Suprema chilena cursa extradición de Fujimori por dos delitos de violaciones a los DDHH y cinco de corrupción
Radio Cooperativa / 21-09-2007
La Corte Suprema aprobó la solicitud de Perú de manera unánime en los dos casos de violaciones a los derechos humanos, además de otros cinco delitos de corrupción imputados al ex presidente.
En votación dividida, la Sala Penal de la Corte Suprema aprobó la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori por cinco casos de corrupción, pero en forma unánime respecto a los dos procesos por violaciones a los derechos humanos, denominados La Cantuta y Barrios Altos, contra el político de origen japonés.
"Los casos que les importan, que son Barrios Altos y La Cantuta fueron aceptados unánimemente", explicó el ministro Alberto Chaigneau.
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No obstante, la Sala Penal de la Suprema rechazó extraditar a Fujimori Fujimori por otros cinco casos de corrupción que se le imputan.
Asimismo, el juez Chaigneau volvió a rechazar supuestas presiones sobre la extradición del ex mandatario.
"Es cuestión de conocernos a nosotros para darse cuenta que no nos van a presionar", agregó el juez, quien señaló que alcanzar la resolución "fue mucho más fácil de lo que pensaba".
Consultado por si Fujimori debe salir prontamente del país, Chaigneau señaló que "el Poder Judicial termina (su tarea) con la notificación del fallo a los abogados, al extraditado, al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos y el Poder Ejecutivo hagan lo que sea necesario".
La resolución revocó el fallo de primera instancia, dictado el pasado 11 de julio por el juez Orlando Álvarez, que había rechazado el pedido de extradición en sus 13 tomos.
El fallo, que consta de 25 mil páginas, debe ser enviado al propio ministro Alvarez, quien deberá dictar el cúmplase de la condena y la consiguiente salida de Fujimori del país.
Las imputaciones por las que Fujimori vuelve a Perú
El ex mandatario fue extraditado por dos delitos de derechos humanos y cinco de corrupción, mientras que otras siete causas fueron desechadas por la Corte Suprema.
Un total de 13 causas penales son las que Perú formalizó ante el Gobierno de Chile para conseguir la extradición del prófugo ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, detenido en el país desde el 7 de noviembre de 2005.
A continuación se detallan los procesos validados por la Justicia de Perú, así como los que la Corte Suprema determinó como aptos para dar curso a la extradición del ex mandatario.
Las causas por las que será extraditado
Casos de Barrios Altos y La Cantuta
Delito de homicidio calificado y lesiones graves: Pena no menor a 15 años de cárcel.
El grupo paramilitar Colina, a raíz de una presunta orden presidencial, perpetró en 1991 y 1992 dos matanzas de gran repercusión en Lima, la primera contra 15 personas que participaban de una fiesta, y la segunda contra nueve estudiantes y un profesor de una conocida universidad.
Congresistas tránsfugas
Delito de asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios: Pena no menor de cinco años.
Varios videos grabados por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos confirmaron el pago hecho a legisladores de oposición, para que se integraran al oficialismo, tras la segunda reelección de Fujimori, el año 2000.
Indemnización de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos
Delito de peculado, atentado contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir: Pena de hasta ocho años.
Descubierto el escándalo de corrupción en 2000, Fujimori indemnizó a su asesor por sus 10 años de trabajo en el Gobierno.
Allanamiento de la casa de Montesinos
Delito de encubrimiento real, usurpación de funciones y abuso de autoridad: Pena no menor de ocho años.
Fujimori ordenó el allanamiento ilegal de la casa del ex asesor para incautar videos y documentos incriminatorios.
Espionaje telefónico
Delito de violación del secreto de las comunicaciones, peculado y asociación ilícita para delinquir: Pena de hasta cinco años.
Decenas de políticos, empresarios, periodistas y funcionarios fueron blanco de espionaje telefónico ordenado desde el entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SNI), dirigido por Montesinos.
Medios de comunicación
Delito contra la administración pública, usurpación de funciones y peculado: Pena de hasta 10 años.
El Gobierno de Fujimori fue acusado por la compra de la línea editorial de medios de comunicación. En este cuaderno fueron rechazados los delitos de de asociación ilícita para delinquir y peculado en un proceso de adquisición de maquinaria agrícola a una empresa china sin licitación pública.
Las imputaciones rechazadas
Pago de impuestos de Edgardo Borobio
Delito de peculado, asociación ilícita para delinquir: Pena de hasta ocho años.
El publicista argentino Edgardo Borobio, contratado trabajar en la campaña de reelección de 2000, tenía una millonaria deuda por impuestos que fue pagada por el Gobierno de Fujimori.
Compra de medicinas chinas
Delito de colusión en calidad de participación de cómplice necesario y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado: Pena de hasta 15 años.
Caso por la adquisición irregular de un lote de medicinas de laboratorios chinos, infringiendo la legislación vigente.
Astrólogo Héctor Faisal
Delito de peculado: Pena de hasta ocho años.
El astrólogo argentino fue contratado por Vladimiro Montesinos para difamar a los opositores de Fujimori a través de un sitio en internet y publicaciones populares.
Malversación de fondos
Delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir: Pena de hasta 15 años.
Investigación por la transferencia ilegal de fondos de los Ministerios de Defensa e Interior al ahora desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SNI).
Torturas en sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército
Delito de homicidio calificado y desaparición forzada: Pena no menor a 15 años.
Casos de desapariciones, torturas y asesinatos de agentes de inteligencia, denunciados desde 1997.
Decretos de urgencia
Delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión ilegal, peculado, malversación de fondos, traición a la patria y falsedad genérica: Pena máxima de cadena perpetua.
Alberto Fujimori aprobó una serie de decretos de urgencia para la adquisición de armamento, violando las leyes respectivas.
Proveniente desde Tokio, Fujimori llegó sorpresivamente a Santiago el 6 de noviembre de 2005, y fue detenido al día siguiente tras orden del juez Orlando Alvarez, de manera preventiva ante la presentación de Perú para su extradición.
En enero de 2006, Perú formalizó el pedido por casos de corrupción y derechos humanos contra Fujimori, quien quedó con libertad bajo fianza y prohibición de salir del país en mayo de ese año, tras estar detenido en la Escuela de Gendarmería.
El 7 de junio pasado, la fiscal Mónica Maldonado recomendó al juez Alvarez la extradición del ex mandatario en un informe que recogió gran parte de los cargos planteados por Lima, lo que derivó en su arresto domiciliario, el que cumple hasta ahora en un condominio del exclusivo sector de Chicureo, en Huechuraba.
Alvarez rechazó los cargos de extradición un mes después de la recomendación de la fiscal.
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