Presenta la ONU informe que vincula paramilitares con políticos colombianos

Aporrea
03/06/10

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde se da curso a las pruebas que vinculan a organizaciones paramilitares con políticos en Colombia.

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El informe fue presentado por la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque, quien explicó a través del texto que durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales.

“En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso”, afirmó la funcionaria.

Al respecto, explicó que en la nación presidida por Álvaro Uribe, se han llevado a cabo procesamientos judiciales en contra de 93 parlamentarios colombianos y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, así como también, se han incorporado algunos sumarios (primera de las fases del proceso penal ordinario, por delitos graves) contra 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 concejales.

La funcionaria de la ONU informó que estos resultados son producto de la investigación sobre “la llamada parapolítica, relativos a posibles conexiones de jefes de organizaciones paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno”.

La encargada de independencia de jueces y abogados, señaló además que aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes y destacó que aún no se ha producido ninguna sentencia firme contra los miles de paramilitares desmovilizados por la ley de Justicia a Paz.

Finalmente, Albuquerque informó también que los agentes del servicio secreto colombiano DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), mantenían acciones de persecución contra periodistas, políticos, magistrados y jueces, y precisó que esas actividades configuran “un ataque a la Rama Judicial”, a los abogados y defensores de derechos humanos.