Bush recurre al secreto de Estado

El Gobierno planea usar ese privilegio para no dar información obtenida mediante espionaje bancario en la guerra contra el terror
EL PAIS
ERIC LICHTBLAU (NYT) - Washington - 01/09/2007

La Administración de Bush planea hacer uso una vez más de una de sus herramientas legales favoritas: el privilegio del secreto de Estado. Con ese intrumento, el Gobierno estadounidense trata de eliminar una demanda impuesta contra el consorcio financiero Swift, una empresa belga que maneja transferencias bancarias multimillonarias alrededor del mundo y que entregó secretamente miles de datos financieros privados al Gobierno de Estados Unidos como parte de la guerra contra el terrorismo.

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La demanda contra Swift podría trastocar las operaciones de un programa de seguridad que Washington considera como de vital importancia y podría obligar a la revelación de información "fuertemente clasificada" si la justicia permite que la demanda proceda, afirma el Departamento de Justicia estadounidense en archivos legales recientes que dan cuenta del creciente interés en que la demanda sea eliminada. Una corte federal de Alejandría, en el Estado de Virginia, tenía previsto ayer celebrar una audiencia sobre el caso.

El privilegio del secreto de Estado, que permite al Gobierno bloquear procesos judiciales cuando sean relativos a la seguridad nacional, era una herramienta poco utilizada por otras administraciones, pero el presidente George W. Bush ha echado mano de él docenas de veces para poner fin a controversias públicas relacionadas con la guerra contra el terrorismo, que van desde supuestas filtraciones de información en el FBI hasta el rapto de un alemán sospechoso de terrorismo. La Administración ha intentado usar dicho privilegio 39 veces en los últimos seis años, comparado con las 59 veces a las que se ha intentado recurrir 24 años previos al inicio del Gobierno de Bush, asegura un informe de la organización OpentheGovernment.org.

"Parece claro que en los últimos años, los jueces pocas veces cuestionan el uso del secreto de Estado. Ha sido una bomba de neutrones que no permite que las demandas prosperen", afirma Tom Blanton, director del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington. En uno de los casos más significativos sobre el uso del secreto de Estado, el Gobierno estadounidense intentó recurrir a él para acallar numerosas demandas sobre el programa de espionaje telefónico que emprendió la Agencia Nacional de Seguridad, como parte del combate al terrorismo, pero un juez de California se negó a aceptarlo. El asunto está ahora pendiente de una apelación en el tribunal, donde en audiencias sostenidas hace 15 días, los jueces se mostraron escépticos a aceptar el secreto de Estado.

El uso de dicho privilegio requiere las certificaciones del director de Espionaje Nacional y del fiscal general sobre el daño potencial del asunto para la seguridad nacional. Si la Administración de Bush logra imponer la petición de marcar como secreto de estado la demanda contra Swift, el caso podría convertirse en uno de los más significativos.

La empresa belga está considerada como centro neurálgico de la industria bancaria global, pues mueve miles de millones de dólares entre bancos, agentes bursátiles y otras instituciones financieras en todo el mundo. La alianza de Swift con el Gobierno de EE UU, revelada por los medios en junio de 2006, permitió a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en sus siglas en inglés) acceder a los archivos de millones de transacciones bancarias internacionales con la intención de seguir grandes cantidades de dinero que, según las agencias de seguridad, podría estar destinado a financiar al terrorismo. En respuesta a una serie de citaciones judiciales emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Swift se vio obligada a mostrar gran parte de sus bases de datos.

Miembros de la Administración de Bush han defendido el programa de espionaje bancario como una importante herramienta en la guerra contra el terrorismo, pero reguladores europeos y abogados califican al programa como "incorrecto" y "posiblemente ilegal".

La presión forzó a Swift y a EE UU a someterse a varias restricciones sobre el uso de los datos suministrados. Por ejemplo, el Gobierno se comprometió a destruir los datos a los que tiene acceso pasados cinco años, mientras la Comisión Federal de Comercio debe vigilar que dicha información se utilice únicamente para investigaciones antiterroristas concretas.

Dos bancos estadounidenses, clientes de Swift, acusaron a la compañía de invasión en la privacidad. Numerosos analistas jurídicos y financieros esperaban que la demanda fuera desechada debido a que las leyes sobre privacidad de la información bancaria son mucho más laxas en comparación con las europeas, pero para la sorpresa de muchos un juez se rehusó a desecharlas el pasado junio.