Gobierno boliviano advierte que estatuto autonómico busca mantener dominio de tierra

Telesur
26/12/07

El Gobierno del presidente Evo Morales mantiene su postura abierta al diálogo, pero asegura que si la oligarquía de ese país insiste en dividir, hará cumplir las leyes en pro de asegurar una distribución equitativa de los recursos entre indígenas, campesinos y los más desposeídos.

Ante las pretensiones de grupos opositores y oligarcas de Bolivia de desconocer la nueva Carta Magna redactada por la Asamblea Constituyente y promulgar un estatuto autonómico, el Gobierno de Evo Morales advirtió que esos sectores buscan mantener su dominio sobre la tierra y los recursos que pertenecen a todos los bolivianos.

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Así lo aseguró el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en referencia al estatuto autonómico que redactaron sectores oligarcas de Santa Cruz y las demás provincias agrupadas en la llamada Media Luna (Pando, Beni y Tarija).

Almaraz consideró como un "levantamiento terrateniente, retrógrado y conservador contra la democracia", las intenciones de esas regiones de impulsar autonomías de facto.

El ministro boliviano recordó que hace algunos meses esos grupos del oriente del país, plantearon su pretensión de que los gobiernos departamentales administren y tomen decisiones sobre la tierra, extremo que actualmente fue confirmado.

Dirigentes de Santa Cruz, nombrados sin el consentimiento del pueblo, aprobaron durante 36 horas de trabajo, un estatuto autonómico alejado de toda legalidad, que según las propias autoridades de Gobierno, sólo apuntan a una división del país.

El Gobierno del presidente Evo Morales ha llamado al diálogo a los sectores que lo adversan, y ha asegurado que no permitirá la división de Bolivia como tampoco privilegiará a grupos minoritarios en detrimento del beneficio de todos los ciudadanos de ese país.

En este sentido, Almaraz señaló que la intención del Gobierno de mantener el dominio sobre propiedades ilegalmente obtenidas, hace que los grupos opositores cruceños rechacen el nuevo texto de la Constitución Política del Estado (CPE), que por el contrario, define una distribución del recurso de manera justa y equitativa.

El viceministro de Tierras instó a los sectores opositores a esperar la realización del referendo dirimitorio del artículo de la tenencia de la tierra y el revocatorio, para expresar su posición, aunque aclaró que sus posturas no conseguirán detener la revolución agraria.

Como resultado de planes inmersos en la revolución agraria, hasta junio de 2007, unos cinco millones y medio de hectáreas de tierra fueron saneadas y se espera llegar a los 8 millones para fin de año, en un proceso donde los principales beneficiarios han sido campesinos e indígenas.

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