones de peruanos situados en la pobreza o la marginación. Están en esa condición casi el 60 % de los 25 millones de habitantes.



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Los maestros iniciaron el 5 de julio un paro indefinido contra la nueva Ley del Magisterio promulgada por el gobierno porque -entre otras cosas- creen que puede promover discriminación y 'purgas' entre los cuerpos docentes.

Días después, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó un paro nacional exigiendo una más justa distribución de la riqueza nacional. A esta convocatoria se sumaron importantes sectores como los mineros y los agricultores. Las protestas se convirtieron en multitudinarias y se extendieron a diversas zonas del país. El presidente respondió anunciando 'mano dura' y firmando un decreto que autoriza el uso de las fuerzas armadas 'para mantener el orden interno'. El miércoles 11 decenas de miles de hombres y mujeres marcharon por las calles de Lima y colmaron la plaza Dos de Mayo convocados por dirigentes del SUTEP, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, gremios de la CGTP, de las principales centrales agrarias y campesinas, de la Federación de Estudiantes y de agrupaciones políticas como el Partido Socialista, el Movimiento Nueva Izquierda o los militantes del Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Prevalecían las consignas contra la política económica del gobierno, pero personalizando su rechazo en Alan García y en menor medida en su primer ministro Jorge del Castillo. 'No tenemos presidente, tenemos delincuente'... ' y va a caer, Alan García va a caer''... fueron algunos de los cánticos populares.

Los primeros reflejos del presidente ante las protestas le acercaron un poco más a Fujimori. Sus órdenes fueron reprimir, perseguir, detener; y su mensaje, calificar a los miles de movilizados como 'revoltosos', 'privilegiados' o 'comunistas'. Sigue así los pasos del ex presidente hoy refugiado en Chile, quien puso la piedra fundamental de las políticas neoliberales, y apeló a recursos represivos y totalitarios contra la oposición. Medio millar de personas fueron detenidas en todo el país. Entre los apresados, numerosos dirigentes del SUTEP, incluyendo a su secretario general Luis Muñoz. Otro de los detenidos fue el ex congresista y presidente del Partido Socialista Peruano, Javier Diez Canseco. En los incidentes hubo varios muertos, entre ellos un campesino alcanzado por un balazo en Satipo y una niña en Lima.

Si bien la gran mayoría de los medios de comunicación peruanos, jugaron su papel habitual de aplaudir la 'firmeza' contra las manifestaciones populares, Alan García optó por ratificar con palabras que habrá 'mano dura', pero prudentemente fue liberando horas más tarde a gran parte de los detenidos ante la evidencia de que se preparaban marchas populares para pedir la liberación de los dirigentes y manifestantes apresados.

El diario 'El Correo' tituló el sábado: 'Limpian las calles de revoltosos', ilustrando gráficamente como dos 'Robocops' policiales arrastraban un maestro por las calles de Lima. 'El Peruano' titulaba en grandes caracteres: '¡Alto al desorden!'. 'La Razón' acompañaba el libreto oficial: 'Se impone el principio de autoridad'. 'Diario del País' titulaba con palabras del ministro de educación: 'No al chantaje del SUTEP'. Resulta difícil encontrar en los medios 'habituales' un enfoque diferente, un análisis sensato y objetivo sobre las razones de miles de peruanos para lanzarse a las calles.

El gobierno insistió en culpar de las protestas sociales a 'pequeños grupos radicales' inventándose su propia realidad, confortado por el coro de gran parte de la prensa. Para ello contó también con el respaldo de las cúpulas empresariales que optaron por cuantificar los daños a la propiedad privada minimizando o ignorando las causas de los reclamos. Y la inestimable aportación del Cardenal Primado Juan Luis Cipriani, el mismo que brindó su activa complicidad a Fujimori cuando recuperó a sangre y fuego la embajada de Japón ocupada por militantes del movimiento Tupac Amaru, en el que todos ellos resultaron asesinados. Cipriani, primer purpurado del 'Opus Dei' estuvo imputado de tener conocimiento previo de las matanzas efectuadas por parapoliciales en Barrios Altos y en La Cantuta y de tener lazos con el siniestro jefe de la inteligencia militar de Fujimori, Vladimir Montesinos. Ahora, desde el púlpito condenó 'la violencia' en las reivindicaciones populares.

El alcance de la protesta

Las manifestaciones antigubernamentales no se limitaron a las multitudinarias marchas del miércoles. La huelga del SUTEP de alcance nacional, fue hilvanando y sumando otros reclamos populares y sectoriales en diversas partes del país. Campesinos y Confederaciones Agrarias rechazan el Tratado de Libre Comercio, un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Mineros reclaman mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo. También están en conflicto los docentes universitarios, gremios del sector de la salud e incluso los policías recientemente agrupados en un Sindicato y que reclaman una policía democrática y no una policía 'oficial'. En otras partes del país, las movilizaciones rechazan las consecuencias de la actividad minera informal en el medio ambiente. En la sureña Arequipa hubo seguimiento del paro durante tres días con bloqueo de carreteras. En Puno los huelguistas ocuparon el aeropuerto y pobladores cortaron la carretera hacia Arequipa y Cuzco. Al norte, en La Libertad, donde viajó el jueves Alan García, los maestros salieron a las calles, al igual que en las sureñas ciudades de Moquegua y Tacna, según confirmaron fuentes policiales. En Ciudad de Dios, hubo incidentes entre pobladores y fuerzas de seguridad. Medio millar de policías y soldados que despejaban la carretera a Yura, fueron rodeados y atacados por los pobladores.

Los uniformados respondieron lanzando bombas de gases y disparando perdigones. El resultado fue de 27 heridos y varios detenidos. Pero la posterior indignación popular determinó nuevos incidentes en los que resultaron alcanzados por piedras varios policías, entre ellos el General Carlos La Rosa Olivari, lesionado en una pierna y evacuado por la Cruz Roja. Los pobladores lograron tomar como rehenes a 12 efectivos policiales. Tras una tensa negociación finalmente consiguieron canjearlos por 29 manifestantes detenidos. En Tacna, unos tres mil manifestantes tomaron las instalaciones de la terminal internacional de autobuses, impidiendo la salida de los vehículos hacia Arica, Chile.

En Junín, maestros y agricultores se enfrentaron con la policía y atacaron con piedras y lanzaron basura contra las residencias de los congresistas Nidia Vilches e Hildebrando Tapia. Guardaespaldas de los políticos dispersaron a los manifestantes haciendo disparos al aire. En Tumbes ciudad fronteriza con Ecuador situada a 1.250 kilómetros al norte de Lima, más de 500 maestros tomaron el Puente Internacional y llegaron al cantón ecuatoriano de Huanquillas, donde hicieron un acto agradeciendo la solidaridad recibida y vivaron al presidente Rafael Correa proclamándolo amigo del pueblo peruano. Mientras el Ministerio de Educación declaraba la ilegalidad de la huelga de los maestros, nueve regiones desconocían la medida oficial y consideraban legal el paro, entre ellas Puno, Cajamarca, San Martín, Ancash y Pasco. Los presidentes regionales de Lambayeque, Moquegua, Tacna, Cusco y Arequipa se solidarizaron con los maestros y anunciaron que no harán descuentos a los sueldos de los huelguistas. Miles de campesinos portando palos y hondas tomaron la Plaza de Armas de Andahuaylas, en Apurimac. Convocados por el Frente de Defensa Regional Agrario, reclamaban la reducción del precio de los fertilizantes, y el acceso a créditos agrarios. Hubo dos heridos en choques con la policía. Y por unas horas tomaron dos radioemisoras.

A pesar de los esfuerzos de Alan García por minimizar los alcances de la protesta popular y su afán de responsabilizar a Hugo Chávez de las movilizaciones en su país, la realidad es que la letanía de que 'Perú avanza' y de que mejoran los índices económicos, ha terminado por volverse contra el propio gobierno. Porque lo que la gente comprueba diariamente es que las transnacionales y las grandes empresas aumentan sus ganancias, tienen privilegios tributarios excepcionales mientras que las urgencias sociales en educación, salud pública o jubilaciones siguen en 'lista de espera'. No se avanza en reducir los problemas de vivienda, la falta de trabajo, el coste de vida y la situación de la niñez y de las personas mayores. Muchos peruanos se preguntan: ¿ a quienes ha beneficiado la reducción de impuestos ? ¿ en que se reflejan las mejoras macroeconómicas que pregona el gobierno ? ¿ Que ocurrirá cuando el congreso norteamericano apruebe finalmente el TLC negociado por Alan García ? En definitiva: ¿ Para quienes está gobernando Alan García ? Está claro que no para las mayorías empobrecidas. No para los campesinos. No para los sectores indígenas. No para los marginados. Alan García, su partido el APRA y los sectores minoritarios que le respaldan solo aspiran a mantener la franquicia de representar los intereses del imperio y de las transnacionales que operan en Perú. No es casualidad que al tiempo que miles de peruanos ganaban las calles, el canciller García Belaúnde condecoraba al embajador norteamericano James Curtis con la Orden 'El Sol del Perú' en el grado de Gran Cruz por su 'brillante gestión'. El discurso populista de su primer mandato en los 90 se convirtió en una sumisa relación con el gobierno norteamericano. Alan García es el responsable del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, que más que un convenio es una fórmula para remachar el cerrojo de la dependencia. El TLC es en realidad la continuidad del modelo neoliberal, reglamentándolo de la forma más favorable para los intereses norteamericanos, y obligándose a 'seguridades jurídicas' que perpetúen las ventajas para las transnacionales. Es en la práctica, la consolidación de la liquidación del patrimonio nacional y de la soberanía peruana sobre sus recursos naturales iniciada por el delincuente Alberto Fujimori, convertido en 'japonés por conveniencia' a la hora de huir para evitar los procesos judiciales por asesinatos, corrupción y apropiación de fondos estatales. Fujimori, depredador contemporáneo de Carlos Menem en Argentina, hizo la misma gestión devastadora abriendo las puertas a la neocolonización y también logró embaucar a una parte importante de su población. Esas experiencias determinan que cuando todavía no ha cumplido un año de gestión, gran parte de los peruanos comiencen a 'pasar factura' al gobierno de Alan García. Y a pesar de la dispersión y fragmentación de las organizaciones sociales y los grupos políticos de oposición, esta semana transcurrida ha sido un 'primer aviso' para el gobierno. No es difícil predecir que el gobierno no cambiará su rumbo. Por el contrario, es posible que tal como insinuó ante las protestas de esta semana recurra a la represión y a otras medidas autoritarias como la de su decreto movilizando al ejército para el 'mantenimiento del orden'. Lo anticipó su primer ministro, Jorge del Castillo cuando lanzó su amenaza 'guerra avisada no mata gente.'

Lo que viene

El próximo 28 de julio, con motivo de la celebración de la fecha patria peruana, Alan García hará un balance de su primer año de gestión. Seguramente insistirá en las frases relativas al 'progreso' y al 'avance de la economía peruana'.

No reconocerá como legítimas las protestas populares, de las que seguirá culpando a Chávez o a los 'pequeños grupos radicales'. Tampoco mencionará ese dato que la prensa habitual ignoró o condenó a un mínimo espacio en páginas interiores: en las últimas semanas 62 niños murieron de frío y millares fueron afectados por neumonías, todas circunstancias previsibles que pudieron haber evitado esas muertes y esas enfermedades. Solamente en Puno hubo 19 pequeños muertos por el frío y más de 600 casos de neumonía. No es un dato aislado. Es uno de los parámetros que define el desinterés y las carencias presupuestarias del gobierno peruano con las políticas sociales.

Es de esperar que la sociedad peruana responda a la soberbia de Alan García con avances en la unidad tras objetivos comunes, como los que levantan las centrales obreras y campesinas con el apoyo de gran parte del pueblo peruano:

La no ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que lesiona la soberanía nacional.

El cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la lucha contra la impunidad.

La revisión de los contratos de privatización que otorgaron privilegios impositivos y en el pago de regalías a las empresas mineras.

La renegociación de los contratos sobre explotación de recursos naturales que otorgaron garantías abusivas.

Atención plena y digna de la salud y la educación.

Política de integración soberana y autónoma en el área regional y continental.

Y otros puntos que hacen a la construcción de un país diferente donde prevalezcan los intereses generales; inclusivo, con el reconocimiento de todos los sectores sociales. Un país que defienda y preserve sus recursos naturales, y donde la justicia no sea un instrumento en favor de las minorías gobernantes sino una herramienta que garantice la igualdad ante la ley.