El Fiscal General de EEUU, y mano derecha de Bush, también abandona el barco

insurgente.org
27/08/07

El fiscal general del Estado, Alberto Gonzales, ha presentado la dimisión, según fuentes de la Administración citadas por el periódico The New York Times. Gonzales, asesor jurídico de George Bush desde la época en la que era gobernador de Texas, se ha visto envuelto en la polémica destitución de varios fiscales, en el escándalo de las escuchas ilegales y en las acusaciones de tortura en Guantánamo y Abu Ghraib (Iraq).

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Según The New York Times, Gonzales hará pública su dimisión a lo largo del día. El fiscal general, un cargo equivalente al de ministro de Justicia en España, ha trasladado su decisión al presidente Bush por teléfono. Se prevé que el presidente invite a Gonzales y su mujer a comer a su rancho para hacer oficial la dimisión.

En el corazón de la polémica por varios escándalos, Gonzales ha resistido hasta hoy las embestidas de los demócratas por la polémica destitución de ocho fiscales. Voces críticas del Congreso han denunciado que tenía motivaciones políticas.

Mano derecha jurídica de Bush

Gonzales, de 51 años, inició su colaboración con Bush en la década de los 90 cuando éste era gobernador del Estado de Texas. Durante la primera legislatura de la actual Administración, Gonzales trabajó como abogado de la Casa Blanca. En febrero de 2005, el abogado se convirtió en el primer estadounidense de origen hispano en ocupar la fiscalía general.

De la tortura a las escuchas ilegales

La polémica no ha abandonado al fiscal general durante los dos años de mandato. Junto a la destitución de ocho fiscales, tema que también rodeó la reciente marcha del principal consejero de Bush Karl Rove, Gonzales ha sido señalado por los demócratas y ONG's de derechos humanos como autor del memorándum en favor de la tortura en Irak y Guantánamo.

En enero de 2002, Gonzales llegó a decir que la Convención de Ginebra, que rige las leyes de la guerra y posguerra desde hace 50 años, estaba "obsoleta".

Recientemente, algunos legisladores demócratas acusaron al ya ex fiscal estadounidense de mentir en testimonios bajo juramento ante el Congreso sobre los programas de espionaje dentro de EE UU realizados por la Agencia de Seguridad Nacional.

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