La Jornada
9/06/2009
Más de 30 personas muertas, entre policías e indígenas, un centenar de heridos y unos 80 detenidos es la cuenta parcial de víctimas de los enfrentamientos entre fuerzas estatales de Perú y nativos amazónicos que reclaman la derogación de normas contrarias a sus derechos constitucionales.
Las organizaciones indígenas denunciaron que la fuerza pública estaba escondiendo los cuerpos de sus muertos.
"Nos hemos matado los dos, entre peruanos", dijo en tono de lamento el domingo por la noche el indígena Shapion Noningo, nuevo portavoz de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que encabeza las protestas de casi dos meses, centradas en bloqueo de carreteras, ríos e instalaciones petroleras.
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Horas antes, el presidente Alan García había afirmado que existía "una conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales", en referencia al contundente rechazo indígena a 10 decretos legislativos promulgados por su gobierno para promover la inversión privada en territorios aborígenes y que son considerados inconstitucionales.
El Poder Ejecutivo, que promulgó esas normas utilizando las facultades que le había otorgado el Congreso legislativo para implementar del tratado de libre comercio con Estados Unidos, no quiso dar marcha atrás.
Parlamentarios del partido gobernante levantaron el jueves 4 un debate en el Congreso sobre una de esas normas, el decreto legislativo 1.090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, provocando iras en la Amazonia.
El viernes, la protesta se desbordó en la provincia de Bagua, parte del norteño departamento de Amazonas y, según reportes de prensa, policías que custodiaban la estación 6 del Oleoducto Norperuano fueron capturados y degollados.
Los indígenas replicaron que las fuerzas policiales provocaron el ataque y que las autoridades no informan sobre decenas de nativos muertos. Desde entonces rige en la zona el toque de queda.
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, informó la noche del domingo de al menos 24 policías, y unos 10 civiles muertos, entre indígenas y no indígenas. También reportó 89 nativos heridos y otros 79 detenidos. Pero las cifras de heridos han crecido en las últimas horas.
"¿A quién le conviene que Perú no utilice su gas, a quién le conviene que el Perú no encuentre más petróleo, a quién le conviene que el Perú no pueda explotar más y mejor sus minerales? Sabemos a quiénes les conviene. Lo importante es establecer los nexos en estas redes internacionales que ahora han surgido para fomentar el desorden", acusó García.
El presidente responsabilizó del conflicto a "competidores internacionales", pero no dio nombres. Dos países vecinos son importantes productores de gas y petróleo, Venezuela y Bolivia, y sus gobiernos son acérrimos críticos de políticas económicas liberales como las que implementa Lima.
"No cederemos ni a la violencia ni al chantaje", insistió el jefe de Estado, para quien Perú "está sufriendo una agresión subversiva" alimentada por opositores que se "han puesto del lado del salvajismo extremo", según sostuvo en un comunicado el sábado.
Las regiones de Amazonas, San Martín y Loreto, en el extremo norte y noreste del país, son las más afectadas por los cortes de carreteras y de ríos, pues allí se encuentran importantes explotaciones de hidrocarburos.
En Loreto, los nativos habrían intentado ocupar yacimientos de la empresa trasnacional argentina Pluspetrol. La compañía indicó que, para evitar enfrentamientos, sólo suspendió las actividades del Lote 1AB.
Mientras, las asociaciones empresariales estiman que las protestas han dejado pérdidas por más de 186 millones de dólares.
El gobierno divulga una cuña televisiva con fuertes imágenes de los policías muertos, acompañadas de mensajes como "Así actúa el extremismo contra el Perú", "los extremistas por consigna internacional quieren detener al Perú", "unámonos contra el crimen, que la patria no pierda lo avanzado".
Los dirigentes indígenas aseguran que el gobierno manipula la información e intenta responsabilizarlos de hechos que pudieron evitarse si el Congreso hubiese derogado los decretos que originaron la primera movilización indígena, en agosto de 2008, y encendieron nuevamente las iras en abril de este año.
"El gobierno está minimizando el número de muertos indígenas y de desaparecidos. Además, nos insultan, nos tratan como vándalos, cuando lo único que hacemos es defendernos y preservar nuestros territorios, patrimonio de toda la humanidad", dijo a IPS Walter Kategari, miembro del consejo directivo nacional de Aidesep.
Kategari forma parte de la nueva dirección de la Aidesep, conformada de emergencia, pues su líder principal, Alberto Pizango, pasó a la clandestinidad ante la posibilidad de sea perseguido por las autoridades nacionales.
La dirigencia indígena exige como primer punto que se levante el toque de queda en Bagua, que impide la libre circulación de los pobladores entre las 15:00 y las 06:00, hora local, y que, según Kategari, es utilizado para esconder los cadáveres de los indígenas caídos.
"Nuestros hermanos de Bagua dicen que los policías están levantando los cuerpos, los ponen en una bolsa negra y luego los lanzan al río desde un helicóptero. El gobierno no puede desaparecer a nuestros muertos", dijo Kategari a IPS.
Hay mucha incertidumbre y temor en la selva, agregó. "La gente llama por teléfono desesperada". El dirigente está preparando una lista de víctimas basada en los alertas y denuncias que recibe, para contrarrestar la información oficial, según dijo.
El portavoz de la organización no gubernamental internacional Amazon Watch, Gregor MacLennan, sostuvo que "muchos testigos en Bagua aseguran haber visto a la policía arrojando cuerpos al río Marañón desde un helicóptero" en aparente intento de ocultar la verdadera cantidad de "indígenas asesinados por la policía".
"Personal de hospitales de Bagua Chica y Bagua Grande corroboró que la policía se llevó cadáveres a un lugar no revelado", añadió.
Decretos inconstitucionales
El portavoz de la Aidesep, Noningo, insistió en que "el sistema político ha propiciado este enfrentamiento", pues en diciembre del año pasado una comisión multipartidaria del Poder Legislativo recomendó derogar los decretos.
La Comisión de Constitución también sostuvo que el decreto legislativo 1.090 —que según los críticos pone en peligro los bosques primarios habitados por los nativos— era inconstitucional.
El jueves, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, alegando que vulnera los derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa da las comunidades nativas, establecidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El decreto proclama que busca "crear condiciones necesarias para la inversión privada en el sector agrario", pero en realidad afecta el régimen jurídico de las tierras indígenas, según la Defensoría.
Pero el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, sostuvo que los parlamentarios no cederán al "chantaje" indígena.
"Se dice que los indígenas son maximalistas por pedir que se cumpla la Constitución, pero es el gobierno que se puso al margen de la ley al no querer derogar estos decretos", dijo a IPS el sociólogo Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En su opinión, el discurso de las autoridades es similar al de "la oligarquía, presentando al indígena como un salvaje y encasillándolo en dos estereotipos: el salvaje manipulado, que no puede argumentar jurídicamente nada porque no puede pensar, y el otro salvaje, sanguinario, irracional, que es una amenaza para el país".
"Con este discurso, el gobierno alimenta un viejo prejuicio racista interiorizado en la sociedad peruana: el del nativo incivilizado..., inferior. Y así no hay democracia posible", agregó Manrique.
El sociólogo sostuvo que los decretos cuestionados forman parte del proyecto político de García, sustentado en promover la inversión de capitales extranjeros.
Manrique coincidió con el reclamo indígena de conformar una comisión investigadora independiente sobre los hechos de Bagua, pues resulta poco creíble que las fuerzas policiales, armadas con fusiles de asalto AKM, hayan resultado presa fácil de nativos provistos de flechas y armas artesanales.
El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos, Wilfredo Ardito, dijo a IPS que las organizaciones internacionales deben intervenir porque "hay un clima de desconfianza total y temor a que se oculten las evidencias de la masacre".
Ardito aseguró desde que comenzó el actual gobierno de García, en julio de 2006, se registraron denuncias de 84 muertes en protestas y ejecuciones extrajudiciales. "Este es un régimen que vulnera derechos humanos y que no está haciendo nada para revertir su error", advirtió el jurista.
