Marchan hasta Congreso de Paraguay en rechazo a Ley Antiterrorista

Telesur
26/07/2007

En Paraguay el repudio por la propuesta de Ley Antiterrorista se hizo sentir nuevamente este jueves cuando organizaciones sociales marcharon para exigirle ante la cámara alta del Congreso la no aprobación de la normativa a la que calificaron de “no democrática”.
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Grupos de derechos humanos y movimientos sociales de Paraguay, marcharon este jueves hasta el Congreso de ese país suramericano, para pedir a los senadores la no aprobación de la Ley Antiterrorista que de ser implementada, habilitaría la condena de hasta 40 años de cárcel, a personas que participen en movilizaciones públicas.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresó que la propuesta contempla una definición imprecisa de la figura de "terrorismo", que permitiría que jueces incluyan en la misma a conductas como marchas de protesta.
Junto a la Codehupy, la organización Por un País para la Mayoría y Alianza Patriótica Socialista condenaron también las reformas aprobadas al Código Penal, porque las consideran contrarias a los principios de un país democrático.
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó la llamada "Ley Antiterrorista" el pasado 3 de mayo y se espera que el Senado otorgué sanción definitiva el próximo 9 de agosto.

Oscar López, presidente de Delegados del Movimiento Pojoaju, señaló que las modificaciones a esta legislatura afecta seriamente a la ciudadanía y a su juicio, lejos de resolver el problema de la inseguridad, generará un sistema de violencia, ya que "reprime derechos fundamentales de los ciudadanos".

Agregó que esta ley deja en manos de los jueces el definir si una manifestación o reclamo popular, es un acto terrorista, lo que permite a las autoridades tener "una posición efectista que no implica la solución de la inseguridad".

Marcela Zub Cantero, abogada de Codehupy, indicó que la "Ley Antiterrorista" viola tratados internacionales ratificados por Paraguay.

Aseguró que contradice el estatuto de Roma que considera a las cárceles como centros de rehabilitación de los infractores de la ley y no como establecimientos donde se deban purgar penas máximas que imposibiliten la reinserción social de los reclusos como lo pretende la llamada Ley Antiterrorista.

La profesional del derecho también destacó que la Ley Antiterrorista permite que las penas alcancen hasta 40 años de cárcel a las personas que participen en manifestaciones públicas, mientras que la pena para funcionarios que roban al Estado fue disminuida de 10 años a cinco años de prisión.

Las organizaciones sociales critican además que la referida reforma protege aún más a los legisladores que incurran en hechos delictivos ya que no prevé sanciones por violación a las leyes cometidas por personas legítimamente electas por el pueblo.

Fuentes: rf/ga/rv/Adital/NP