El significado de una votación

Antonio Peredo Leigue
Rebelión
15/12/09

El presidente Evo Morales fue reelecto, el domingo 6 de diciembre, con mucho más del 60%. Con ligereza, puede decirse que fue un golpe rotundo para una oposición incapaz de formular una estrategia contra el gobierno. Por supuesto, hay mucho más que eso; así deben reconocerlo los analistas que fustigaron la candidatura del gobernante. Más que eso, es el mensaje que el pueblo boliviano dio a través de su voto.

...Siga leyendo, haciendo click en el título...


Partamos del hecho incuestionable de una votación en la que participó alrededor de 5 millones de electores; esta cifra es muy superior a la registrada en la última consulta popular, el referendo aprobatorio de la Constitución en enero pasado. La abstención fue inferior al 10%, frente al 18% habido en enero. Consideremos, además, que las electoras y los electores, en los últimos cuatro años, participaron en 5 consultas: elecciones generales en diciembre de 2005, elección de constituyentes y referendo autonómico en junio de 2006, referendo revocatorio en agosto de 2008, referendo ratificatorio de la Constitución en enero de 2009 y nuevas elecciones generales en diciembre de 2009. No tomamos en cuenta, porque no fueron legales, los referendos que realizaron los prefectos de 4 departamentos, para aprobar sus estatutos autonómicos. Resumiendo: un electorado, que ha sido consultado con frecuencia en este último tiempo, ha respondido con una asistencia cada vez mayor y consolidando ampliamente su decisión en cada consulta. Falta una elección más, en abril de 2010, para prefectos, alcaldes, consejeros departamentales y concejales municipales.

Hechas las precisiones numéricas, hay que ampliar la perspectiva. El mandato del pueblo es clarísimo, en sentido de terminar con las confrontaciones y tomar rumbo en la construcción de un nuevo país. No se trata de aprobar una ley más o menos orientada en tal o cual sentido. Eso supondría, solamente, mantener la vieja estructura para que nada cambie. Ya han surgido voces en ese sentido, reclamando el respeto a las y los ciudadanos que votaron en contra del proceso. La demanda es exactamente al revés: esa minoría debe aprender a respetar la decisión de la mayoría; bajo esa premisa, se respetará su derecho de minoría. Que la construcción de un nuevo país incluyente de todos, reduzca los privilegios de una minoría acostumbrada a servirse del trabajo de sus pares, a título de que son dueños del capital, es un principio que todos deben reconocer, porque está reconocido en la ley superior.

Saneada la economía nacional, como se ha hecho en los pasados cuatro años, corresponde ahora lograr que la riqueza llegue a todos de modo tal que otorgue una vida digna a cada familia habitante de nuestro país. Para esto, se requiere una transformación de los órganos del Estado. Un legislativo que trabaje cotidianamente atendiendo las múltiples demandas de la población, pero haciendo que su trabajo continuo sea productivo y no burocrático. Un ejecutivo cuyos funcionarios, desde la cabeza hasta el de menor responsabilidad, tomen conciencia de que trabajan para el pueblo y no se sirvan de éste. Una judicatura que haga efectivo el principio de que la justicia es gratuita y no sea un instrumento para el enriquecimiento de los letrados. El órgano electoral debe profundizar el camino de transparencia y participación plena.

Las voces disidentes se escucharán en todo momento. Y está bien. Es bueno que haya personas, dentro y fuera del proceso de cambio, que alerten sobre los errores, transgresiones y faltas que se cometan. Pero debemos aprender que nuestra percepción, muchas cegada por el color del lente con que miramos, no es la verdad absoluta.

Son muchas las lecciones que salen de los resultados electorales. La mejor es la ratificación del proceso de cambio tiene un amplísimo respaldo. La peor, a la que algunos están tentados a colgarse, es que queda una oposición que no está dispuesta a aceptar la voz de la mayoría. El pueblo marcha en la línea de este proceso de cambio que tantas luchas le costó desde la misma proclamación de la independencia en 1825.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.