Embajadora colombiana reconoce censura

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La Embajadora de Colombia en España reconoce haber silenciado los medios de información electrónica mientras se ejecutaba masacre y desapariciones en el Palacio de Justicia en 1985

SANIN, ex ministra de comunicaciones en noviembre de 1985, durante el gobierno del Conservador Belisario Betancur, aceptó ayer en la Casa de América en Madrid que ordenó a la radio colombiana el cese de la repetición de la voz del entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandia, en la que clamaba el “cese al fuego” al primer mandatario.

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Desde el medio día del 6 de noviembre de 1.985 un comando de cerca de 30 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia con la finalidad de iniciar un juicio público y político al gobierno por su responsabilidad en el rompimiento del proceso de paz en curso. Hacia mediados de la tarde, la radio Todelar logró entrevistar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandia, quién requirió a Betancur el cese al fuego y el cese de las operaciones armadas de las Fuerzas Militares para iniciar un diálogo con el grupo guerrillero. La permanente repetición de ese clamor de Reyes Echandia por la radio, con el que se logró conmocionar al país llevó al gobierno a través de SANIN a ordenar la censura.

Organizaciones españolas de derechos humanos presentes en Casa de América, han señalado la gravedad del reconocimiento hecho público por Sanin en la que acepta ser la responsable de la censura y el amordazamiento mediático. Juristas españoles y colombianos, han indicado que este reconocimiento debe suponer una inmediata reapertura de la investigación penal y la censura a la representante de Colombia en España, pues en el Palacio de Justicia se consumaron crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de 11 trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia. “ La justicia colombiana debería obrar y la embajadora debería ser declarada persona no grata en España y dejar su cargo”, expresó una de las organizaciones de derechos humanos allí presentes.

La justicia deberá establecer por qué se modificaron las escenas del crimen, las torturas cometidas y la sepultura en fosas comunes, por que se quemaron archivos en los que se investigaba a militares por violaciones de derechos humanos; por qué embargaron, ocultaron y destruyeron vídeos y demás pruebas documentales.

Recientemente una de las pruebas de video fue hallada en poder de uno de los militares responsables de los crímenes, el entonces coronel Alfonso Plazas Vega, actualmente investigado.

Como se recordará, en ese vídeo escondido durante más de dos décadas, se prueba la salida con vida y escoltado por militares, de Carlos Rodríguez, administrador de la Cafetería del Palacio, uno de los detenidos desaparecidos, padre de Alejandra Rodríguez, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, quien se encontraba en el recinto. Alejandra preguntó a la Embajadora por su responsabilidad penal y política.

La Embajadorajustificó su decisión con la insólita tesis de que una supuesta toma de Bogotá por comandos del entonces grupo guerrillero M-19, se podría realizar “repartiendo leche” entre los pobladores.

Ante las preguntas del público en Casa de América y varias evasivas Sanin decidió abandonar recinto.

Decenas de asistentes realizaron una censura pública o escrache , exigiéndole respuestas y responsabilidades, con carteles con la palabra Sin Olvido, fotografías de víctimas y escritos alusivos a la “ Democracia genocida ” y al derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación por crímenes de Estado. El personal de seguridad de la Embajada intimidó a los manifestantes, tomó fotografías de cada uno, ante lo cual los diferentes manifestantes que protestaron hicieron público su temor y aviso, advirtiendo que si algo les ocurre, será responsabilidad directa de la Embajada colombiana en España.

Por el caso de Palacio de Justicia varios militares se encuentran encarcelados, algunos oficiales como Plazas Vega vinculado. Sin embargo, el expresidente Betancur quién asumió públicamente la responsabilidad de los hechos disfruta de plena libertad, y algunos militares como el General se encuentra en servicio diplomático en Chile. Plazas Vega, quién continúa en libertad ha ocupado cargos de importancia en el gobierno de Uribe.

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