Fiscalia colombiana detiene a seis militares por matanza en comunidad protegida

Telesur
15/04/08

Un fiscal colombiano ordenó la detención sin fianza de seis militares investigados por una matanza en la comunidad protegida de San José de Apartadó, noroeste del país, cometida en 2005, informaron este martes fuentes de la Fiscalía General.

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Los uniformados fueron considerados como presuntos coautores de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo.

La decisión judicial de un fiscal de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario (DIH) afecta al teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, al subteniente Jorge Humberto Milanés Vega y a los suboficiales Henry Audelo Cuasmayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia, Ángel Padilla Petro, y Sabaraín Cruz Reina.

Los seis uniformados eran miembros del batallón Vélez que efectuó el operativo antisubversivo "Fénix" en febrero de 2005.

El fiscal instructor en la misma providencia se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a otros siete militares implicados en la misma matanza, añadieron las fuentes.

El 21 de febrero de 2005 fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia y los niños Natalia y Santiago Bolívar Muñoz, Alejandro Pérez Castaño y Sandra Milena Muñoz Posso, en la zona rural La Resbalosa, del municipio de Tierralta (departamento de Córdoba), y cuyos cuerpos fueron hallados en dos fosas.

Asimismo, en la vereda Mulatos Alto de la localidad de San José de Apartadó (departamento de Antioquia), fueron cometidos los homicidios de Luis Eduardo Guerra, Beyanira Areiza Guzmán y el menor Deyner Andrés Guerra Tuberquia.

En el proceso la Fiscalía había acusado en noviembre de 2007 al capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, encargado de la Compañía Bolívar, del batallón Vélez, que pertenece a la XVII Brigada del Ejército colombiano.

Ese oficial está acusado de ser presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo.

Desde 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió la responsabilidad del Estado colombiano para implementar todas las medidas necesarias para proteger, individualmente y en conjunto, a los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó.

La Corte Constitucional colombiana también exigió al Estado la protección de los habitantes de esa pequeña localidad, que se declaró comunidad de paz desde el 23 de diciembre de 1997 ante "la gravedad de la actual crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por la que atraviesa el Corregimiento de San José de Apartadó", derivado del conflicto armado interno.